El fenómeno de la inmigración está de actualidad. Conflictos como los de Torre Pacheco o más cercanos, como los altercados entre menores inmigrantes vecinos en Marcilla, dividen a la sociedad y no ayudan a una reflexión serena sobre este fenómeno. Parece que diferenciamos a las personas inmigrantes en función de su origen: las europeas son siempre bienvenidas; compramos en las fruterías y ultramarinos asiáticos abiertos a todas horas; no tenemos inconveniente en que las provenientes de Sudamérica cuiden día y noche a nuestros mayores o que nos atiendan en la hostelería personas de origen chino. Esa percepción viene ratificada por un reciente estudio del Real Instituto Elcano: varios sectores de actividad —servicio doméstico y hostelería, entre otros— dependen ya en gran medida del empleo inmigrante. Antes los marroquíes eran bienvenidos para recoger el tomate, pero ahora desconfiamos de los menas o de las personas que provienen del continente africano y, de hecho, estos últimos son, según el mismo estudio, los que menor tasa de ocupación tienen de entre toda la población inmigrante.
Sin embargo, Navarra necesita de la inmigración: nos enfrentamos, como muchas otras regiones españolas y europeas, a la creciente escasez de personas cualificadas y no cualificadas para cubrir las necesidades en todos los sectores de actividad. Según advierte el servicio de Estudios de Laboral Kutxa, en Navarra es probable que en diez años no se disponga de personas suficientes para trabajar. Ahora ya ocurre en la construcción, en la agricultura o en la hostelería, donde no se encuentran personas para trabajar, pero en poco tiempo lo vamos a ver en muchos más sectores productivos.
La esperanza de vida en Navarra ronda los 84 años, una noticia excelente, mientras la natalidad se mantiene en 1,3 hijos por mujer, lejos del nivel de reemplazo. La combinación de baja fecundidad y alta longevidad está impulsando un acusado envejecimiento demográfico. Así, dentro de diez años, las grandes cohortes de edad de las generaciones de los años 60-70 ya se habrán jubilado, mientras que ya han nacido todas las personas que en ese momento podrán trabajar: el sostenimiento del empleo (y de nuestra organización social) dependerá en gran medida de la población inmigrante que pueda llegar.
Seguro que se implantarán programas públicos de atracción de trabajadores inmigrantes. Los hay actualmente y ha habido en diferentes épocas y países y los veremos aquí también como algo normalizado en no mucho tiempo. Pero debemos saber que el empleo es la herramienta fundamental para la integración social de la persona y para un desarrollo cohesionado de la sociedad. Es ahí donde debemos poner el foco y donde resulta evidente que nuestros gobiernos no lo están haciendo suficientemente bien.
Porque no se trata solo de dar alojamiento y comida a los menas o a las personas mayores que legal o ilegalmente cruzan la frontera. El reto que representa su acogida trasciende a la cobertura de los tradicionales programas de servicios sociales y afecta de forma transversal a múltiples ámbitos: formación para el empleo, orientación e intermediación laboral, vivienda, educación, desarrollo económico, salud y cuidados, digitalización o cultura. Pero nuestro sistema permite vivir sin trabajar a quien sí tendría posibilidad de hacerlo, poniendo como ayudas básicas las de alojamiento o las económicas, con poco control y casi nulo compromiso, y relegando a un segundo lugar el resto de apoyos que estas personas necesitan para su inserción laboral y para su integración social.
Es un error basar toda la actuación pública hacia esas personas en la provisión de ayudas de alojamiento o económicas (Renta Garantizada en Navarra) que tienden a perpetuarse como sustento único, en muchas ocasiones utilizando tácticas fraudulentas para obtenerlas o mejorarlas, que no llegan acompañadas de ninguna obligación o compromiso por parte de las personas beneficiarias y que suponen un gasto en los presupuestos de Navarra que crece año tras año: en 2024 alcanzó la cifra de 111 millones de euros de coste. Por poner esta ayuda social en contexto, el año pasado hubo más de 36.000 personas beneficiarias, de las que el 63% eran de origen migrante.
En estas condiciones no nos podremos sorprender de que estos hechos provoquen agravios comparativos con las personas que trabajan y pagan sus impuestos regularmente. Sobre todo en los pueblos pequeños, donde esta convivencia resulta insostenible: ahí ven de primera mano la diferencia entre las personas que madrugan para trabajar o buscar trabajo y las que lo hacen para pasar el día ociosas aprovechando todas las ayudas sociales. Y se precisan muchos esfuerzos para evitar que estallen conflictos como los citados al inicio.
Cualquier estrategia de actuación que se realice en esta materia debe priorizar el enfoque en el empleo y debe contemplar la necesidad de acompañarla de apoyos transversales, más aún en entornos rurales y en sectores con menor atractivo social. Estas actuaciones también deben conllevar compromisos para que las personas beneficiadas las pongan en valor. Nada es gratis. Lo pagamos entre todos con nuestros impuestos.
Además, no debemos olvidar que la inserción laboral de estas personas no debe ser irregular. En este sentido, las normas y los procedimientos de aplicación para otorgar los permisos de trabajo deben ser actualizados para adecuarlos a esta estrategia de inserción y para reconocer ágilmente —hecho que en Navarra tampoco se está logrando— el esfuerzo de las personas inmigrantes cuando participen de manera comprometida en estas actuaciones facilitando su regularización laboral.
En definitiva, los programas públicos, actuales o futuros, deben priorizar, ayudar y animar a que las personas inmigrantes se formen, busquen y encuentren empleo. Será la mejor manera de lograr su integración. Navarra necesita a estas personas para hacer sostenible su desarrollo.
José Ramón Lacosta Aznar. Presidente del think tank Institución Futuro.
