Reclamamos un gran acuerdo político y social contra la emergencia climática

En alianza Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF efectúan un llamamiento a todas las fuerzas políticas, administraciones públicas, agentes sociales, sectores económicos y ciudadanía para alcanzar dicho acuerdo.

Los incendios de estos días están alcanzando cifras nunca vistas, con más de 170.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año y más de 10.000 personas afectadas actualmente por los incendios de Madrid, Ávila y Castellón.

Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas por los grandes incendios forestales que están castigando distintas zonas de España, así como con quienes trabajan para proteger a la población y combatir el fuego. Recordamos también el enorme impacto que estos fenómenos tienen sobre la fauna, animales y ecosistemas que pueden tardar siglos en recuperarse.

Aunque cada incendio tenga causas inmediatas diferentes, el cambio climático está intensificando las condiciones que favorecen su propagación y virulencia, con temperaturas más elevadas, sequías más prolongadas y una vegetación sometida a un creciente estrés hídrico.

Hay que destacar que la sociedad española demuestra una gran capacidad de solidaridad durante las catástrofes, pero adviertimos de que esa unidad no puede limitarse a los momentos de crisis y consideran necesario transformar esa respuesta colectiva en un compromiso político y social permanente que permita anticiparse a los riesgos, reducir sus impactos y proteger especialmente a las personas más vulnerables.

Subrayamos además que la emergencia climática ya está teniendo consecuencias directas sobre la salud. En 2025 se estimaron 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en España, mientras que entre 2015 y 2025 la cifra acumulada, según el Ministerio de Sanidad, alcanzó las 27.564 personas fallecidas.

Valoramos positivamente la propuesta de Pacto de Estado, algo que venimos reclamando varias legislaturas. No obstante, estaremos vigilantes para que el pacto se traduzca en compromisos concretos: objetivos verificables, calendarios de aplicación, financiación suficiente, coordinación entre administraciones, evaluación periódica de resultados y mecanismos estables de participación pública.