- En Guinea, dos años después del veredicto del primer juicio por los hechos del 28 de septiembre de 2009, el proceso judicial nunca ha sido tan frágil.
- Este juicio histórico prometía establecer responsabilidades claras sobre los hechos que tuvieron lugar el 28 de septiembre. Sin embargo, después del indulto del principal responsable, se están produciendo constantes absoluciones de acusados y vicios de forma.
- Para la mayoría de las víctimas, la última esperanza de justicia es la apertura del juicio de apelación, la reanudación y el refuerzo del proceso de indemnización a las víctimas, que sigue siendo parcial, opaco y controvertido.
3 de agosto de 2026. Hace dos años, el 31 de julio de 2024, el Tribunal de Dixinn declaró culpables a varios altos cargos guineanos por su responsabilidad e implicación en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la masacre del 28 de septiembre de 2009 en Conakry. Sin embargo, desde entonces, las víctimas y las partes civiles han sufrido continuos reveses, y siguen careciendo de información y visibilidad sobre la organización del juicio de apelación.
El 28 de marzo de 2025, el general Mamadi Doumbouya concedió un indulto presidencial al ex Presidente guineano Moussa Dadis Camara, condenado en primera instancia a 20 años de prisión, por supuestos motivos de salud. Otros dos condenados de gran importancia, Claude Pivi, ministro de Seguridad Presidencial en el momento de los hechos, y Aboubacar Diakité, conocido como Toumba, fallecieron mientras se encontraban detenidos el 6 de enero y el 25 de marzo de 2026, respectivamente. Con ellos desaparecieron algunos elementos fundamentales del caso, lo que dificultó el pleno esclarecimiento de la verdad.
La segunda fase del proceso judicial dio comienzo el 18 de diciembre de 2025 ante la misma instancia, que se había trasladado al Tribunal de Apelación de Conakry, y dio lugar a una serie de resoluciones desfavorables para las partes civiles: el 23 de febrero de 2026, el proceso contra Georges Oulemou, Thomas Touaro y Jean-Louis Kpoghomou fue anulado por vicio de forma y los tres hombres quedaron en libertad; el 27 de julio de 2026, tras siete meses de juicio y cuando el fiscal había solicitado una pena de 10 años de prisión, el coronel Bienvenu Lamah fue absuelto de todos los cargos, tras más de tres años y ocho meses de prisión preventiva. El conjunto de juristas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Organisation guinéenne de défense des droits de l’Homme et du citoyen (OGDH) y la Association des victimes, parents et amis du 28 septembre (AVIPA) en representación de las partes civiles, y el Ministerio Público, han interpuesto recurso de apelación contra estas resoluciones.
"El indulto concedido a Dadis Camara, la muerte de Claude Pivi y Toumba Diakité, y la absolución de Bienvenu Lamah son hechos que suponen un duro golpe para el proceso judicial. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, continuamos con decisión y plena movilización junto a las víctimas, con el fin de que el juicio del 28 de septiembre de 2009 llegue a su fin y que este proceso judicial contribuya a la lucha contra la impunidad en Guinea", declara el abogado Alpha Amadou DS Bah, presidente de la OGDH y coordinador del conjunto de juristas de la defensa que representa a las partes civiles.
"Dos años después de este veredicto histórico, asistimos a un auténtico desmoronamiento de los logros alcanzados en el juicio. Más allá de las consecuencias para las víctimas, hoy en día se está poniendo a prueba la propia credibilidad de la complementariedad entre la justicia guineana y la Corte Penal Internacional (CPI). Las autoridades guineanas tienen una responsabilidad especial a la hora de preservar esta obra de justicia, aunque la Fiscalía de la CPI también debe mantener su pleno compromiso, de conformidad con el memorando de entendimiento firmado con Guinea y con su política de complementariedad", declaró Alexis Deswaef, presidente de la FIDH.
El juicio del 28 de septiembre de 2009 es mucho más que un caso emblemático para Guinea. Desde que la CPI comenzó su examen preliminar en 2009, y posteriormente, con la firma en 2022 de un memorando de entendimiento entre la Fiscalía de la CPI y las autoridades guineanas, este caso se ha convertido en uno de los principales ejemplos de la aplicación del principio de complementariedad establecido en el Estatuto de Roma. Los acontecimientos que se vienen observando a lo largo de los últimos dos años recuerdan que la complementariedad no se limita al hecho de dictar una sentencia, sino que supone que los procedimientos lleguen a su fin, que las decisiones se ejecuten y que las víctimas obtengan reparaciones efectivas, lo que, al día de hoy, constituye la última esperanza de justicia para muchas de ellas.
En lo que respecta al proceso de indemnización, la FIDH, la OGDH y la AVIPA alertan sobre las numerosas deficiencias. El decreto del 26 de marzo de 2025 sobre la indemnización, financiado con cargo al presupuesto nacional, reconoce la sentencia de julio de 2024 y prevé que las 334 víctimas reciban un primer pago de indemnización. Sin embargo, se ha excluido a más de 400 partes civiles, sin explicación clara ni calendario. En mayo de 2026, menos de 200 víctimas habrían recibido una indemnización. No se han comunicado con claridad los criterios de selección de las víctimas indemnizadas, y el modus operandi para la identificación de las víctimas, al igual que ocurre con la concesión y el pago de las indemnizaciones, que continúa siendo muy opaco. Esta situación alimenta un profundo sentimiento de injusticia, así como frustraciones y tensiones crecientes entre las víctimas.
"Las víctimas y sus familias han luchado sin descanso a lo largo de casi 17 años, para que el juicio del 28 de septiembre sea una realidad y que la lucha contra la impunidad constituya una prioridad en Guinea. A pesar de todos los obstáculos en el largo camino hacia la justicia, consideramos que las autoridades guineanas deben reactivar la voluntad política que prevaleció en la apertura de este juicio en 2022. Continuamos nuestra movilización para que se respeten los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de todas las víctimas", declara Asmaou Diallo, presidenta de la AVIPA.
Casi 17 años después de los hechos y, ante la amenaza de que el juicio del 28 de septiembre no culmine en la tan esperada justicia, la FIDH, la OGDH y la AVIPA instan a las autoridades guineanas a que adopten medidas urgentes para restablecer la integridad del proceso judicial y garantizar su culminación en el marco del respeto de las normas y estándares internacionales.
Contexto
El 28 de septiembre de 2009, multitud de personas se manifestaron de forma pacífica en el gran estadio de Conakry para pedir una transición democrática y la celebración de elecciones libres. Miembros de las fuerzas de defensa y seguridad guineanas, entre otros, miembros de la guardia presidencial, orquestaron y cometieron entonces una masacre, durante ese mismo día y los siguientes, en la que murieron al menos 156 personas y decenas se encuentran desaparecidas. Más de un centenar de mujeres fueron víctimas de violaciones u otras formas de violencia sexual, como la mutilación genital y la esclavitud sexual.
Desde 2009, la OGDH y la FIDH investigan las violaciones cometidas. En 2010, la FIDH, la OGDH y la AVIPA se constituyeron en parte civil y acompañan a las víctimas en su búsqueda de justicia. Desde septiembre de 2022, representan a cerca de 750 víctimas en un juicio emblemático para la justicia penal internacional.
