Las sociedades cotizadas españolas se enfrentan a un escenario de elevada incertidumbre en materia de sostenibilidad. Según un análisis de Cuatrecasas, el retraso en la transposición de la Directiva europea de información corporativa de sostenibilidad (CSRD) y la profunda revisión normativa impulsada por el llamado Paquete Ómnibus I han generado un marco complejo que afecta de lleno a los emisores en los mercados de capitales.
El informe recuerda que la CSRD debería haberse incorporado al ordenamiento español en julio de 2024, pero el Proyecto de Ley de Información de Sostenibilidad (LIES) continúa en tramitación parlamentaria y no se prevé su aprobación antes de septiembre de 2025. Paralelamente, la UE ha aprobado la Directiva Stop-the-Clock, que retrasa dos años la aplicación de la CSRD para las grandes empresas que debían empezar a reportar en 2026 (ahora en 2028) y para las pymes cotizadas (de 2027 a 2029). Sin embargo, las compañías de la “primera ola”, donde se incluye la mayoría de las cotizadas españolas, deberán aplicar los primeros estándares comunes de divulgación a partir de este mismo ejercicio.
En paralelo, el Paquete Ómnibus I plantea modificaciones de calado. Entre ellas, Cuatrecasas destaca la posible exclusión de hasta el 80% de las sociedades actualmente sujetas a la CSRD, la eliminación de la obligación de someter la información de sostenibilidad a un “aseguramiento razonable” y una limitación en el uso de los estándares ESRS y de la taxonomía. También se prevé un cambio en la Directiva de debida diligencia (CS3D), que restringiría el alcance de las obligaciones a los socios comerciales directos y permitiría un enfoque basado en riesgos, lo que reduciría la carga regulatoria para muchas compañías.
Pese a esta simplificación, Bruselas mantiene su compromiso climático. La Comisión Europea ha propuesto fijar un objetivo vinculante de reducción del 90% de emisiones netas para 2040 como paso previo a la neutralidad climática en 2050.
El documento concluye que la reforma sigue rodeada de gran incertidumbre por las divergencias entre Comisión, Consejo y Parlamento, así como por la presión de inversores y organizaciones de la sociedad civil. “El alcance de la reforma es muy incierto”, subraya Cuatrecasas, que recomienda a las sociedades cotizadas seguir de cerca la evolución normativa para anticipar sus implicaciones prácticas.
Puedes consultar el informe completo en el siguiente enlace.
