Actualidad política y regulatoria en España – Political Intelligence – chp

Principales hitos políticos

• Crisis en el PSOE y futuro político incierto del Gobierno por un escándalo de corrupción que afecta al círculo de confianza del presidente Pedro Sánchez.
  • El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, enfrenta la mayor crisis desde su llegada al poder en 2018, tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en junio que vincula al hasta ahora secretario de Organización de su partido, Santos Cerdán, con una presunta trama de comisiones ilegales en contratos públicos, en la que también figuran desde hace tiempo el anterior secretario de Organización y exministro, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García. Cerdán, considerado uno de los colaboradores más cercanos al presidente, ya ha dimitido de su cargo y renunciado a su escaño en el Congreso.
  • Las revelaciones han desencadenado una crisis institucional de gran envergadura, poniendo en duda el futuro político de Sánchez y la continuidad del Ejecutivo. En respuesta, el presidente del Gobierno ha anunciado una auditoría externa de las finanzas del PSOE y una remodelación de la cúpula del partido para el 5 de julio, lo que refleja una estrategia para aislar la crisis del partido de la estabilidad gubernamental. Además, ha reafirmado su intención de agotar la legislatura hasta 2027, descartando elecciones anticipadas o una cuestión de confianza. 
  • No obstante, el escándalo de corrupción ha intensificado aún más la ya elevada tensión política. Los principales partidos en la oposición, que por ahora no suman una mayoría alternativa para ganar una moción de censura contra el presidente, han incrementado su presión exigiendo responsabilidades políticas de mayor calado. Por su parte, los socios del Gobierno reclaman medidas de transparencia más contundentes. Esta confluencia de presiones configura un escenario complejo donde la gestión de la crisis política determinará tanto la viabilidad de la agenda legislativa como la credibilidad institucional del Gobierno.
• Apagón energético histórico en la península ibérica y repercusiones políticas. El pasado 28 de abril, un apagón eléctrico de gran magnitud dejó sin suministro durante varias horas a millones de ciudadanos en la España peninsular y Portugal continental. Según un informe presentado en junio por el Ministerio para la Transición Ecológica y aprobado por el Consejo de Seguridad, el suceso tuvo un origen multifactorial, provocado por un fenómeno de sobretensiones y una reacción en cadena. La gestión de la crisis, la atribución de responsabilidades políticas y el papel de las renovables en el apagón centraron el debate político en las semanas siguientes, generando un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y la oposición. A finales de junio, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley – pendiente de convalidación parlamentaria – con medidas de refuerzo del sistema eléctrico, apostando por las renovables y el almacenamiento energético.  
• Aumento del gasto militar y nuevas tensiones en el Gobierno de coalición. En abril, el Gobierno presentó su plan de aumento del gasto en defensa, en línea con los compromisos con la OTAN y el plan «ReArm Europe» de la Comisión Europea. La iniciativa, defendida por el PSOE como una necesidad estratégica, generó fuertes discrepancias en el Ejecutivo de coalición. Sumar expresó reservas por el impacto presupuestario y los posibles recortes sociales, mientras que socios parlamentarios como Podemos acusaron al Gobierno de ceder a una agenda “militarista”. La tensión se agravó tras conocerse que el Ministerio del Interior había autorizado la compra de munición a Israel en plena ofensiva sobre Gaza, operación que finalmente fue cancelada por orden directa de Pedro Sánchez. En junio, el Gobierno anunció un acuerdo con la OTAN para mantener el gasto en defensa en el 2,1% del PIB, en lugar de elevarlo al 5%, aunque la Alianza ha matizado después que aspira, al menos, a un 3,5%.

Radar regulatorio

• Plan Anual Normativo (PAN) 2025. Aprobado por el Gobierno en abril, el documento recoge las 199 iniciativas legislativas y reglamentarias que los distintos ministerios prevén elevar al Consejo de Ministros a lo largo del año, si bien es habitual que no todas lleguen a aprobarse. Entre las propuestas más destacadas figuran proyectos de ley que deberán remitirse al Congreso, como los que aplicarán el AI Act y el Digital Services Act (DSA), el de Consumo Sostenible que transpone las directivas sobre “greenwashing” y derecho a reparar, u otros sobre Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, Democracia en la Empresa, Medicamentos y Productos Sanitarios, y Digitalización y Modernización del Sector Financiero.
• Iniciativas legislativas aprobadas o en trámite durante los últimos meses. La actividad legislativa continúa muy limitada por la compleja aritmética parlamentaria, con solo 4 leyes aprobadas por las Cortes Generales en lo que va de año y pocos proyectos de ley con perspectivas claras de avanzar en su tramitación parlamentaria. Incluso los Reales Decretos-Leyes – aprobados directamente por el Gobierno, pero sujetos a convalidación parlamentaria – se han reducido y acotado a materias concretas, en un intento del Ejecutivo por evitar derogaciones por parte del Congreso, tal y como ocurrió en enero.
  • Últimas iniciativas legislativas de interés aprobadas o convalidadas:
    • Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención del desperdicio alimentario. Esta ley establece medidas para prevenir, reducir y gestionar eficientemente los alimentos en cada etapa, desde la producción hasta el consumo. Busca fomentar su uso eficiente, la recuperación y reutilización de subproductos, y la donación de alimentos aptos para el consumo humano. 
    • Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial. Este Real Decreto-ley, convalidado por el Congreso, se centra en ayudar a las empresas españolas afectadas por posibles aranceles de Estados Unidos, incluyendo una línea de avales del ICO por 5.000M€. Forma parte de un Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial más amplio que pretende movilizar 14.100M€ para mitigar el impacto negativo de los aranceles.
  • Nuevas iniciativas legislativas de interés en tramitación parlamentaria:
    • Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada laboral y la garantía del registro de jornada. La norma propone reducir la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales y pivota sobre un registro de jornada “fiable e interoperable” para asegurar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo. El proyecto de ley enfrenta el rechazo de las principales patronales y de socios parlamentarios clave como Junts, que podrían vetar esta medida estrella del Ministerio de Trabajo.
    • Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. La norma propone obligar a los fabricantes de dispositivos digitales a establecer sistemas de control parental gratuitos y con activación por defecto, así como prohibir el acceso de los menores a mecanismos aleatorios de recompensa (loot boxes). También contiene otras medidas de carácter educativo, sanitario y judicial.
    • Proyecto de Ley de acciones colectivas para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores. La norma, que transpone con retraso la Directiva Europea 2020/1828, regula las demandas colectivas por prácticas ilícitas o abusivas de empresas. El sistema “opt-out” elegido por el Gobierno – de adhesión automática a una demanda colectiva – ha generado fuertes críticas de varios grupos parlamentarios y organizaciones empresariales.
  • Iniciativas legislativas de interés con avances en su tramitación parlamentaria:
    • Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. La norma, que define un nuevo marco regulador para el transporte y la movilidad en España, había avanzado en las últimas semanas, con su aprobación en comisión y pleno previstos para finales de junio. Sin embargo, la reciente inestabilidad política y la falta de apoyo de algunos socios parlamentarios han vuelto a frenar su tramitación. Queda por ver si las negociaciones logran desbloquearla y si el Congreso se habilita en verano para su aprobación y remisión al Senado.
    • Proyecto de Ley sobre servicios de atención a la clientela. La norma, dirigida a grandes empresas y a quienes presten servicios de interés general, propone obligar a que el 95% de las llamadas sean atendidas en menos de tres minutos y prohibir el uso exclusivo de contestadores automáticos, garantizando la posibilidad de hablar con un operador. En abril, tras más de un año en fase de enmiendas, se publicaron las propuestas de modificación de los grupos parlamentarios, que ahora deberán negociarse.