En España, miles de edificios públicos contienen materiales con amianto, desde cubiertas y bajantes hasta falsos techos, depósitos o aislamientos. Gran parte de estos se encuentran deteriorados, habiendo superado su vida útil y presentando un riesgo real de contaminación ambiental, afectando a la población. Sin embargo, los errores de los ayuntamientos son persistentes, a pesar de tratarse de un asunto de salud pública y legalmente contemplado.
El primer error que se puede cometer es negar o minimizar la importancia de la existencia del amianto, especialmente en centros educativos, polideportivos u hospitales. Aunque las evidencias físicas son evidentes y los informes técnicos lo acreditan, muchas administraciones locales optan por dilatar los diagnósticos o evitar la declaración oficial de su presencia para eludir la responsabilidad económica y política que conlleva su retirada.
Otro fallo común es no contar con un inventario actualizado de materiales con amianto en sus edificios. Esta herramienta es esencial para planificar intervenciones, garantizar el cumplimiento normativo y responder ante cualquier incidente o reforma. La ausencia de un censo impide a los servicios de mantenimiento, técnicos externos o cualquier otro interventor actuar con conocimiento de los riesgos, lo que aumenta la probabilidad de exposición accidental, tanto durante obras como en tareas cotidianas.
Los ayuntamientos también incurren en errores al encargar trabajos de mantenimiento o reforma sin informar a las empresas contratadas de la presencia de amianto. Esta omisión vulnera de forma directa el Real Decreto 396/2006 y puede derivar en sanciones económicas y, en caso de exposición, en responsabilidades penales. En algunos casos, son los propios operarios municipales sin formación específica, sin EPI adecuados y sin conocimiento sobre la gestión legal del residuo, los que manipulan el material, lo que representa una negligencia grave.
El desconocimiento también se refleja en la ausencia de protocolos de actuación ante situaciones de emergencia, como roturas accidentales o desprendimientos. Sin un procedimiento claro y validado por profesionales especializados, los tiempos de respuesta son lentos y descoordinados, lo que incrementa la exposición de trabajadores, alumnos o visitantes mientras se adoptan las medidas adecuadas.
Uso político del amianto
En lugar de abordar el problema de forma estructural, muchos consistorios optan por la confrontación o el silencio institucional, ignorando la presión de sindicatos, familias o asociaciones vecinales. Esta actitud genera desinformación, desconfianza ciudadana y, sobre todo, demoras injustificables en la aplicación de soluciones técnicas que ya existen y que pueden activarse si se actúa con transparencia y planificación.
Finalmente, los ayuntamientos cometen un grave error al no integrar la retirada del amianto en sus planes de inversión sostenible o rehabilitación energética, desaprovechando convocatorias de fondos públicos que podrían cubrir total o parcialmente estos trabajos.
El amianto es un riesgo presente en muchos edificios municipales, cuya mala gestión puede tener consecuencias legales, económicas y de salud pública. Reconocer el problema, inventariarlo, planificar su eliminación progresiva y actuar con transparencia es una cuestión de responsabilidad institucional.
