Casi la mitad de las pymes dedica entre dos y cinco días al mes a tareas administrativas relacionadas con su gestión financieras y un 15% supera los diez días mensuales. Unas circunstancias que les resta tiempo al trabajo estratégico y que requeriría una mayor integración tecnológica para solventarse. Además, las mayores dificultades para acceder a la financiación pública limitan su capacidad de inversión y adaptación a entornos cada vez más exigentes.
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA PYMESEGUROS Nº 156
El informe ‘Radiografía económica y bancaria de la micro y pequeña empresa en España 2026’, de Qonto, pone en evidencia que la evolución de los últimos años confirma que las pymes han avanzado desde una fase inicial marcada por la falta de visibilidad sobre sus costes financieros hacia un contexto de mayor adopción tecnológica, aunque todavía insuficientemente integrada. Si en 2024 el principal reto era el desconocimiento y la gestión reactiva, y en 2025 la digitalización se erigía como palanca competitiva, este 2026 el foco se desplaza hacia la calidad de su implementación.
No obstante, las micro y pequeñas empresas se enfrentan a un entorno mucho más exigente que en años anteriores, en los que la presión se centró principalmente en la inflación y la mayor complejidad regulatoria. Este año se aprecia la acumulación de otros factores de inestabilidad, como el encarecimiento de la energía, la fragilidad de la demanda, el endurecimiento del acceso al crédito en determinados perfiles y la aceleración de las obligaciones digitales.
A ello se suma la situación geopolítica que ha elevado los riesgos energéticos y logísticos y un cambio regulatorio de calado, que, con todo, goza de una prórroga. Así, la Agencia Tributaria ha ampliado el plazo para adaptar los sistemas informáticos de facturación, fijando como nueva fecha límite el 1 de enero de 2027 para las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de obligados tributarios, lo que hace que este año sea especialmente activo en la aplicación de los nuevos sistemas.
Inestabilidad multifactorial
Con todo, la inflación se mantiene como la principal preocupación de los empresarios (un 26% de las pymes la sitúa como la principal). Le siguen la caída de la demanda (14%), las nuevas regulaciones (13%) y la inestabilidad geopolítica (12%). El estudio destaca que “la combinación de estas cuatro variables define perfectamente el momento actual de presión sobrecostes, ingresos y entorno normativo. Las empresas no están gestionando un único reto, sino a varios frentes interrelacionados que limitan su margen de maniobra”.
El resultado de todos estos factores, según el informe, es “un ecosistema en el que la pyme ya no puede limitarse a resistir; necesita ganar visibilidad financiera, reducir fricciones operativas y adaptarse a un marco normativo cada vez más tecnológico”.
Este contexto de inestabilidad está frenando el crecimiento de las compañías. El optimismo de las empresas sobre la economía española en los próximos doce meses ha caído en los últimos años, pasando de representar al 35% de las entidades en 2024, al 32% en 2025 y, finalmente, al 24% en 2026. De hecho, un 51% que se declara abiertamente pesimista.
El impacto del entorno global también se refleja con claridad en las prioridades empresariales para 2026 y 2027. Las tres primeras son aumentar el número de clientes (54%), incrementar la facturación (54%) y reducir costes (52%). Cabe destacar la necesidad de adaptación a posibles cambios en el mercado global como cuarta prioridad para las empresas, incorporando así la incertidumbre como variable estructural en la gestión empresarial. A mayor distancia queda ya la inversión en innovación (27%) y la contratación de talento (23%), “reflejando la tensión entre la gestión de la urgencia y la construcción de capacidades a largo plazo”.
Perspectivas económicas
Estos primeros meses de 2026 han estado marcados por transformaciones constantes del entorno macroeconómico y factores de incertidumbre que condicionan la planificación estratégica. Hasta el punto que un 55% de las empresas considera que los posibles cambios políticos y electorales podrían impactar significativamente en su estrategia.
A pesar de este contexto, la orientación hacia el crecimiento se mantiene clara: el 53% de las pymes prevé incrementar sus ingresos en los próximos doce meses. Este crecimiento, sin embargo, será mayoritariamente moderado: un 42% anticipa aumentos entre el 5% y el 15%, mientras que solo un 11% espera crecimientos más significativos, de entre el 15% y el 30%. En sentido contrario, el 37 % no prevé variaciones y un 9% estima una disminución de sus ingresos.
“Las micro y pequeñas empresas son conscientes de la necesidad de transformación, pero priorizan la sostenibilidad inmediata de su actividad. Por ello, la eficiencia operativa, la disciplina financiera y la optimización de costes adquieren mayor peso que otros vectores más propios de fases expansivas”, valora el estudio.
Dificultades para acceder a financiación pública
También es clave el descenso del porcentaje de empresas que han accedido a financiación en el último año; mientras que en la encuesta de 2025 eran el 35%, en la actualidad ha bajado al 29%, “lo que refleja una combinación de autofinanciación, prudencia y posibles dificultades de acceso”. En esta línea, las microempresas presentan mayores problemas para acceder a financiación pública: solo el 20% ha recurrido a ayudas en los últimos tres años, frente al 31% en empresas medianas o grandes. “Esta diferencia limita su capacidad de inversión y adaptación en un entorno más exigente, reforzando una transformación desigual dentro del tejido empresarial”, analiza el informe.
De ellas, solo un 36% manifiesta falta de necesidad para no acudir a ellas, mientras que un 24 % considera que los procesos son demasiado complejos, un 18% reconoce desconocer las ayudas disponibles y un 15% duda de su elegibilidad o de la posibilidad real de obtenerlas. “La empresa pequeña no solo necesita recursos; necesita también legibilidad administrativa, sencillez en la solicitud y una base documental suficientemente ordenada como para poder presentarse a esos canales de apoyo”, sostiene el estudio.
En cuanto al tipo de ayuda para financiarse, en 2026 se mantiene, e incluso incrementa, una clara preferencia por instrumentos tradicionales, con el préstamo como la fórmula más utilizada (34%). Le siguen el renting o leasing (23%), la póliza de crédito (22%) y la ampliación de capital (19%). A mayor distancia se sitúan opciones como el factoring o confirming (11%) y el crowdfunding o crowdlending (8%).
Estos datos confirman que la pyme sigue priorizando canales conocidos que le aporten “seguridad y previsibilidad”. “En contextos de incertidumbre, los instrumentos clásicos refuerzan su posición”, señala el estudio de Qonto.
Relación con la banca
En esta línea, es reseñable que el 78% de las empresas hace un uso exclusivo de la banca tradicional, pero ya hay un 22% que trabaja con alternativas, frente al 11% registrado en 2025, lo que delata “una progresiva diversificación del ecosistema bancario empresarial, en el que los actores digitales ganan protagonismo como complemento a la banca tradicional en la gestión financiera de las pymes”.
Aunque la confianza (52%) y la seguridad (47%) siguen siendo pilares fundamentales en la relación con las entidades financieras, los criterios de selección han evolucionado notablemente. Las empresas priorizan cada vez más factores como las comisiones (50%), la rapidez de atención (40%), la transparencia (38%) o la facilidad de uso (35%). Solo un 28% valora el servicio personalizado como factor clave en la elección de entidad, que se orienta, cada vez más, hacia la eficiencia y la claridad operativa, con “una relación más funcional que relacional, donde el vínculo con la entidad se sostiene por inercia más que por propuesta de valor”.
El problema, según el informe, es que esa demanda de transparencia convive con un conocimiento todavía limitado del coste real de la relación bancaria. Aunque el 68% de las empresas afirma saber cuánto paga al año en comisiones, solo un 25% lo conoce con total exactitud, frente a un 43% que admite manejar únicamente una estimación aproximada y un 23% que directamente lo desconoce.
Existe, eso sí, una percepción crítica hacia la banca tradicional que está ampliamente extendida; más del 60% de las pymes está de acuerdo en que los bancos son rígidos y aplican comisiones ocultas.
Excesiva carga administrativa
Una de las principales conclusiones del estudio es que las pymes siguen soportando una carga administrativa desproporcionada en relación con sus recursos. El 46% dedica entre dos y cinco días al mes a tareas administrativas relacionadas con la operativa bancaria, mientras que un 21% emplea entre cinco y nueve días y un 15 % supera los diez días mensuales. Solo el 18% se sitúa por debajo de dos días al mes.
Esta sobrecarga administrativa supone que el 42% de las empresas reconozca que estas tareas restan demasiado tiempo al trabajo estratégico, frente a un 22% que no lo percibe así. Existe, por tanto, una conciencia creciente del problema: “La gestión administrativa, especialmente la financiera, empieza a identificarse como un freno operativo”.
Sin embargo, muchas compañías aún no cuentan con un ecosistema de herramientas suficientemente integrado para abordar esta problemática de forma eficaz. Esa falta de integración se refleja en el número de soluciones utilizadas. Solo el 25% opera con una única herramienta digital para gestionar contabilidad, tarjetas, gastos o tesorería. El 46% utiliza entre dos y tres herramientas, y el 29% trabaja con cuatro o más. A medida que aumenta el número de plataformas, también lo hace la complejidad: conciliaciones manuales, duplicidades, dispersión de la información y una mayor dependencia de terceros.
El informe pone de relevancia que, en este contexto, la digitalización por sí sola no garantiza la eficiencia; lo determinante es la integración. El principal cuello de botella en 2026 no es únicamente tecnológico, sino también organizativo. “Mientras la información permanezca fragmentada y el acceso a ella siga siendo complejo, las empresas continuarán dedicando más tiempo a operar que a tomar decisiones”.
Insuficiente claridad financiera
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la distancia entre la claridad financiera percibida y la complejidad operativa real, de modo que muchas empresas operan con una sensación de orientación suficiente para el día a día, pero aún lejos del control verdaderamente estratégico.
Así, aunque el 77% de las empresas considera que tiene un nivel alto o bastante alto de claridad financiera, la realidad es que el acceso a información clave no siempre es ágil. Mientras que más de seis de cada diez puede consultar el estado de sus cuentas en menos de 10 minutos, otras áreas como la facturación, los gastos o los pagos requieren habitualmente entre 10 minutos y una hora. En el caso de la contabilidad y la fiscalidad, los tiempos se alargan aún más, superando con frecuencia la hora, “lo que pone de manifiesto una dificultad estructural para acceder con rapidez a información crítica”.
En cualquier caso, los cambios normativos constantes se sitúan como la principal barrera a la que se deben enfrentar (37%), seguidos por la falta de tiempo para analizar la información financiera (32%) y la dependencia de asesores externos para interpretarla (29%). Existen otros retos como los procesos manuales (22%), la dispersión de la información entre distintas herramientas o entidades (22%) y el uso de soluciones poco intuitivas (21%). Solo un 19% afirma no encontrar dificultades relevantes.
Ante un escenario con mayor claridad y centralización financiera, el 27% de las empresas afirma que decidiría con más rapidez y seguridad, mientras que un 25% anticipa menor carga mental en los equipos directivos y otro 25% una mayor confianza para asumir nuevos proyectos o mercados. También se mencionan mejoras en el control de costes, la capacidad de inversión y la previsión de problemas de liquidez.
Por último, junto a los desafíos ya consolidados, comienzan a ganar peso nuevas preocupaciones vinculadas a la integración tecnológica en la gestión financiera. La incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de trabajo ya se sitúa entre los principales retos empresariales, con cerca de un 12 % de las empresas que la identifica como su primera preocupación.
Mejora la digitalización
Y eso que la digitalización financiera está avanzando, pero aún no puede considerarse un proceso plenamente consolidado. Solo un 30% de las pymes sitúa la digitalización de sus procesos financieros en niveles altos frente al 28% del año pasado. Por otro lado, el 49% la califica como intermedia y un 20% como baja.
Entre los motivos que impulsan la digitalización destacan el ahorro de tiempo y costes (44%), seguido de la mejora de la competitividad (36%), el aumento del control financiero (34%) y el cumplimiento normativo (34%). La pyme digitaliza, por tanto, para operar mejor y adaptarse al entorno, más que por una visión transformadora de largo plazo. En este contexto, soluciones financieras integradas contribuyen a este enfoque pragmático al combinar cumplimiento, visibilidad en tiempo real y reducción de tareas manuales en una única plataforma.
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que la digitalización no está teniendo un impacto claro en la reducción de la carga operativa. El 42% siente que esto frena su capacidad estratégica, pero la agenda de prioridades no contempla soluciones al respecto. Entre las empresas con digitalización alta, el 23% dedica más de 10 días al mes a tareas administrativas, frente al 9% en las de digitalización baja.
“La diferencia, de apenas medio punto porcentual, sugiere que el problema no radica en la falta de adopción tecnológica, sino en cómo esta se está implementando: con herramientas poco integradas, procesos duplicados y una operativa todavía fragmentada”, sugiere el informe.
Las medidas ya implementadas por las empresas muestran, no obstante, un movimiento real hacia la profesionalización. Destacan la formación interna y el asesoramiento legal (49%) y la contratación de herramientas especializadas (48%), seguidas por la revisión de políticas de ciberseguridad (31%), la externalización de la gestión normativa (24%) y la solicitud de crédito para invertir en digitalización (22%). La adaptación, por tanto, no se limita al software, implica también conocimiento, reorganización interna y decisiones de inversión.
Herramientas tecnológicas
En cuanto a las herramientas implantadas en los últimos doce meses, el software de facturación electrónica encabeza la lista con un 47%, impulsado en gran medida por cambios regulatorios. Le siguen las soluciones de gestión financiera digital (31%), las herramientas de control de gastos para equipos (26%) y los sistemas ERP o CRM integrados con contabilidad (21%). Aun así, un una de cada cinco empresas reconoce no haber digitalizado todavía sus finanzas, lo que deja un escenario claramente desigual.
Ahora bien, la acumulación de herramientas digitales no se traduce necesariamente en una mayor eficiencia. Entre las empresas que utilizan seis o más soluciones, solo el 39 % alcanza niveles altos de digitalización, mientras que un 34 % se sitúa en niveles intermedios y un 27 % en niveles bajos. Lejos de indicar madurez digital, este patrón sugiere en muchos casos una mayor complejidad operativa, con sistemas que no están conectados entre sí y que dificultan la visibilidad global.
Con todo, un 65% de las empresas reconoce que la digitalización ha transformado la forma en que se crean y gestionan los negocios. Más de la mitad (51%) considera que las pymes más exitosas serán aquellas que integren soluciones tecnológicas financieras innovadoras desde etapas tempranas. Casi 6 de cada 10 empresas (57%) señalan que las diferencias generacionales condicionan el uso de herramientas financieras dentro de la organización. Asimismo, un 52% coincide en que el modelo empresarial actual se caracteriza por la digitalización, la flexibilidad y una mayor independencia bancaria, mientras que un 35% percibe la aplicación de VeriFactu como una medida necesaria que contribuirá a la expansión del negocio en 2026.
Implantación de la factura electrónica
La ampliación de plazos en la implantación de la facturación electrónica ha convertido 2026 en un año de transición clave para las pymes españolas. “Aquellas empresas que aprovechen este margen para integrar herramientas, profesionalizar procesos y ganar visibilidad financiera llegarán a 2027 con una posición más sólida. Y las que lleguen al cambio con herramientas dispersas, con baja integración o con un desconocimiento operativo, afrontarán no solo un problema de cumplimiento, sino también de eficiencia, fiabilidad y capacidad de respuesta”, considera el informe”, valora el informe.
Tras el primer trimestre de 2026, persisten dudas operativas y un grado de preparación desigual, con una adopción es heterogénea: sólo un 23% de las pymes la tiene ya integrada en sus procesos, un 36% está en fase de prueba y un 12% planea implantarla en los próximos meses. En el lado opuesto, casi 3 de cada 10 empresas (29%) todavía no lo contempla por el momento.
Este ritmo de adopción resulta relevante porque refleja que las nuevas obligaciones legales han ganado peso. Sin embargo, la facturación electrónica se percibe todavía más como un requisito técnico que como una oportunidad de valor, lo que genera dudas operativas pese a la conciencia de la necesidad de adaptación.
