El Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) y otras organizaciones y asociaciones de derechos humanos solidarias con Ramón Cadena, abogado y defensor de derechos humanos, exigen el alto a la criminalización de la defensa de derechos humanos en Guatemala. #SolidaridadConRamónCadena
22 de octubre de 2025. Las organizaciones de derechos humanos firmantes nos dirigimos a las autoridades guatemaltecas y a la opinión pública nacional e internacional para manifestar nuestra profunda preocupación y solidaridad activa ante la audiencia judicial prevista para el 23 de octubre de 2025, contra el abogado y defensor de derechos humanos Ramón Cadena Rámila, en el caso catalogado por el Ministerio Público como “Botín Político USAC”. El Sr. Ramón Cadena ha sido criminalizado debido a su labor de asesoramiento jurídico a los estudiantes que defendían el derecho a la libertad académica, proceso que a casi dos años de haberse iniciado continúa sin una resolución definitiva.
Se tiene programado que el Sr. Cadena y otras personas vinculadas a este caso comparezcan el 23 de octubre de 2025, a la 1:30 p.m. ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, a cargo del Juez Víctor Cruz. Se trata de una audiencia de primera declaración que podría abrir la vía para su enjuiciamiento penal, en un contexto de criminalización y persecución judicial claramente motivado por su labor de defensa de derechos humanos y acompañamiento legal a estudiantes universitarios.
Ramón Cadena, de 70 años, es un destacado abogado de derechos humanos guatemalteco, reconocido internacionalmente por su labor en defensa de los derechos humanos, especialmente en casos relacionados con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y los derechos sobre la tierra y la justicia medioambiental. Fue director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica por más de 14 años apoyando a varias organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa legal en Guatemala. En 2016, su casa sufrió un allanamiento como represalia por su trabajo como abogado y defensor de derechos humanos. Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares CIDH 661-16, las cuales siguen vigentes hasta la fecha.
El 16 de noviembre de 2023, el Ministerio Público (MP) de Guatemala giró 31 órdenes de allanamiento y 27 órdenes de aprehensión contra estudiantes, personal académico, personas defensoras de derechos humanos y abogadas, por los delitos de “usurpación agravada en forma continuada”, “depredación de bienes culturales en forma continuada”, “sedición en forma continuada” y “asociación ilícita”.
La persecución penal en contra del Sr. Ramón Cadena, junto a la de otras 27 personas defensoras, estudiantes y profesionales del ámbito académico y social, constituye una grave violación al derecho a defender derechos humanos, a la libertad académica y a la protesta pacífica. Cabe señalar que este no es un caso aislado, sino que se inscribe en un patrón sistemático de persecución judicial, represalia judicial y de criminalización de la defensa de derechos humanos en Guatemala que ha llevado a muchas personas defensoras a situaciones de detención arbitraria o de exilio forzado.
Estos patrones de persecución y de instrumentalización del sistema de justicia han sido corroborados y condenados por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2023, el Enviado Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, tras su visita a Guatemala en febrero de 2025, y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados tras su visita a Guatemala, en mayo de 2025.
El Observatorio recuerda que el proceso de criminalización y persecución política, en contra de las y los estudiantes, personal académico, investigadores y demás personas vinculadas a la comunidad académica que participaron de la ocupación pacífica de la USAC en 2022 viola los principios interamericanos sobre la libertad académica y la autonomía universitaria tal cual los reconoce la CIDH; además de constituir una violación a los derechos a la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, tal cual están reconocidos en instrumentos internacionales de los que el Estado guatemalteco es parte.
Ante esta audiencia clave, El Observatorio exige a las autoridades de Guatemala que:
– Garanticen el desarrollo efectivo, público y con todas las garantías procesales de la audiencia del 23 de octubre de 2025, respetando el principio de la independencia judicial y el debido proceso.
– Revoquen, de manera inmediata, la orden de captura en contra del defensor de derechos humanos Ramón Cadena y las órdenes de captura emitidas contra personas defensoras de derechos humanos por su rol en procesos sociales y académicos legítimos.
– Cesen de inmediato la criminalización y persecución judicial contra Ramón Cadena, estudiantes y todas las personas defensoras de derechos humanos vinculadas al caso USAC.
– Archiven de forma definitiva este proceso penal motivado por razones políticas y destinado a intimidar a quienes ejercen su derecho a defender derechos.
– Implementen políticas efectivas de protección y reparación integral para personas defensoras criminalizadas, incluyendo garantías de no repetición y vías seguras y dignas de retorno para quienes se encuentran fuera del país.
El mundo observa con atención lo que ocurra el próximo 23 de octubre de 2025. Solidaridad internacional con Ramón Cadena y todas las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala. #SolidaridadConRamónCadena
