La gestión de activos ha vivido en 2025 uno de los años más intensos en materia regulatoria, con la sostenibilidad, la inteligencia artificial y la transparencia situadas en el centro de la agenda europea. Así lo refleja el informe Tendencias regulatorias en la gestión de activos 2025, elaborado por KPMG, que identifica un cambio estructural en el enfoque supervisor, cada vez más orientado a reforzar la confianza del inversor y la integridad de los mercados.
Según el estudio, la sostenibilidad se ha consolidado como el eje vertebrador del nuevo marco normativo. La plena aplicación de la Directiva de Reporte de Sostenibilidad (CSRD) y la adopción de los estándares europeos ESRS han elevado las exigencias de transparencia y de calidad del dato no financiero. Las gestoras se han visto obligadas a demostrar la coherencia entre sus estrategias de inversión y sus compromisos ESG, y a reforzar sus sistemas de control para garantizar la veracidad de la información publicada.
La irrupción de la inteligencia artificial ha sido otro de los grandes ejes regulatorios del año. La entrada en vigor del AI Act europeo y el avance en la implementación de la normativa DORA sobre resiliencia operativa digital han obligado al sector a revisar su gobernanza tecnológica, introducir evaluaciones de riesgo algorítmico y establecer mayores controles sobre los proveedores tecnológicos críticos. KPMG advierte que el uso de modelos automatizados requiere una trazabilidad y supervisión mucho más rigurosas, especialmente en la gestión del riesgo reputacional y cibernético.
En paralelo, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y los reguladores nacionales han intensificado sus labores de supervisión, con un mayor énfasis en la armonización del reporting financiero y no financiero. Esta evolución, señala el documento, ha incrementado la carga operativa de las gestoras, pero también ha impulsado una mayor comparabilidad y eficiencia a medio plazo, en línea con los objetivos de la Unión de los Mercados de Capitales.
El informe destaca igualmente el avance de la llamada “retailización” de los mercados, impulsada por la digitalización y la creciente participación del inversor minorista. Este fenómeno ha motivado la revisión de normas como MiFID II o PRIIPs, orientadas a reforzar la protección del cliente final, mejorar la claridad de la información y prevenir los conflictos de interés.
KPMG concluye que, aunque el contexto normativo ha ganado en complejidad, también ha generado una oportunidad para aquellas entidades que han sabido anticiparse e integrar la sostenibilidad, la digitalización y el buen gobierno como ejes estratégicos. “El cumplimiento regulatorio ya no es una obligación, sino un factor diferencial de competitividad cuando se gestiona de forma proactiva”, resume el informe.
