Llegar a Santa Marta, en Colombia, no es una tarea fácil, pero sí una tarea necesaria. Esta ciudad del Caribe colombiano, más que una ciudad de postal, se convirtió entre el 24 y 29 de abril de 2026 en el escenario de una conferencia histórica a la que el mundo entero llega con retraso.
La primera Conferencia para la transición más allá de los combustibles fósiles se presentaba, una vez más, como una oportunidad para que desde el multilateralismo se diese un impulso a una necesaria transición que garantice la sostenibilidad de la vida presente y futura. El hecho de que Colombia acoja una Conferencia de estas características pone de manifiesto un sentido político profundo en un encuentro en el que el Sur Global reclama tener un protagonismo, centrarse en la equidad y dar pasos más allá de la descarbonización hacia la justicia social.
A once años de la firma de los Acuerdos de París, que establecieron un marco de cooperación internacional para limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2°C y esforzarse por no superar 1,5°C, los desafíos que enfrentamos no solo se presentan en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas, sino también por el avance de los discursos negacionistas y por el impacto desigual del cambio climático en todo el mundo.
Un mundo en el que, además, el gasto militar mundial ha experimentado un crecimiento sostenido, alcanzando cifras sin precedentes, existe menos voluntad política para un cambio verdadero y las promesas y compromisos adquiridos, a pesar de la evidencia científica de la necesidad de su cumplimiento, están cada vez más lejos de cumplirse.
Esta Conferencia, a pesar de todo ello, es necesaria para seguir poniendo el foco en la urgencia climática y el imperativo de poner freno a una inercia política y de las élites económicas de seguir adoptando como mantra el crecimiento sin límites, el rendimiento económico como punto de partida para la sostenibilidad y la responsabilidad que los actores políticos y económicos tienen que asumir para evitar caminar hacia el abismo.
Así, en un momento especialmente peligroso, en el que las emisiones globales siguen alejándose del objetivo del 1,5 °C, la guerra en Oriente Medio se utiliza además como argumento energético, y la seguridad como excusa para blindar subsidios a los fósiles, continuar perforando pozos, reabriendo minas y caminando hacia atrás mientras los termómetros globales suben. El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024: No más promesas de humo… por favor, en este sentido, concluye que los países tienen que adoptar medidas mucho más ambiciosas y contundentes para frenar el calentamiento global y mitigar las consecuencias devastadoras que éste produce para las personas, el planeta y las economías.
Santa Marta se convierte, pues, en un espejo incómodo en el que no se ven reflejados, casi once años después de los Acuerdos de París, las transformaciones necesarias para transformar las economías fósiles. Con estas perspectivas, la conclusión inevitable es que el problema nunca fue tecnológico o económico, sino que siempre fue político. Un problema de voluntad política, más concretamente.
A finales de 2025, en Belém do Pará, Brasil, se lanzó el denominado Mecanismo de Acción de Belém (BAM), que prioriza la equidad y la justicia en la lucha contra el cambio climático y que busca fortalecer la cooperación internacional, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades, asegurando que las transiciones hacia economías bajas en carbono no dejen atrás a los trabajadores y comunidades vulnerables.
Pero, como gran ausente histórica, la palabra “eliminación” de los combustibles fósiles, y, con ella, el cuestionamiento estructural de nuestra dependencia de ellos volvió a quedar fuera del texto final. Lo fósil siguió siendo una incomodidad, una propuesta que se pospone a un después que aún no tiene fecha. De esta forma, se mostró nuevamente un multilateralismo frágil y dependiente de unas voluntades que no están alineadas.
Santa Marta, un nuevo impulso para luchar contra el cambio climático
Lejos de confrontarse con los espacios tradicionales de negociación, Santa Marta aparece entonces y de forma sintomática como un espacio que se aleja del consenso universal, pero que nace de una alianza entre Estados dispuestos a hablar de lo que las COP siguen abordando de forma insuficiente: cómo salir del petróleo, del gas y del carbón, y hacerlo sin sacrificar los derechos humanos.
Las organizaciones sindicales de la región y del mundo desarrollaron una agenda propia de fortalecer el posicionamiento del movimiento sindical en un debate estratégico para el futuro del trabajo y del planeta: la transición hacia economías de bajo carbono con justicia social.
Las propuestas impulsadas desde espacios de articulación como la Alianza por el Clima, orientadas a traducir la urgencia política en compromisos concretos, también tuvieron un reflejo en los diferentes espacios de trabajo que se articularon en la Conferencia. Algunas de las cuestiones clave fueron la necesidad de acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, poner fin a los subsidios que los sostienen, garantizar la financiación justa para el Sur Global y asegurar que la transición se construya con participación social, derechos laborales y respeto a los derechos humanos.
Por su parte, resonaron con fuerza también las palabras de Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, quien advirtió en su último informe sobre los retrocesos preocupantes en materia de subsidios a los combustibles fósiles, incluso en países que se dicen líderes climáticos. En este sentido, señalaba que mantener esos apoyos públicos resulta difícilmente compatible con las obligaciones básicas en materia de derechos humanos, asumiendo daños sobre la salud, el agua, el trabajo y la vida.
De acuerdo con el informe de la relatora, seguir subsidiando fósiles significa aceptar daños previsibles a la salud, al agua, al trabajo y a la vida misma según el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. La transición ecológica, en consecuencia, no es opcional, sino que es una obligación jurídica y ética de la comunidad internacional. Obligación que requiere una planificación democrática desde el diálogo y el consenso social, calendarios sectoriales realistas, garantías laborales, inversión pública suficiente y predecible y alternativas productivas y reconversión económica.
En Sindicalistas sin Fronteras ISCOD UGT venimos impulsando una agenda de cooperación sindical internacional que vincula transición justa, fortalecimiento sindical, diálogo social y justicia climática en América Latina. Desde nuestra experiencia con el Convenio ECOANDINO, es necesario institucionalizar un diálogo social tripartito, tomando como referencia espacios como las mesas sectoriales para la transición.
La posición expresada desde el espacio sindical, promovido por la Confederación Sindical de las Américas (CSA), trasladó una idea clara: no puede haber transición justa sin justicia social, sin trabajo decente, sin financiamiento y sin reconocimiento de la deuda climática. América Latina no puede pagar una crisis que no provocó. La CSA insistió en que la transición debe ser feminista, popular y territorial; que no puede reproducir extractivismos verdes ni nuevas formas de precarización laboral.
Esa advertencia resulta especialmente relevante para la cooperación sindical internacional. En nuestra opinión, no habrá transición justa en el Norte si se sostiene sobre nuevas desigualdades laborales, ambientales o democráticas en el Sur Global. Desde este punto de vista, la transición justa no puede entenderse al margen de la cooperación al desarrollo: requiere capacidades institucionales, protección social, fortalecimiento democrático y organizaciones sindicales fuertes.
Para el sindicalismo continental, la salida de los combustibles fósiles exige algo más que cerrar plantas: requiere reconversión productiva, protección social, negociación colectiva, libertad sindical y una arquitectura financiera internacional que deje de penalizar al Sur Global. No se trata, pues, de cambiar de fuente energética, sino de cambiar de modelo social y económico. Se trata de que las personas trabajadoras se sitúen en el centro de los diálogos y la toma de decisiones como un actor más.
Luces y sombras en los compromisos asumidos
La Conferencia de Santa Marta reunió a casi sesenta países que, en términos generales, representan el 30% del PIB mundial, y cuyo consumo global de combustibles fósiles asciende también a similares proporciones. En contraste, el Acuerdo de París fue adoptado por 196 Partes de la Convención Marco de la ONU, mientras que el régimen climático de la CMNUCC sigue integrando prácticamente a toda la comunidad internacional.
En otras palabras, aunque Santa Marta sigue siendo un escenario políticamente relevante, hubo grandes ausencias de las conversaciones necesarias para un futuro sostenible. La ausencia de algunos de los mayores emisores globales como Estados Unidos, China o India evidencia que sigue siendo necesario fortalecer una masa crítica para acelerar la salida de los combustibles fósiles y reducir el impacto del cambio climático provocado por estos en los países del Sur Global.
Tan reveladoras como las ausencias fueron algunas presencias: países como Francia, Canadá, Brasil, Turquía, España o Noruega muestran qué gobiernos han optado por participar en un espacio orientado a acelerar el debate sobre la salida de los fósiles, pese a resistencias geopolíticas existentes.
En este balance de luces y sombras, la participación española debe leerse menos como gesto diplomático y más como recordatorio de que se trata de una responsabilidad compartida en la que los países europeos no pueden exigir una transición sin justicia social global, y sin contribuir materialmente a hacerla posible con los mecanismos de financiación y de reparación necesarios.
En nuestra opinión, la participación de alto nivel del Gobierno de España refuerza la necesidad de construir alianzas estables entre ambas orillas en materia de transición justa.
Mucho trabajo por hacer
Santa Marta no resolvió el dilema. No podía hacerlo. Pero nombró lo innombrable en un momento en que callar es peligroso. Fue un recordatorio incómodo de que el tiempo de las promesas largas se agotó en un planeta corto. Cada año de retraso multiplica el daño y reduce las opciones. Para Sindicalistas sin Fronteras ISCOD UGT, el reto pasa también por acompañar estos procesos mediante cooperación sindical, fortalecimiento de capacidades y construcción de alianzas entre organizaciones de trabajadores de ambas orillas.
Lo importante, en este caso, no fue la Conferencia en sí misma, sino el contexto en el que se enmarcó. Y el contexto es este: o la transición se hace ahora, con derechos y equidad, o se nos acabará el tiempo y será demasiado tarde.
