Antes de la celebración del 14.º diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea (UE) y Viet Nam, en Bruselas el 2 de julio de 2026, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) se suma a otras 17 organizaciones para instar a la UE a abordar la represión transnacional que Viet Nam está implementando en Tailandia.
1 de julio de 2026. Aunque la UE ha elevado recientemente el nivel de sus relaciones con Viet Nam a una Asociación Estratégica Integral, el espacio cívico en Viet Nam continúa reduciéndose y la represión ya no se limita a las fronteras del país. Las recientes visitas de alto nivel que se han producido entre las autoridades tailandesas y vietnamitas han demostrado un peligroso endurecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad, que va más allá de los objetivos legítimos y se extiende a la persecución ilegítima de personas por motivos políticos. En este contexto, estamos asistiendo a la construcción de un aparato jurídico, físico y psicológico dirigido contra la disidencia vietnamita en Tailandia.
Los Gobiernos vietnamita y tailandés se han comprometido a avanzar en las negociaciones sobre un tratado bilateral de extradición y un tratado de asistencia judicial recíproca en materia penal. Sin embargo, existe una falta de información pública y de transparencia en lo relativo a los plazos, el alcance y el contenido de estas negociaciones. Nos preocupa en gran medida que estos tratados establezcan un marco jurídico que permita y facilite las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos y las devoluciones forzosas de miembros de la disidencia política por parte de las autoridades tailandesas y vietnamitas con el pretexto de la "cooperación penal". De hecho, existen pruebas significativas de que es posible que ya se estén produciendo estas violaciones de los derechos humanos.
Tanto antes como durante las recientes visitas bilaterales, las autoridades tailandesas aumentaron las medidas de vigilancia y seguridad en las zonas donde residen personas refugiadas vietnamitas, centrándose específicamente en las comunidades montañesas, que ya se encontraban sometidas a una gran presión tras el retorno forzoso a Viet Nam, en 2025, del destacado defensor de los derechos humanos montañés Y Quynh Bdap, tras una solicitud de extradición. Diversas personas activistas vietnamitas que viven en el exilio en Bangkok han denunciado el hecho de que agentes con ropa civil ejerzan una vigilancia visible e intimidatoria. Estos agentes, al parecer, trabajan en nombre de los servicios de seguridad vietnamitas o cooperan con los mismos. El entorno se volvió tan hostil que varias personas activistas se vieron obligadas a abandonar temporalmente su domicilio como medida de precaución básica.
Los/as periodistas vietnamitas en el exilio se enfrentan a riesgos especialmente elevados. En ocasiones continúan realizando su trabajo periodístico bajo la amenaza constante de sufrir acoso, vigilancia y represalias, lo que les obliga a estar alerta y mantener un perfil bajo incluso desde su refugio en el extranjero. El caso del periodista Truong Duy Nhat ilustra este tipo de peligro. En 2019, cuando se encontraba en proceso de solicitar asilo en Tailandia, desapareció en circunstancias que sugieren claramente que fue secuestrado por agentes vietnamitas y que ha sufrido una desaparición forzada. Posteriormente reapareció en custodia de las autoridades vietnamitas y fue condenado en marzo de 2020 a diez años de prisión. La suerte del periodista y defensor de los derechos humanos Duong Van Thai ha sido similar. Fue presuntamente secuestrado en 2023 mientras vivía exiliado en Tailandia y un tiempo después fue hallado en detención arbitraria en Viet Nam, donde posteriormente fue condenado a doce años de prisión en 2024. En un caso más reciente, Le Chi Thanh, activista anticorrupción vietnamita y defensor en las redes sociales, se encuentra detenido desde marzo de 2026 en el Centro de Detención de Inmigrantes (IDC) de Suan Phlu, en Bangkok, después de que las autoridades tailandesas alegaran que su permiso de trabajo ya no tenía validez debido a que las autoridades vietnamitas habían anulado su pasaporte. Sin embargo, no se había informado a Le Chi Thanh de dicha anulación antes de su detención. Todos estos incidentes afectan a personas disidentes que se encontraban en Tailandia oficialmente en situación de refugiadas o que tenían un temor fundado a sufrir persecución u otras torturas o violaciones de los derechos humanos si regresaban a Viet Nam.
La creciente cooperación transfronteriza entre Viet Nam y Tailandia contrasta radicalmente con los compromisos en los que se basa la recientemente reforzada relación entre la UE y Viet Nam. En el apartado 48 de la Declaración Conjunta sobre la nueva Asociación Estratégica Integral entre la UE y Viet Nam, ambas partes manifestaron explícitamente su compromiso de respetar, proteger, hacer valer y promover los derechos humanos de conformidad con los tratados internacionales y de reforzar la cooperación en materia jurídica y judicial e intercambiar experiencias en el desarrollo y perfeccionamiento del Estado de derecho. Al aumentar los medios de represión transnacional (TNR), Viet Nam está incumpliendo dichos compromisos, así como sus obligaciones jurídicas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. La UE debería reiterar la necesidad de cumplir dichos compromisos y dar respuesta a los llamamientos formulados en repetidas ocasiones por el Parlamento Europeo sobre la TNR.
Recomendaciones a la UE
1. Aprovechar la oportunidad que brinda el diálogo sobre derechos humanos para manifestar su preocupación por la TNR y, entre otros, los casos en los que se han llevado a cabo extradiciones en clara vulneración de las obligaciones internacionales de Tailandia y Viet Nam en materia de derechos humanos y del derecho de las personas refugiadas, así como presionar para obtener resultados concretos que pongan fin a las prácticas abusivas de la TNR y establecer espacios para mantener un diálogo regular con Tailandia y Viet Nam sobre su cumplimiento. Las expresiones de preocupación no deben limitarse únicamente a los diálogos anuales sobre derechos humanos, sino que deben formar parte de un enfoque concertado, preventivo y receptivo destinado a persuadir a las autoridades de ambos países para que pongan fin a estas prácticas abusivas de TNR.
2. Utilizar todas las herramientas a disposición de la UE y de sus Estados miembros para exigir rendición de cuentas al personal estatal vietnamita y tailandés por las violaciones de los derechos humanos, velando, entre otras cosas, por que se plantee la cuestión de la TNR en todos los intercambios hasta el más alto nivel, entre otros, los relativos a la seguridad, el comercio, la tecnología y el desarrollo.
La UE debería dejar claro a Viet Nam que la TNR y otras violaciones graves de los derechos humanos incumplen sus compromisos en el marco de la Asociación Estratégica Integral y sus obligaciones en virtud del Acuerdo bilateral de Asociación y Cooperación (PCA) y del Acuerdo de Libre Comercio UE-Viet Nam (EVFTA), al tiempo que debe explicar de forma pública las consecuencias de que de dichos abusos continúen produciéndose. La UE debería exigir a Viet Nam que ponga fin a la intimidación, la vigilancia y las solicitudes de extradición de personas perseguidas por motivos políticos o únicamente por ejercer sus derechos humanos, entre otras, las personas defensoras de los derechos humanos y profesionales del periodismo que se encuentran fuera de Viet Nam.
Asimismo, la UE debería aprovechar su diálogo diplomático con Tailandia haciendo referencia a las obligaciones vigentes en materia de derechos humanos en virtud del PCA y a las posibles obligaciones futuras en el marco del TLC (actualmente en fase de negociación), con el fin de instar a las autoridades tailandesas a no facilitar la TNR ni ser cómplices de ella. Las autoridades tailandesas deberían investigar de forma exhaustiva e imparcial toda denuncia de acoso, intimidación, amenazas, vigilancia y retornos forzados desde Tailandia realizada por parte de gobiernos extranjeros o sus agentes contra personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en Tailandia, así como el papel del personal estatal de Tailandia en la comisión de dichos abusos. Deberían cooperar con la sociedad civil para diseñar y aplicar políticas destinadas a prevenir y combatir la TNR. Tailandia debería ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como velar por que la legislación tailandesa en materia de inmigración, así como otras leyes, reglamentos y políticas, cumplan plenamente con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las obligaciones de Tailandia en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
3. Instar a la transparencia y a la incorporación de salvaguardias en el Tratado de Extradición. A través de los canales diplomáticos en las respectivas capitales, la UE y sus Estados miembros deberían instar a la transparencia en relación con las negociaciones en curso sobre el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial Mutua entre Tailandia y Viet Nam. La UE debería pedir firmemente a ambas partes que velen por que cualquier acuerdo que se firme incorpore cláusulas que impidan la extradición de personas por motivos políticos o únicamente por el ejercicio legítimo de sus derechos humanos, y que garanticen el estricto cumplimiento del principio de no devolución, que prohíbe el traslado de cualquier persona a un lugar donde corra un riesgo real de tortura u otros malos tratos, desaparición forzada, detención arbitraria y otras violaciones graves de los derechos humanos, como juicios manifiestamente injustos.
4. Establecer mecanismos de protección locales a través de las delegaciones de la UE. Las delegaciones de la UE y las embajadas de los Estados miembros de la UE en terceros países, como Tailandia, deberían reforzar rápidamente la protección física y la supervisión de los juicios. El personal de la UE debería:
– realizar visitas periódicas sobre el terreno a las comunidades de personas refugiadas vietnamitas y montañesas que se encuentran en situación de riesgo, con el fin de valorar su situación y promover la supervisión del cumplimiento de los derechos humanos en cualquier acuerdo celebrado con la UE;
– observar y evaluar formalmente cualquier audiencia local de detención o inmigración en la que participen personas de nacionalidad vietnamita que se enfrenten a una posible expulsión, traslado o devolución;
– manifestar públicamente su oposición a los casos en los que las fuerzas del orden transfronterizas se extralimiten.
5. Apoyar la expedición de visados de emergencia y el reasentamiento de activistas en situación de riesgo. Reconociendo que Tailandia no es un lugar seguro debido a la creciente cooperación en materia de seguridad con Viet Nam, los Estados miembros de la UE deberían crear vías para solicitar visados humanitarios de emergencia y dar prioridad al reasentamiento de activistas y personas defensoras de los derechos humanos vietnamitas en situación de riesgo y las que actualmente se encuentran bajo vigilancia activa.
6. Denunciar la aplicación abusiva de las intervenciones transfronterizas de las fuerzas del orden. La UE debería denunciar la invocación abusiva por parte de Viet Nam de la seguridad nacional y otras leyes (incluidos los artículos 116, 117 y 331 del Código Penal de 2015) y expresar su preocupación por las medidas legislativas que son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.
7. Abordar la represión transnacional digital y la complicidad de las plataformas. La UE debería adoptar medidas efectivas para garantizar que ninguna "transformación digital" ni cooperación en materia de ciberseguridad en el marco de la Asociación Estratégica Integral dote a los organismos de seguridad vietnamitas de capacidad de vigilancia, acceso a datos o verificación de identidad —incluidos los sistemas biométricos o de ADN— que entren en conflicto con las normas de derechos humanos o que, en la práctica, supongan un riesgo para los derechos humanos. La UE debería aprovechar la Ley de Servicios Digitales y su colaboración directa con las plataformas para presionar a las empresas tecnológicas a que se opongan a las exigencias extraterritoriales de Viet Nam en materia de retirada de contenidos y bloqueo geográfico dirigidas contra la libertad de expresión de la diáspora. Las empresas deberían publicar datos de transparencia sobre las solicitudes del Gobierno vietnamita y notificar a las personas usuarias afectadas. La UE debería financiar el apoyo en materia de seguridad digital y la protección de respuesta rápida para el activismo vietnamita que se encuentra en situación de riesgo, tanto en Tailandia como en los Estados miembros de la UE.
