Una Estrategia Nacional de Energía
Por Juan Jaquete, inversor en infraestructura energética
¿Cuáles fueron las causas del apagón? Las verdaderas causas tienen una naturaleza técnica muy compleja, y cada cual aprovechará para vendernos su relato: unos dirán que la causa es la gestión del Gobierno o la falta de experiencia de la presidenta de Red Eléctrica; otros, que las renovables, las eléctricas, las nucleares…
Por el momento, podemos sacar dos conclusiones del apagón del pasado lunes 28 de abril, que no por obvias dejan de ser las más relevantes. La primera es que el sistema eléctrico es y será la base fundamental del funcionamiento de nuestra sociedad y que, consecuentemente, nada se hace más importante que tener un plan claro y consensuado entre todos los agentes sociales para lograr una energía segura, barata y libre de emisiones a largo plazo. La segunda, y aquí está el verdadero problema, es que, sin embargo, España carece de un plan estratégico en materia de energía que, en línea con los objetivos de la Unión Europea y basado en premisas técnico-económicas, y no en dogmatismos ideológicos, nos permita asegurar la buena marcha de nuestro Estado de Bienestar.
Diseñar, desarrollar y construir infraestructuras como centrales renovables, nucleares o redes eléctricas puede llevar entre 5 y 15 años, dependiendo de la tecnología. Pero, además, estas inversiones necesitan horizontes de amortización de entre 30 y 50 años. Es, por tanto, evidente la necesidad de planificar y diseñar un sistema energético a largo plazo, que permita asegurar la operación del sistema y la seguridad de suministro eléctrico, y atraer la inversión necesaria para construir la infraestructura que nos permitirá tener una energía más barata y más limpia.
España y la Unión Europea no son productores de combustibles fósiles, por lo que nuestro presente y futuro energético debe fundamentarse en la electrificación de la economía: como palanca de competitividad, como pilar de seguridad nacional y como herramienta de mitigación de la crisis ecológica.
La electrificación de la economía pasa por invertir en nueva capacidad de energía renovable, redes de transporte y almacenamiento. Más importante si cabe resulta invertir en la electrificación de la demanda energética: transporte, industria y consumo de calor en edificios.
La electrificación tiene principalmente cinco consecuencias positivas.
La primera, su competitividad económica. Las renovables son desde hace años la fuente energética más competitiva, el coche eléctrico tiene un coste total de propiedad (considerando la inversión inicial, el coste del combustible y el mantenimiento) más bajo que el equivalente de gasolina o diésel, y la instalación de aerotermia para calefacción resulta, para la mayoría de las condiciones climáticas del país, en ahorros que compensan con creces la inversión inicial.
La segunda es que la producción local de electricidad permitiría reducir el déficit de balanza comercial por un importe cercano a 31.000 millones de euros anuales, que es el importe neto que los españoles gastamos en 2024 en comprar combustibles fósiles a terceros países, como Rusia, Arabia Saudí o Estados Unidos.
La tercera consecuencia positiva, cada vez más relevante en el contexto actual, es la independencia energética y el consecuente refuerzo de la seguridad nacional, eliminando la dependencia de terceros países.
La cuarta es que la electrificación contribuye de manera casi exponencial a la reducción de emisiones, siendo el elemento más importante en la mitigación de la crisis ecológica. Las renovables y la electrificación de la demanda no solo nos permiten disfrutar de energía libre de emisiones, sino que, al basarse en tecnologías mucho más eficientes, contribuyen a reducir el consumo total de energía primaria.
El quinto impacto positivo es la mejora en la calidad del aire, y la reducción resultante del gasto sanitario y de muertes prematuras, incrementándose con ello la productividad.
España cuenta, además, con ventajas únicas para liderar esta transformación: un alto recurso solar y eólico, disponibilidad de suelo, y empresas, universidades y administraciones con amplia experiencia en renovables y transición energética.
Aprovechemos todo lo anterior y fomentemos un consenso que nos permita construir una sociedad más próspera, competitiva, segura y sostenible en el largo plazo, dentro del proyecto común que compartimos con nuestros socios de la Unión Europea.
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