El estudio publicado por la Florence School of Regulation analiza la interacción entre la Ley de Materias Primas Críticas y la nueva Ley de Aceleración Industrial, dos iniciativas claves para la estrategia industrial de la Unión Europea (UE).
Los autores sostienen que, aunque ambas políticas persiguen objetivos complementarios, existe un creciente desajuste entre la rapidez con la que la UE impulsa la demanda de materias primas críticas y la capacidad del sistema para aumentar su oferta.
El estudio parte de una preocupación central: la transición energética y la digitalización, junto con el despliegue de baterías, energías renovables, hidrógeno y procesos de electrificación, incrementarán de forma significativa la demanda de materiales como el litio, el cobalto, el grafito, el cobre, las tierras raras y los metales del grupo del platino. Sin embargo, el desarrollo de nuevas capacidades de extracción, procesamiento y refinado precisa largos periodos de inversión y se enfrenta a importantes obstáculos regulatorios, financieros y geopolíticos.
El informe destaca que la dependencia exterior de la Unión Europea sigue siendo muy elevada para numerosos materiales estratégicos. Por ejemplo, Turquía suministra el 99 % del boro consumido en la Unión Europea, mientras que China concentra el 97 % del magnesio y el 71 % del galio importados por Europa. A pesar de la firma de 14 asociaciones estratégicas internacionales entre 2021 y 2025, los avances en la diversificación del suministro han sido limitados, e incluso las importaciones procedentes de algunos socios han disminuido en materias primas como el litio, el cobalto o la fluorita.
Uno de los principales hallazgos del estudio es que el problema no radica en la ausencia de instrumentos políticos, sino en la falta de coordinación entre ellos. Mientras que la Ley de Aceleración Industrial impulsa la demanda mediante incentivos industriales y la creación de mercados para tecnologías limpias, la Ley de Materias Primas Críticas carece de mecanismos suficientemente eficaces para transformar esas señales de demanda en nuevas inversiones orientadas a ampliar la oferta. Los autores subrayan que los proyectos mineros y de procesamiento suelen requerir entre diez y quince años para entrar en funcionamiento, lo que genera un desfase temporal susceptible de provocar cuellos de botella en las cadenas de suministro.
El informe también compara el enfoque europeo con el estadounidense. Entre 2021 y 2026, Estados Unidos movilizó aproximadamente 40.000 millones de dólares para proyectos relacionados con materias primas críticas y desplegó instrumentos como garantías de precios mínimos, acuerdos de compra a largo plazo, financiación pública directa y reservas estratégicas. Según los autores, estas herramientas contribuyen a reducir la incertidumbre y facilitan las decisiones de inversión.
Finalmente, el informe propone reforzar la recopilación de datos y las previsiones de demanda, mejorar los mecanismos de financiación, agilizar los procedimientos de autorización, impulsar el reciclaje y la economía circular, fortalecer las alianzas internacionales y crear reservas estratégicas europeas. El objetivo es garantizar que la oferta de materias primas críticas pueda evolucionar al mismo ritmo que la transformación industrial y energética impulsada por la Unión Europea.
