La Federación SETEM, miembro de la Plataforma por Empresas Responsables, nos unimos a más de 360 organizaciones de sociedad civil y sindicatos de más de 50 países para instar al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo a no recortar las ambiciones climáticas y medioambientales ni los compromisos con los Derechos Humanos.
En esta declaración conjunta presentada el 10 de marzo, expresamos nuestra profunda preocupación por la reciente propuesta Ómnibus de la Comisión Europea. La propuesta, presentada tras un proceso apresurado y opaco, afecta a leyes fundamentales para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas empresarial y el acceso a la justicia para víctimas de abusos corporativos. Consideramos que esta iniciativa representa un grave retroceso en la protección ambiental, los Derechos Humanos y los derechos laborales y que favorece una peligrosa desregulación en beneficio de los intereses de las empresas.
Ursula von der Leyen anunció a finales de 2024 la propuesta Ómnibus para simplificar los requisitos de informes y sostenibilidad de las empresas, y se comprometió a mantener íntegramente el espíritu y el «contenido de la ley», afirmando que el objetivo era reducir las obligaciones superpuestas. Sin embargo, la propuesta publicada el 26 de febrero representa un claro alejamiento de esta promesa y, si se implementa, eliminará el propósito central de estas leyes.
Principales impactos de la propuesta Ómnibus
- Debilitamiento de la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD): se eliminan mecanismos clave de responsabilidad empresarial, dificultando el acceso a la justicia y limitando la capacidad de ONGs y sindicatos para representar a las víctimas.
- Reducción de obligaciones climáticas: Ya no se exigirá a las empresas implementar planes de transición climática: bastará con su elaboración teórica sobre papel.
- Recorte en la supervisión: La evaluación de medidas de diligencia debida pasaría de ser anual a realizarse cada cinco años.
- Relajación de sanciones: Se elimina el requisito de sanciones mínimas del 5% del volumen de negocios de las empresas infractoras.
- Reducción de la participación de las partes interesadas: serán solo las «directamente» afectadas, lo que significa que asociaciones de consumidores, instituciones de Derechos Humanos, ONGs….quedan excluidas de dicha definición. Además, la consulta a las partes interesadas «pertinentes» ya no es necesaria para la desvinculación de las operaciones empresariales o la supervisión.
- Retraso de la aplicación de la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD) por dos años. Además, la propuesta excluye al 80% de las empresas de sus obligaciones de transparencia en sostenibilidad, lo que disminuirá significativamente la fiabilidad de los datos sobre impacto ambiental y social.
Llamada a la acción
Instamos al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE a rechazar los cambios que debilitan la CSDDD y la CSRD. En su lugar proponemos la adopción de medidas interpretativas que clarifiquen la aplicación de las leyes sin alterar su esencia.
Europa tiene la responsabilidad de liderar con el ejemplo y demostrar su compromiso con la sostenibilidad y los Derechos Humanos. Seguiremos trabajando para asegurar que estos principios fundamentales no sean socavados.
