SEOPAN reclama medidas urgentes por el grave impacto inflacionista del conflicto del estrecho de Ormuz en la obra civil
- Transcurridos apenas 3 meses desde el inicio del conflicto, el IVE estima unos incrementos de índices de precios en marzo-mayo de 2026, del +42% y +41% en materiales bituminosos y energía, del +14%, +10% y +9,3%, en aluminio, productos químicos y cerámicos, y del +6,5% y +6,1% en materiales siderúrgicos y cobre.
- Las 6.425 obras licitadas en España antes del conflicto, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, de 6.898 M€ de presupuesto, afrontan un incremento de costes irrecuperable antes de su inicio del 8,3%, 8,1%, 6,3% y 4,0% del presupuesto licitado en obras portuarias, viarias, ferroviarias e hidráulicas, respectivamente, y del 21,3% en 180 contratos de refuerzos de firmes y asfaltado de 200 M€ de presupuesto.
- Asimismo, el coste de ejecución de 33.103 contratos licitados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, de 24.521 M€ de presupuesto, se incrementa un 5,9%, 5,3%, 4,6% y 4,5% en obras portuarias, viarias, ferroviarias y aeroportuarias, respectivamente.
- La ausencia generalizada de revisión de precios en contratos de obras del Estado, CCAA y AALL, compromete gravemente la continuidad y el inicio de las obras, siendo urgente adoptar medidas excepcionales de revisión de precios en línea con las autorizadas en 2022 para resolver el impacto inflacionista del COVID y de la Guerra de Ucrania.
Madrid, 22 de julio de 2026.
El conflicto en el estrecho de Ormuz, iniciado el pasado 28 de febrero, está afectando gravemente a la ejecución de la obra civil por el incremento desorbitado de los precios de la energía, materias primas y materiales básicos de construcción, señala SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, con incrementos de índices de precios entre marzo y mayo del 2026, según datos del Instituto Valenciano de Edificación, IVE, del +42% y +41% en materiales bituminosos y energía, del +14%, +10% y +9,3%, en aluminio, productos químicos y cerámicos, y del +6,5% y +6,1% en materiales siderúrgicos y cobre.
Según señala la Asociación, las 6.425 obras licitadas en España, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, de 6.898 M€ de presupuesto, con ofertas presentadas antes del inicio del conflicto, afrontan un incremento de costes[1] irrecuperable de +327 M€ antes del inicio de las obras, equivalente al 4,7% del presupuesto base de licitación, destacando obras portuarias, viarias, ferroviarias e hidráulicas con pérdidas económicas del 8,3%, 8,1%, 6,3% y 4,0% del presupuesto licitado, respectivamente, y siendo del 21,3% en 180 contratos de refuerzos de firmes y asfaltado de 200 M€ de presupuesto de licitación[2]. Tal situación afecta igualmente a los 39 contratos de emergencia de reparación de firmes autorizados por el Consejo de ministros desde abril de 2026, con 266,9 M€ de presupuesto base de licitación.
Asimismo, el coste de ejecución de 33.103 contratos de obras licitados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, de 24.521 M€ de presupuesto base de licitación, se incrementará de media un 3,5% con un sobrecoste agregado de +867 M€[3], siendo especialmente relevante en obras portuarias, viarias, ferroviarias y aeroportuarias con unos incrementos del 5,9%, 5,3%, 4,6% y 4,5%, respectivamente, y superiores al beneficio neto sectorial publicado en la última Central de balances del Banco de España (2024), del 3,48% para constructoras con cifra de negocios anual superior a 50 M€ (cuantil medio Q2).
Esta situación compromete gravemente la actividad de la obra pública al carecer los contratos de obras en licitación y ejecución del ámbito de las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales de mecanismos de revisión de precios, y aplicar el periodo de carencia no revisable en contratos del Estado con mecanismos de revisión.
A efectos de salvaguardar el interés público y asegurar la adecuada y eficiente ejecución de los contratos de obra pública, Seopan ha solicitado y remitido al Gobierno una propuesta para la aplicación de las medidas autorizadas en 2022 en el RD-ley 3/2022 y siguientes para paliar los efectos inflacionistas originados por el COVID y la Guerra de Ucrania, considerando en esta ocasión la revisión excepcional de los índices de precios de la energía y de la mano de obra, entre otras modificaciones.
Las medidas de reequilibrio contenidas en los RRDD-ley 9/2026 y 18/2026, que excluyen a los contratos públicos de obras y servicios, habilitan una vía legal a las empresas de transporte para reclamar incrementos de coste, situación que dificulta aún más la producción de las empresas contratistas, al no poder atender dichas reclamaciones.
El agravamiento del conflicto en el estrecho de Ormuz comprometerá aún más la actividad de la obra pública nacional, siendo prioritario resolver esta crítica situación, coincidente, además con un momento álgido de la contratación pública nacional con 33.143 M€ licitados en 2025, un 40% más que la licitación pública de 2021, anterior a las medidas aprobadas por el Gobierno en el referido RD-ley 3/2022.
[1] Calculado aplicando al presupuesto base de licitación el incremento registrado en los índices de precios entre la fecha de formalización del contrato y la fecha de presentación de ofertas.
[2] Cálculo realizado con la fórmula oficial de revisión de precios número 152.
[3] Cálculos realizados considerando los incrementos de índices de precios publicados en el BOE hasta diciembre de 2025 y estimados por el IVE en enero-mayo de 2026, manteniendo en adelante constante el índice de mayo ajustado a inflación, y considerando un plazo medio de 3 meses entre las fechas de licitación y de formalización del contrato con unos plazos de ejecución de 2 años en obras del Estado y de un año en el resto de AAPP y la consideración de las fórmulas oficiales de revisión de precios más representativas (nº 141 en carreteras, nº 451 en aeropuertos, nº 242 en ffcc, nº 331 en puertos, nº 522-561 en OOHH, nº 811 en edificación y nº 382 en urbanizaciones).
