La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM), organización con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), ha presentado una declaración oficial en el 70º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), que se celebrará del 9 al 20 de marzo de 2026 en Nueva York
El documento, titulado “Policía y el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género”, analiza las barreras estructurales que dificultan que las mujeres que enfrentan violencia machista puedan acceder de manera efectiva al sistema de justicia.
La declaración se enmarca en el Proyecto TACTICS, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) 2022, y liderado por la Universidad de Tartu (Estonia), en colaboración con entidades de siete países europeos
El estudio se basa en el análisis de protocolos policiales y en entrevistas realizadas a 188 personas —mujeres víctimas, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales de intervención con perpetradores y personal de primera línea—, lo que ha permitido identificar obstáculos persistentes en el acceso a la justicia
Principales barreras detectadas
Entre las dificultades señaladas destacan:
Insuficiente formación especializada de agentes policiales y operadores jurídicos en violencia de género.
Falta de coordinación interinstitucional y carencias normativas o de recursos que favorecen la revictimización.
Entornos judiciales percibidos como complejos, hostiles y poco sensibles a la experiencia traumática de las víctimas.
Lentitud procesal que prolonga la exposición al daño y desincentiva la denuncia.
Mantenimiento de regímenes de visitas con el padre denunciado por violencia, lo que puede disuadir a las mujeres de iniciar procesos judiciales.
Recomendaciones presentadas ante la CSW70Policía y el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género
La CIMTM propone una serie de medidas estructurales para fortalecer el acceso real a la justicia:
1. Formación especializada y continua
Capacitación obligatoria en violencia de género para fuerzas de seguridad, judicatura, fiscalía y abogacía de oficio, incluyendo formación en trauma y estrés postraumático.
2. Acompañamiento integral y espacios seguros
Garantizar que las víctimas puedan declarar sin coincidir con el agresor, permanecer acompañadas por una persona de su elección y recibir asesoramiento jurídico y apoyo psicosocial desde el primer momento.
3. Seguimiento y protección efectiva
Aplicación de medidas policiales de protección en situaciones de riesgo, incluso en ausencia o expiración de orden judicial, e información clara y accesible sobre las medidas adoptadas.
4. Coordinación multisectorial
Derivación efectiva a recursos sociales, sanitarios y especializados, con intercambio de información estandarizado entre profesionales para evitar que la mujer tenga que repetir su relato en cada instancia.
5. Mejora del ámbito judicial
Garantizar que las víctimas no coincidan con el agresor en sede judicial, asegurar una defensa jurídica comprometida y especializada, y promover una actuación judicial empática, sin prejuicios ni minimización de la violencia.
La CIMTM subraya que garantizar el acceso a la justicia no se limita a la existencia formal de leyes, sino que requiere sistemas coordinados, sensibles al trauma y comprometidos con la erradicación de las barreras estructurales que perpetúan la desigualdad.
Encuentra el documento completa en el siguiente enlace: Policía y el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género.
