- ACOM – Acción y Comunicación sobre Oriente Medio presenta un recurso contra el Real Decreto 188/2025, de 11 de marzo, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, publicado en el BOE núm. 61 del pasado 12 de marzo.
- Desde ACOM denunciamos que este Decreto, presentado el 12 de marzo como un hito de modernización administrativa, se constituye en realidad como una herramienta que facilita la financiación irregular, abriendo la puerta a prácticas ilegítimas, corruptas y contrarias a los valores constitucionales, lo que amenaza con socavar los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir la gestión de los fondos públicos.
La entrada en vigor, el 12 de marzo de 2025, del nuevo Real Decreto de subvenciones en cooperación para el desarrollo sostenible y solidaridad global se ha presentado como un hito de modernización administrativa, destinado a simplificar trámites y armonizar la gestión con la Ley 1/2023. Sin embargo, tras esta apariencia de eficiencia se ocultan cambios que erosionan gravemente los mecanismos de control y transparencia, pilares fundamentales para garantizar el uso responsable de los fondos públicos.
En primer lugar, la posibilidad de desembolsar la totalidad de la ayuda por adelantado, sin exigir garantías suficientes, rompe con la cautela que hasta ahora imponía la Ley General de Subvenciones y el antiguo Real Decreto 441/2007. Aquella regulación supeditaba el anticipo a avales y a un análisis previo riguroso; en cambio, el nuevo decreto elimina las garantías y traslada la fiscalización a un momento posterior, cuando ya ha cambiado el foco político y social, dificultando enormemente la recuperación de fondos mal empleados.
De igual modo, ha desaparecido el cobro automático de intereses de demora, antaño un instrumento disuasorio indispensable frente a la devolución tardía. Su sustitución por un silencio administrativo que concede hasta seis meses de prórroga sin penalización convierte el retraso en una opción impune, abriendo la puerta a que beneficiarios poco solventes retengan recursos públicos con la única obligación de presentar un informe genérico mucho después. Este informe, paternalista y poco detallado, reemplaza la exigencia de facturas, contratos y justificantes pormenorizados, desactivando los controles partida por partida que históricamente han servido para rastrear cada euro.
El refuerzo de la concesión directa para gran parte de las ayudas humanitarias, presentado como elemento de agilidad, añade un componente discrecional que contrasta con el modelo competitivo y transparente que regía la cooperación al desarrollo. La diferenciación de criterios —emergencia frente a desarrollo— no solo multiplica los cauces de asignación, sino que introduce arbitrariedades en la selección de beneficiarios, ampliando el margen para favoritismos y otorgando un exceso de poder decisorio en cada convocatoria.
Este retroceso cobra especial gravedad cuando se considera el contexto internacional y local: España invierte más de 75 millones de euros anuales en zonas de conflicto como Palestina, canalizando recursos a través de la AECID y, en ocasiones, mediante ayuntamientos y comunidades autónomas que subvencionan organizaciones con vínculos directos o indirectos con grupos terroristas o plataformas de propaganda. El caso de Rivas-Vaciamadrid, donde entidades amparadas por el consistorio han servido de altavoz a la Autoridad Palestina sin un control efectivo, ilustra a la perfección cuánto daño puede causar la confluencia entre falta de trazabilidad y opacidad.
Por último, la relajación de los plazos para sancionar y reintegrar fondos, extendiendo los tiempos bajo el paraguas de «contextos de crisis», convierte las sanciones en meras recomendaciones y alarga indefinidamente la exigencia de responsabilidad. Así, un decreto nacido para acelerar la ayuda podría terminar facilitando la financiación irregular, la malversación y, en última instancia, el socavamiento del prestigio y la credibilidad internacional de nuestra cooperación.
Desde ACOM exigimos al Gobierno español que rectifique estas disposiciones: restaurar los avales y garantías previas, reinstaurar los intereses de demora, exigir soportes contables detallados y reforzar la concurrencia competitiva.
Frente al alarmante deterioro democrático y constitucional y una crisis institucional sin precedentes que atraviesa España, hacemos un llamamiento a todas las asociaciones, colectivos, foros, fundaciones y personalidades del ámbito cívico que, como ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), denuncian un modelo de poder ajeno a los intereses reales de los ciudadanos españoles y luchan por la defensa de la ley y las libertades fundamentales.
