En el nuevo programa de «Con Buena Energía«, en colaboración con EsRadio Elche, Manuel Romero, gerente de ETRES Consultores, puso sobre la mesa una cuestión que pasa desapercibida en muchas comunidades de propietarios, pero que tiene un impacto económico real: la gestión del agua, los contadores duplicado y el peso de los costes fijos cuando el consumo es mínimo.
El punto de partida no es un gran despilfarro ni una avería oculta. Es algo mucho más cotidiano. Un edificio de viviendas normal, con su batería de contadores individuales, su contador general en al entrada y, además, un pequeño grifo comunitario para la limpieza de la escalera. Un uso puntual, semanal, con un consumo ridículo. Y, sin embargo, con un contrato especifico y una factura independiente.
No es un problema de gastar mucha agua. Es un problema de cómo está diseñado el sistema y de por qué, en algunos casos, se termina pagando más por estar conectado que por consumir,
Un contexto energético que ayuda a entender el debate
Antes de entrar en el caso concreto del agua, el programa abordó la situación del mercado eléctrico. Las previsiones de precios para los próximos meses se situaba en torno a 96-97 €/MWh en enero, alrededor de 108 €/MWh en febrero y una bajada importante en marzo, hasta unos 53 €/MWh, asociada a la reducción del uso de la calefacción.
Un precio en torno a 100 €/MWh no es extremo, pero tampoco es barato. Es un nivel medio-alto que se nota especialmente cuando la factura tiene un peso importante en costes fijos.
En paralelo, se ha hecho público por primera vez un mapa oficial de capacidad de acceso a la rede de transporte eléctrica en España. Según los datos publicados por el operador del sistema tras exigencia del regulador, solo en torno al 25% de los puntos de la red de alta tensión tiene actualmente capacidad disponible para conectar nueva demanda. Es decir, tres de cada cuatro puntos están saturados o comprometidos.
Cuando se habla de red «saturada» no significa que falte electricidad hoy. Significa que existe un límite físico estructural. La red funciona como una autopista: tiene una capacidad máxima de tráfico. Cuando se acerca al 80%, 90% o 100% no se pueden autorizar nuevas conexiones sin riesgo de inestabilidad.
Esto ya está empezando a afectar a proyectos industriales, centros de datos y promociones de vivienda que, aun teniendo licencia urbanística, pueden encontrarse con dificultades para conectarse a la red. Y ampliar infraestructuras eléctricas no es inmediato: requiere planificación, permisos, inversión y años de ejecución.
Este marco es relevante porque introduce una idea central del programa: los sistemas técnicos tienen límites físicos y administrativos, y cuando esos límites no se gestionan bien, acaban trasladándose al usuario final en forma de restricciones o costes.
El caos concreto: doble contador para un consumo mínimo
En muchos bloques de viviendas la configuración es la siguiente:
- Un contador general a nombre de la comunidad.
- Contadores individuales para cada vivienda o local.
- Y contador específico para el grifo comunitario utilizado para limpieza o mantenimiento.
El resultado es que la comunidad recibe dos facturas trimestrales por el agua: una asociada al contador general y otra al contador de «comunes».
No se trata de dos titulares distintos. No se trata de consumo relevantes. Se trata de dos contratos para el mismo titular, con un consumo comunitario mínimo.
La pregunta es directa: si el contador general ya mide todo el agua que entra al edificio, ¿qué problema real se está resolviendo con un segundo contador?
Medir por diferencia: una solución técnicamente válida
Desde el punto de vista técnico, el consumo comunitario puede calcular sin dificultad mediante un balance simple:
Lectura del contado general menos la suma de los contadores individuales.
Ese método es técnicamente válido, conocido y utilizado en otro ámbitos como balances energéticos, hidráulicos o auditorías. Si el contador general marca 100 y la suma de los individuales 98, la diferencia (2) corresponde al consumo comunitario.
En este modelo:
- La comunidad asume ese consumo como gasto común.
- No se reparte entre vecinos.
- No genera conflictos internos.
Entonces, ¿por qué se aplica de forma generalizada?
La respuesta no es técnica. Es administrativa. El sistema está diseñado para asociar cada punto de consumo a un contador y cada contador a un contrato independiente. El criterio es claro: por cada punto de consumo, un contador.
El problema es que el sistema prefiere contratos a cálculos.
El peso real de la factura: alquiler y saneamiento
Cuando se analiza fríamente la factura asociada al grifo comunitario, el consumo es prácticamente irrelevante. Lo que predomina no es el término variable, sino los conceptos fijos.
En la práctica, lo que se paga es:
- El alquiler del contador.
- El canon de saneamiento.
Es decir, cuotas fijas que se aplican independientemente de que el uso sea mínimo. En términos anuales, puede suponer en torno a 100 euros. No es una cifra desproporcionada, pero sí es un gasto recurrente que muchas comunidades asumen sin cuestionarlo.
Desde el punto de vista de optimización, la reflexión es simple: si se puede pagar menos, ¿por qué pagar más?
Alternativas reales que ya aplican algunas comunidades
Durante el programa surgieron ejemplos reales de oyentes que han optado por eliminar el segundo contador.
Algunas comunidades han retirado el grifo específico y gestionan el agua para limpieza a través de vecinos que facilitan el llenado de cubos. Otras utilizan garrafas que se rellenan periódicamente.
No son soluciones universales ni necesariamente cómodas, pero evidencian que el segundo contador no es técnicamente imprescindible en todos los casos. Es una decisión organizativa.
El consejo práctico fue claro: revisar con el administrador de fincas o con la presidencia de la comunidad si existe ese doble contrato y analizar si compensa mantenerlo.
¿Monopolio o regulación?
El debate llevó inevitablemente a comparar el agua con la electricidad.
En electricidad:
- Existe una red única de transporte.
- Hay múltiples comercializadoras.
- El usuario puede elegir.
En el agua:
- La red también es única.
- El servicio se presta bajo un modelo de monopolio natural regulado.
- El usuario no puede elegir compañía.
La Unión Europea ha considerado el agua un servicio público esencial vinculado a la salud y al medio ambiente y no ha obligado a liberalizarlo como la energía eléctrica. Es legal y está permitido.
Pero las consecuencias es evidente: cuando el diseño del sistema genera costes fijos que pueden parecer desproporcionados, el usuario no tiene alternativas comerciales para comparar o presionar.
Infraestructuras estratégicas y decisiones técnicas
En la parte final del programa se volvió al tema eléctrico, recordando que el mapa de saturación de la red no es una cuestión ideológica sino técnica.
Si solo un 25% de los puntos de alta tensión tiene capacidad disponible, se genera un cuello de botella para nuevas industrias, centros de datos o viviendas. Y reforzar la red requiere años de planificación, permisos e inversión.
La reflexión fue extensible a otra infraestructuras estratégicas como presas, transportes ferroviario o centrales de generación. Cuando se trata de sistemas críticos para el país, el enfoque debería ser técnico y orientado al bien común, dejando a un lado posiciones ideológicas.
Conclusión: revisar, entender y decidir
- El mensaje final fue coherente con el enfoque del programa:
- El problema no es el consumo de agua, sino el diseño del sistema de contratos.
- El contador general ya mide todo el consumo.
- El segundo contador añade un contrato y una cuota fija adicional.
- Es legal, pero no siempre es la opción más eficiente.
El consejo práctico es revisar los dobles contadores en las comunidades de propietarios, analizar cuánto de la factura es fijo y cuánto variable, y decidir con información.
Porque en muchos servicios básicos ya no pagamos tanto por lo que usamos, sino por cómo está organizado el sistema.
Y cuando el sistema pesa más que el consumo, merece la pena detenerse, revisar y hacer las preguntas correctas.
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