- La juventud española es la generación menos emancipada en décadas: solo un 15,2 % vive fuera del hogar familiar, con alquileres que consumen más del 90 % del sueldo.
- El CJE urge reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos, un bono de alquiler efectivo y una fiscalidad que desincentive la especulación
Madrid, 17 de febrero – En su comparecencia ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, el Consejo de la Juventud de España ha puesto sobre la mesa, con rigor y datos, la profunda crisis habitacional que atraviesa la juventud española y ha reclamado políticas públicas urgentes y estructurales para garantizar el acceso a una vivienda digna como derecho constitucional efectivo.
Durante su intervención, el CJE ha subrayado que al hablar de vivienda no se habla de un mero bien material, sino de una pieza central del proyecto vital de las personas jóvenes que condiciona decisiones básicas como estudiar, trabajar, emanciparse o participar plenamente en la sociedad. La falta de acceso a una vivienda asequible está estrechamente ligada con las condiciones materiales de vida, la salud mental y la confianza de la juventud en las instituciones democráticas.
Los datos más recientes del Observatorio de Emancipación del CJE muestran que sólo el 15,2 % de las personas jóvenes entre 16 y 29 años viven fuera del hogar familiar, el peor registro para un segundo semestre desde que se tienen datos en 2006, y que el coste mediano del alquiler roza los 1.080 € mensuales, obligando a dedicar más del 90 % del salario si se pretende vivir en solitario.
El análisis de estos datos desmonta discursos que criminalizan a la juventud por su “falta de esfuerzo” o “voluntad de emanciparse”. Según el CJE, la mayoría de jóvenes trabajan o se forman, pero el mercado de la vivienda y las políticas actuales no lo hacen suficiente para garantizar una emancipación digna. El empleo por sí solo ya no asegura el acceso a derechos básicos como la vivienda.
Ante esta situación, el CJE ha planteado tres ámbitos específicos de actuación política que consideran esenciales: en primer lugar, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, subrayando que es imprescindible que esta norma ofrezca protecciones reales para las personas arrendatarias jóvenes, incluyendo el alquiler de habitaciones y los contratos temporales, evitando que figuras jurídicas permitan la desprotección frente a las partes más vulnerables de la relación de alquiler.
En segundo lugar, un Bono de Alquiler Joven eficaz y accesible. El CJE ha criticado que esta prestación, en su configuración actual, no alcanza ni al 1 % de la población joven debido a su escasa cobertura, descoordinación autonómica y entrega tardía, lo que limita gravemente su impacto real en la emancipación juvenil. Ese 1% constituye el 15% de la población potencialmente beneficiaria, dejando al 85% restante sin una ayuda que necesitan.
Por último, ponen sobre la mesa una revisión de la fiscalidad del alquiler, con incentivos fiscales y cargas adicionales para favorecer el uso residencial de viviendas y penalizar actividades especulativas o desuso, de forma que la fiscalidad contribuya a generar más oferta asequible en vez de bonificar indiscriminadamente la tenencia o alquiler lucrativo.
En su intervención, el CJE ha señalado que estas propuestas son necesarias tanto desde un punto de vista cuantitativo, con más vivienda asequible, como cualitativo, porque la falta de acceso a la vivienda genera impactos negativos en la salud mental y bienestar de la juventud, como ansiedad o depresión, asociados a condiciones materiales precarias y falta de perspectivas de futuro.
El Consejo ha concluido su comparecencia apelando a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara: «No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo condiciones mínimas para vivir con dignidad. Cuando una generación entera no puede acceder a un derecho constitucional, el problema es estructural, no individual. Y las soluciones están en la acción política valiente y coordinada» ha expresado el portavoz Javier Muñoz, responsable del área Socioeconómica del Consejo de la Juventud de España.
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