Los datos del CGPJ vuelven a señalar la emergencia habitacional y la falta de soluciones reales

Los datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelven a mostrar lo que desde la PAH denunciamos cada día: en España se siguen produciendo desahucios de forma masiva, y las soluciones siguen llegando tarde o no llegando nunca.

En el tercer trimestre de 2025 se registraron 5.053 lanzamientos, apenas un 4,8 % menos que el año pasado y una barbaridad teniendo en cuenta que en agosto los juzgados cierran y no hay desahucios. Detrás de esta cifra no hay mejora: hay miles de familias que siguen viviendo con el miedo en el cuerpo. El 74 % de estos desahucios, 3.743 en total, son por alquiler, una prueba más de que la Ley de Arrendamientos Urbanos y la falta de regulación efectiva dejan a las inquilinas totalmente desprotegidas frente a la especulación.

Mientras tanto, las ejecuciones hipotecarias se disparan un 28,5 %, hasta los 7.444 procedimientos. Un dato que recuerda peligrosamente a los peores momentos de la crisis y demuestra que los bancos continúan actuando con total impunidad. Cataluña lidera esta vergonzosa lista, con 2.320 ejecuciones (el 31 % del total), seguida de Murcia y Andalucía.

Además, Cataluña sigue siendo la comunidad con más desahucios totales (1.293) en este trimestre, seguida de Andalucía (800) y País Valencià (630). La situación es idéntica en los desahucios por impago del alquiler, donde Cataluña acumula 957 casos: el síntoma más evidente de que la vivienda sigue tratándose como un negocio y no como un derecho fundamental.

No son números: son familias expulsadas de sus casas

Cada desahucio es una vulneración directa del derecho a la vivienda. Que bajen unas décimas las cifras no cambia el hecho de que España sigue liderando el ranking europeo de desalojos, que el parque público sigue siendo ridículo y que los fondos de extracción, los bancos y los especuladores en general, grandes o pequeños, continúan dictándolas.

Desde la PAH exigimos, una vez más:

  • Una moratoria real, estructural y desvinculada del COVID y de la guerra de Ucrania 
  • Prohibición inmediata de los desahucios sin alternativa habitacional.
  • Regulación real y efectiva de los alquileres.
  • Prohibición de la venta especulativa
  • Prohibición de la venta de viviendas habitadas
  • Compra pública obligatoria y preferente de viviendas en manos de fondos buitre, antes de que se ejecuten ventas a precio de saldo.
  • Conversión automática en alquiler social para todas las familias en procedimientos de ejecución hipotecaria o lanzamientos por alquiler
  • Aumento urgente del parque público de vivienda.
  • Basta de beneficios fiscales a la especulación y sanciones por ello.

Mientras las instituciones sigan sin actuar, la PAH seguirá defendiendo a cada familia, parando cada desahucio y señalando a cada responsable. No aceptamos que se normalicen miles de expulsiones cada trimestre. No aceptamos que los beneficios de unos pocos valgan más que la vida de la gente.

Sí se puede. Pero no quieren.