Las decisiones públicas que afectan e impactan en la vida cotidiana de los ciudadanos no pueden tomarse como si fueran simples piezas de negociación política. No son cromos para intercambiar en una mesa de pactos ni herramientas para marcar perfil ideológico. Son decisiones que deberían basarse en criterios técnicos, profesionales y de interés general, porque sus efectos no duran una legislatura: duran décadas e influyen en muchas personas. De ahí mi sorpresa cuando, un año más, en el debate de los Presupuestos Generales de Navarra no prosperara ni una sola enmienda de la oposición. Este hecho no es una anécdota parlamentaria: es un síntoma de hasta qué punto la política ha dejado de ser un espacio para contrastar ideas y buscar las mejores soluciones posibles, para convertirse en un juego de bloques donde lo único relevante es quién propone, no qué se propone. En los últimos años, todas las enmiendas de los grupos que no forman parte del bloque que sostiene al Gobierno han sido sistemáticamente rechazadas. ¿De verdad ninguna merecía al menos ser estudiada, negociada o incorporada parcialmente?
La respuesta es obvia: no se descartan por malas, se descartan por venir de la oposición. El criterio no es técnico, ni económico, ni social. Es político. Y eso tiene consecuencias muy concretas: se empobrece el debate presupuestario, se desperdician ideas potencialmente útiles y se lanza un mensaje muy peligroso a la ciudadanía, el de que las decisiones públicas no se toman pensando en qué funciona mejor, sino en quién gana la batalla interna del poder.
Los presupuestos son, probablemente, la herramienta más importante de cualquier gobierno. De ellos dependen los servicios públicos, las inversiones, las ayudas, los impuestos y, en definitiva, buena parte de la vida cotidiana de miles de personas. Convertirlos en un producto cerrado de partido o de bloque, impermeable a cualquier aportación externa, significa renunciar deliberadamente a mejorar las políticas públicas con visiones distintas. Significa asumir que la técnica, el análisis y la evidencia importan menos que la disciplina política.
Esta forma de actuar choca frontalmente con lo que piensa una parte importante de la ciudadanía navarra. Una encuesta elaborada por el propio Gobierno de Navarra muestra que más de un 35% de la población considera que las decisiones públicas deberían tomarse con criterios técnicos y profesionales y un 31% cree que han de ser los ciudadanos, a través de referendos y consultas ciudadanas, quienes han de tomar las decisiones. Solo alrededor de uno de cada cinco considera que deben ser principalmente los representantes políticos elegidos en las urnas quienes decidan sin más.
Es decir, la sociedad navarra está pidiendo algo bastante razonable: que la política no se base solo en consignas, pactos de despacho o intereses de partido, sino en conocimiento, datos y profesionalidad. Y, sin embargo, la práctica cotidiana va muchas veces en la dirección contraria.
Este mismo problema se ve, aunque en otro ámbito, en el concurso para la resignificación del monumento de los Caídos en Pamplona. Aquí estamos hablando de un proyecto urbano y patrimonial que va a marcar la ciudad durante décadas. Un proyecto que, según el propio Ayuntamiento, pretende ser una transformación profunda y con vocación de largo plazo. Precisamente por eso resulta preocupante que se haya planteado desde una visión tan condicionada políticamente.
Las bases del concurso incorporan de antemano los criterios fijados en un acuerdo político concreto entre tres partidos, estableciendo qué elementos deben eliminarse o alterarse. Ante esa situación, el Colegio de Arquitectos ha decidido desvincularse de la redacción de las bases, reclamando algo muy básico: que el concurso fuera de arquitectura libre, sin soluciones impuestas desde la política, para que los profesionales pudieran proponer, con criterios técnicos y creativos, las mejores alternativas posibles.
No se trata de negar el debate político sobre el significado del edificio o sobre cómo debe integrarse en la ciudad. Eso es legítimo. Lo que resulta discutible es que la política sustituya al criterio técnico, dictando soluciones arquitectónicas concretas antes incluso de escuchar a quienes saben de arquitectura, urbanismo o patrimonio.
Se repite, de nuevo, el mismo patrón: la prioridad no es encontrar la mejor solución posible, sino imponer la propia. No importa si una enmienda de la oposición mejora un programa, ni si una propuesta arquitectónica alternativa encaja mejor en la ciudad. Importa quién la firma. Sin embargo las decisiones públicas no son fuegos artificiales de una legislatura. Muchas de ellas perduran mucho más que quienes las toman. Un edificio, una infraestructura, una estructura fiscal o un modelo de gasto público condicionan a generaciones enteras. Por eso deberían tomarse con una lógica distinta: la de la evidencia, el conocimiento y el interés general.
Gobernar con criterios técnicos no significa eliminar la política. Significa hacer buena política. La que fija objetivos generales -qué tipo de sociedad queremos, qué valores defendemos- pero deja que los expertos determinen cómo llegar a ellos del mejor modo posible. La que escucha a quien sabe. La que está dispuesta a incorporar una buena idea venga de donde venga. Con esta forma de actuar ganan las instituciones, gana la calidad de las políticas públicas y, sobre todo, gana la ciudadanía.
