El programa informativo de Televisión de Canal Sur ha abordado nuevas informaciones relacionadas con la investigación del siniestro ferroviario de Adamuz, centradas en la actuación de Adif y en la posible falta de coordinación de los servicios de emergencia. Para ello entrevista a Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, firma legal que representa a la Asociación Víctimas de Adamuz ante las Administraciones y Organismos Públicos implicados y coordina su defensa.
Retirada de material ferroviario sin autorización judicial
Según investigadores, Adif retiró aproximadamente 36 metros de vía en el tramo afectado un mes después del accidente y sin contar con autorización judicial previa. Esta actuación se produjo en el contexto de una investigación en curso, tras detectarse que dichos elementos no figuraban en los registros ni en las facturas de la empresa instaladora. Aunque la entidad informó a la jueza encargada del caso, no esperó su aprobación, lo que habría provocado la queja de la magistrada. Además, un informe ampliado de la Guardia Civil señala que los operarios que revisaron la soldadura de la vía no contaban con la cualificación exigida, lo que añade nuevas dudas sobre el mantenimiento de la infraestructura.
Denuncias de las víctimas y falta de coordinación
Por otro lado, la Asociación de víctimas, por medio de su abogado, Antonio Benítez Ostos, ha remitido escritos a la Junta de Andalucía y al Defensor del Pueblo denunciando una posible falta de coordinación de los servicios de emergencia durante la noche del accidente, tal y como ha manifestado el sindicato CSIF en un comunicado. Según estas denuncias, los servicios sanitarios del 112 y 061 habrían sufrido problemas operativos. Una queja sindical apunta a que el personal tuvo que gestionar llamadas utilizando teléfonos particulares y anotaciones en papel debido a una supuesta caída del sistema. Las víctimas sostienen que esta situación habría generado retrasos y deficiencias en la asistencia durante los primeros momentos tras el siniestro.
Posibles consecuencias legales
De confirmarse estos hechos, según expone Benítez Ostos, podría plantearse una acción de responsabilidad patrimonial, es decir, una reclamación de indemnización por los daños y perjuicios derivados de un funcionamiento anormal de los servicios públicos, además de otros posibles reproches jurídicos que podrían exigirse.
Respuesta institucional
Desde la Junta de Andalucía se niega que se produjera una caída del sistema, asegurando que este fue reforzado durante la emergencia. Asimismo, enmarcan las denuncias en un contexto político, calificándolas como una “cortina de humo” ante la cercanía de elecciones autonómicas.
Investigación en curso
Mientras continúa la investigación judicial, Irio se ha personado como acusación particular en la causa que instruye la tragedia, en la que fallecieron 46 personas. Las nuevas informaciones se suman a un caso que sigue generando controversia y que mantiene abiertas múltiples líneas de investigación sobre lo ocurrido y la gestión posterior al accidente.
