El profesor Fernando Pinto Palacios en una conferencia.
19 de agosto de 2026. El profesor del Máster Universitario en Ejercicio de la Abogacía y la Procura de la Universidad Isabel I, Fernando Pinto Palacios, ha analizado la transformación que ha experimentado el recurso de casación penal en España durante la última década, una evolución que, a su juicio, ha redefinido el papel del Tribunal Supremo como garante de la interpretación uniforme de la ley penal.
En un artículo de opinión publicado por el Consejo General de la Abogacía Española, el magistrado y letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo explica cómo las reformas legislativas y la evolución de la jurisprudencia han convertido este recurso en una herramienta esencial para fortalecer la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación del Derecho.
Pinto Palacios sitúa el punto de inflexión en la Ley 41/2015, que generalizó la segunda instancia penal al permitir recurrir en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Por otro lado, la reforma introdujo un nuevo recurso de casación frente a las sentencias dictadas en apelación por la Audiencia Provincial y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, si bien, en este caso, el recurso solo podía fundamentarse en la infracción de ley penal sustantiva (error iuris). La admisión de este nuevo recurso estaba supeditada a la concurrencia de interés casacional. Surgió, de esta manera, el concepto de interés casacional cuyos contornos fueron definidos en el Acuerdo No Jurisdiccional del Pleno de la Sala de lo Penal de 9 de junio de 2016.
Una función orientada a unificar la interpretación de la ley
El profesor de la Universidad Isabel I recuerda que la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 210/2017 marcó las líneas maestras de esta nueva modalidad de casación, subrayando que su finalidad principal era asegurar una interpretación homogénea de la legislación penal en todo el territorio nacional.
En este sentido, señala que el fundamento del recurso trasciende la tutela judicial efectiva, ya satisfecha tras las dos instancias ordinarias, para centrarse en la protección de la seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución Española) y en la igualdad en la aplicación de la ley penal (artículo 14 de la Constitución Española).
Gracias a este modelo, el Tribunal Supremo ha fijado jurisprudencia sobre numerosos delitos con un significativo impacto en la práctica profesional, entre ellos, los relacionados con la violencia de género y doméstica, el stalking, el sexting, el quebrantamiento de condena, los delitos patrimoniales, la seguridad vial o los delitos contra los animales y la fauna, contribuyendo a ofrecer criterios interpretativos estables y uniformes para jueces y tribunales.
La reforma de 2023 refuerza los filtros de admisión
En su análisis, Pinto Palacios también aborda la reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2023, motivada por el incremento sostenido de recursos de casación desde la entrada en vigor de la Ley 41/2015.
La modificación normativa endurece los requisitos formales para preparar el recurso, amplía las facultades del órgano judicial que dicta la resolución recurrida para comprobar su correcta formulación, elimina el trámite de alegaciones posterior a la impugnación y permite inadmitir determinados recursos frente a sentencias dictadas en apelación por los Tribunales Superiores de Justicia o por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional por falta de relevancia casacional cuando las penas impuestas no superen los 5 años de prisión.
Para el docente del Máster en Ejercicio de la Abogacía y la Procura de la Universidad Isabel I, las reformas efectuadas en 2015 y 2023 han consolidado el recurso de casación como un instrumento esencial para garantizar la interpretación y aplicación uniforme de la ley penal.
