David Martínez, director del Área de Sostenibilidad del Institut Cerdà
El 8 de julio, el Observatorio Fabra de Barcelona registró 40,7 °C, la temperatura más alta en sus 112 años de serie ininterrumpida. Ese mismo día, diez estaciones meteorológicas de Catalunya batieron simultáneamente su máximo histórico. Los récords que antes tardaban tres décadas en caer, ahora caen cada dos veranos (el récord anterior, los 40,0 °C, data de julio del 2024).
Más allá de la cifra, lo que debería preocuparnos es la consolidación de una nueva normalidad climática. El cambio climático ya no es una proyección lejana ni una cuestión que afecte únicamente a determinados ecosistemas. Es una realidad que incide directamente en la salud de las personas, el funcionamiento de las ciudades, la disponibilidad de agua, la producción agrícola, las infraestructuras, la actividad económica y la cohesión social.
En concreto, durante el verano del 2022, el más cálido registrado hasta entonces en Europa, el calor provocó más de 61.000 muertes en el continente, unas 11.300 en España, según el estudio liderado por el Institut de Salut Global de Barcelona y publicado en Nature Medicine (https://www.isglobal.org/-/el-calor-record-del-verano-de-2022-causo-mas-de-61-000-muertes-en-europa).
El calor extremo no afecta a todo el mundo de la misma manera: las personas mayores, los niños, los trabajadores expuestos al exterior y las personas con enfermedades previas son especialmente vulnerables. También lo son los hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada, las viviendas con un aislamiento deficiente y los barrios más densos, con menos vegetación y más superficies que acumulan calor. El cambio climático actúa, así, como un multiplicador de desigualdades preexistentes.
Al mismo tiempo, las elevadas temperaturas, la sequedad de la vegetación y la falta prolongada de precipitaciones crean condiciones especialmente favorables para la propagación de los incendios forestales. Durante las últimas semanas, Catalunya ha debido hacer frente a diversos focos simultáneos, con confinamientos preventivos de miles de personas. Bomberos ha advertido que la simultaneidad de incendios es precisamente unos de los principales retos operativos de las campañas actuales.
Debe evitarse, pero, una interpretación excesivamente simple. El cambio climático no es la única causa de los incendios: también intervienen el abandono rural, la acumulación de biomasa, la ausencia de gestión forestal y los cambios en los usos del suelo. Sin embargo, las condiciones climáticas actuales aumentan la probabilidad de que un incendio se propague con mayor rapidez, alcance más intensidad y supere la capacidad de extinción.
La región mediterránea es especialmente vulnerable a esta combinación de riesgos: se calienta un 20% más rápido que la media global, según la red científica MedECC (https://www.medecc.org/the-relation-between-climate-change-in-the-mediterranean-region-and-global-warming-scientific-paper/), y este calentamiento interactúa con la pérdida de biodiversidad, la presión sobre los recursos hídricos y la degradación de los suelos. No es casual que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático identifique la Mediterránea como uno de los principales puntos críticos del planeta.
Ante esta realidad, el problema ya no es la falta de diagnóstico. El problema es que continuamos gestionando el riesgo climático como una emergencia y no como una variable de planificación. Activamos las alertas, abrimos refugios climáticos y desplegamos medios de extinción, pero la adaptación sigue prácticamente ausente de los ámbitos en los que se adoptan las decisiones estructurales: la planificación urbanística de los ayuntamientos, los presupuestos públicos, la gestión del patrimonio forestal o el análisis de los riesgos de las empresas sobre sus instalaciones, plantillas y cadenas de suministro.
Las medidas son conocidas. En las ciudades, ampliar la infraestructura verde, rehabilitar energéticamente las viviendas más vulnerables y garantizar refugios climáticos accesibles. En el medio rural, recuperar paisajes en mosaico y apoyar la actividad agrícola y ganadera, que es el cortafuego más eficaz y económico de que disponemos. Para las empresas, identificar los riesgos físicos e incorporarlos en la toma de decisiones antes de que lo haga una interrupción de actividad.
Pero adaptarnos no significa resignarnos. Cuanto más aumente la temperatura global, más intensos y costosos serán los impactos, y algunas cosas dejarán de ser adaptables. Por eso la adaptación debe ir necesariamente acompañada de una reducción de las emisiones y de una transformación del modelo energético y productivo.
Los 40,7 °C del Fabra y los incendios de estas semanas no son episodios aislados: son señales de una transformación estructural que nos obliga a revisar cómo planificamos, cómo construimos y cómo gestionamos el territorio. Disponemos del conocimiento, de la tecnología y de la capacidad de actuación. Lo que cada episodio extremo pone a prueba es si también disponemos de la voluntad de anticiparnos, o si seguiremos esperando el próximo récord para después actuar.
