Las organizaciones y asociaciones de derechos humanos y universidades firmantes nos dirigimos a las autoridades colombianas y a la opinión pública para manifestar nuestra profunda preocupación por las graves violaciones a las garantías judiciales en el proceso penal que se adelanta contra la lideresa social y defensora de derechos humanos Milena Quiroz Jiménez. Este 22 de marzo de 2025 se cumplen ocho (8) años de persecución judicial contra la labor de defensa de derechos humanos de la líder social afrodescendiente en un proceso penal que se ha caracterizado por las dilaciones injustificadas.
21 de marzo de 2025 – A lo largo de este tiempo, las autoridades judiciales han ignorado las órdenes expresas de las altas Cortes, incluida (i) la sentencia de tutela SU546 del 2023 proferida por la Corte Constitucional, quien exhortó al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena a llevar a cabo la audiencia preparatoria y avanzar en el proceso con la celeridad debida; y (ii) el llamado que la Corte Suprema de Justicia realizó al mismo juzgado en la sentencia del 23 de enero del 2020 para garantizar a Milena Quiroz Jiménez “el respeto de su derecho a la defensa en el juicio que se encuentra a su cargo”. A pesar de estas sentencias, hasta la fecha no se ha registrado ningún avance significativo en el proceso judicial, manteniendo a la defensora en un estado de incertidumbre jurídica, violando su derecho al debido proceso y perpetuando la estigmatización en su contra, además, de afectar su bienestar físico y emocional, así como el de sus familiares.
Las organizaciones de la sociedad civil que hacemos observación internacional independiente del proceso asistimos, mes a mes, a la postergación sistemática de la audiencia por razones tales, como las vacaciones de los fiscales sin previo aviso, la cancelación de la audiencia minutos antes de su celebración sin razón alguna o cambios constantes en los defensores públicos. Algunos de estos hechos evidencian una política deliberada para agotar y desgastar a la defensora de derechos humanos y a su equipo de defensa.
Este proceso penal inició el 22 de marzo de 2017, cuando la lideresa Milena Quiroz Jiménez fue detenida arbitrariamente junto a 12 pobladores del Sur de Bolívar, bajo cargos infundados de rebelión y concierto para delinquir agravado. Dichos cargos se sustentaron en su legítima labor como lideresa social, destacándose por promover la participación comunitaria y la defensa de los derechos humanos en su región. Aunque el 7 de noviembre de 2017 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena revocó la medida de detención domiciliaria al considerar el caso como un posible "falso positivo judicial", el proceso continúa abierto hasta hoy.
La falta de avance en este caso no es un hecho aislado, si no una sola parte de las varias acciones en su contra. El 27 de diciembre de 2019, Milena Quiroz sufrió un atentado cuando se desplazaba por la vía entre Morales (Bolívar) y Aguachica (César), en el vehículo de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sujetos armados dispararon contra el vehículo, poniendo en riesgo su vida e integridad personal. Este ataque evidencia el peligro constante al que están expuestas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Las autoridades deben de ser aliadas de quienes defienden derechos humanos de manera pacífica, y no perpetradoras de la estigmatización y persecución de personas defensoras.
La demora judicial injustificada no solo afecta a Milena Quiroz Jiménez, sino que envía un mensaje preocupante a todas las personas que defienden los derechos humanos en el país. Tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una demora prolongada y carente de justificación razonable constituye una violación de las garantías judiciales y afecta gravemente la vida, la integridad y la seguridad de las personas involucradas.
Instamos al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena a cumplir con las órdenes de las altas Cortes y avanzar de manera inmediata en la audiencia preparatoria. Asimismo, exigimos que se adopten medidas eficaces para garantizar los derechos al debido proceso, la defensa y la protección de la vida e integridad personal de Milena Quiroz Jiménez.
Las organizaciones firmantes reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y alertamos sobre las consecuencias que la impunidad y la persecución judicial tienen para la democracia y el Estado de derecho en Colombia. Continuaremos vigilantes hasta que se garantice justicia y reparación para Milena Quiroz Jiménez y su familia, así como para todas las personas defensoras que enfrentan criminalización por su labor legítima y necesaria.
Exigimos a las autoridades judiciales:
Cesar de inmediato el proceso de criminalización y solicitar al Juez de conocimiento se dicte preclusión a favor de la lideresa Milena Quiroz Jiménez.
Cumplir con la sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional de realizar la audiencia preparatoria sin más dilaciones.
Investigar y sancionar a quienes han obstaculizado el desarrollo normal del proceso judicial.
Garantizar la seguridad, la integridad y el derecho a la defensa de Milena Quiroz Jiménez, conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
La justicia tardía es aliada del daño, del dolor y del sufrimiento humano. Solidaridad con Milena Quiroz Jiménez.
Atentamente,
