Cada vez que una administración pública convoca un concurso para diseñar la imagen de un gran evento, reaparece la misma discusión. La reciente convocatoria para seleccionar el cartel de la Feria de Málaga 2026 no ha sido una excepción.
El Ayuntamiento mantiene un modelo de concurso abierto, al que puede presentarse cualquier persona que cumpla las bases, independientemente de que sea profesional del diseño, ilustrador, artista o aficionado. La decisión tiene defensores y detractores, y ambos cuentan con argumentos sólidos.
La democratización de la creatividad
El principal argumento a favor de las convocatorias abiertas es evidente: el talento no siempre tiene un título ni trabaja en un estudio de diseño.
La historia del cartelismo está llena de autores autodidactas o artistas que encontraron en un concurso público la oportunidad de darse a conocer. Limitar la participación exclusivamente a empresas o profesionales colegiados podría dejar fuera propuestas frescas y originales.
Además, tratándose de una feria popular, muchos consideran lógico que cualquier ciudadano pueda participar en la construcción de su imagen.
Entre las ventajas destacan:
- Mayor diversidad de estilos y enfoques.
- Más participación ciudadana.
- Oportunidad para descubrir nuevos talentos.
- Mayor repercusión social del concurso.
El punto de vista del sector profesional
Sin embargo, desde estudios de diseño, agencias y asociaciones profesionales la visión suele ser diferente.
Diseñar una identidad gráfica para un evento que representa a una ciudad no consiste únicamente en realizar una ilustración atractiva. Implica comprender conceptos como comunicación visual, reproducción en distintos soportes, legibilidad, escalabilidad, dirección de arte o construcción de marca.
Cuando una institución pública organiza un concurso abierto, cientos de personas dedican horas de trabajo sin garantía alguna de remuneración. Desde la profesión se critica que este sistema normaliza el llamado trabajo especulativo (spec work): producir una propuesta completa antes de ser contratado.
En cualquier otro ámbito sería difícil imaginar un concurso donde decenas de arquitectos construyeran gratuitamente un edificio para que después solo uno cobrara.
¿Y si solo pudieran participar empresas?
Restringir el concurso a empresas especializadas o profesionales acreditados tendría ventajas evidentes.
Por un lado, aumentaría la probabilidad de obtener soluciones técnicamente solventes y preparadas para todos los usos institucionales.
También contribuiría a dignificar la profesión y evitaría competir en igualdad de condiciones con participantes ocasionales que no viven del diseño.
Pero también tendría inconvenientes:
- Reduciría considerablemente el número de propuestas.
- Podría percibirse como un proceso menos participativo.
- Limitaría el acceso a jóvenes diseñadores que todavía no disponen de una empresa o una trayectoria consolidada.
- Haría más difícil descubrir nuevos perfiles creativos.
Existen modelos intermedios
Cada vez más administraciones están explorando fórmulas híbridas que intentan conciliar ambos intereses.
Algunas alternativas son:
- Convocar concursos restringidos mediante invitación a varios estudios remunerados.
- Realizar una fase previa de selección de portfolios antes de solicitar propuestas.
- Pagar honorarios a todos los finalistas.
- Convocar concursos abiertos pero con premios económicos más acordes al trabajo requerido.
- Separar claramente la fase artística de la fase de desarrollo gráfico, contratando posteriormente al estudio encargado de adaptar la identidad a todos los soportes.
Este tipo de modelos son habituales en concursos internacionales de arquitectura, diseño industrial o identidad visual y permiten equilibrar participación, calidad y respeto por la profesión.
La verdadera cuestión
Quizá el debate no deba centrarse únicamente en quién puede participar, sino en cómo se valora el trabajo creativo.
Un concurso abierto no tiene por qué ser sinónimo de baja calidad, del mismo modo que un concurso restringido no garantiza automáticamente mejores resultados.
La clave está en definir unas bases claras, un jurado competente, criterios objetivos de valoración y una remuneración que reconozca el valor real del diseño.
Porque el cartel de una feria no es únicamente una imagen para unas fiestas. Es la primera pieza de comunicación de una marca ciudad que será reproducida durante meses en marquesinas, medios digitales, merchandising, publicaciones y campañas de promoción turística. Y eso convierte al diseño en mucho más que una cuestión estética.
Conclusión
La convocatoria del cartel de la Feria de Málaga 2026 vuelve a recordar que el diseño sigue moviéndose entre dos aspiraciones legítimas: fomentar la participación ciudadana y proteger el valor del trabajo profesional.
Probablemente no exista un modelo perfecto. Pero sí existe margen para seguir evolucionando hacia sistemas que combinen apertura, transparencia, calidad y una remuneración justa para quienes dedican su talento a construir la imagen de nuestras ciudades.
