Escrito por Grace Curpen
A principios de este año, el Estado español anunció un proceso extraordinario de regularización para las personas migrantes en situación administrativa irregular que viven en España. Refugees Welcome (RW) fue una de las entidades colaboradoras en materia de extranjería del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para apoyar a las personas durante el proceso de solicitud. Este artículo recoge las reflexiones de dos miembros del equipo de RW, Flavia y Mün, sobre su experiencia durante el proceso y las barreras a las que se enfrentaron tanto las personas solicitantes como las organizaciones implicadas.
Introducción
En la primavera de 2026, España anunció un proceso extraordinario de regularización para las personas migrantes en situación administrativa irregular que residían en el país. La medida tenía como objetivo promover una mayor estabilidad e igualdad de derechos, permitiendo a las personas migrantes ya residentes en España regularizar su situación administrativa y obtener el derecho a vivir y trabajar legalmente en el país durante un año. No era la primera vez que ocurría algo así: en la historia reciente de España se han llevado a cabo un total de siete procesos extraordinarios de regularización, siendo el primero entre 1985 y 1986, una década después de la caída del régimen franquista (MISSMI, 2026).
Este proceso no surgió de manera espontánea: fue el resultado de seis años de presión sostenida por parte de organizaciones de base y de la sociedad civil para regularizar a la población migrante en situación administrativa irregular en España. Durante la pandemia de la COVID-19, más de 120 organizaciones se unieron para formar el colectivo Regularización Ya y enviaron una carta al Gobierno con 1.200 firmas exigiendo la puesta en marcha de un proceso de regularización. Aunque las primeras propuestas no prosperaron, el movimiento continuó con su labor de incidencia y finalmente impulsó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), un mecanismo de democracia directa que permite a la ciudadanía proponer leyes mediante la recogida de al menos 500.000 firmas. Respaldada por más de 700.000 firmas, la propuesta fue admitida a trámite en 2024 y finalmente aprobada a principios de 2026, con el objetivo de regularizar aproximadamente a 700.000 personas migrantes en situación irregular (Regularización Ya, 2026).
Cabe destacar que el debate y la tramitación parlamentaria de esta ILP habrían requerido normalmente meses o incluso años para completarse. Por ello, el Consejo de Ministros impulsó el Real Decreto 316/2026, que permitió la aplicación inmediata de la medida. Así fue como la Ley de Regularización Extraordinaria entró en vigor el 14 de abril de 2026.
El movimiento Regularización Ya constituye un ejemplo de cómo la movilización sostenida de la sociedad civil puede generar cambios en las políticas públicas y fortalecer la participación democrática mediante la acción colectiva.
¿Por qué la regularización es importante?
La importancia de la regularización va mucho más allá de la legalidad de la situación administrativa de una persona. Se trata de un mecanismo que protege los derechos y la dignidad de quienes viven en España y que, al mismo tiempo, fortalece la democracia al responder a demandas impulsadas desde la sociedad civil. Regularizar la situación administrativa de una persona migrante permite protegerla frente a la coerción, la explotación y las desigualdades, al tiempo que facilita su plena participación en sus nuevas comunidades y en la sociedad en general.
La existencia de una población en situación administrativa irregular ha beneficiado históricamente a determinados sectores del mercado laboral. La disponibilidad de mano de obra barata y la explotación de trabajadores han contribuido a reducir costes para empleadores y empresas. Las personas migrantes en situación irregular suelen concentrarse en sectores físicamente exigentes y mal remunerados, como el trabajo doméstico y de cuidados, la limpieza o la agricultura, donde se enfrentan a salarios bajos, condiciones laborales precarias y, sobre todo, a una protección laboral limitada debido a que no están registradas legalmente como trabajadoras. Esto genera un sistema propicio para la explotación, en el que algunos empleadores obtienen beneficios gracias a la vulnerabilidad de estas personas. Al otorgar el derecho legal a trabajar, la regularización fortalece el acceso a los derechos laborales, la representación sindical y la protección jurídica. También cuestiona la idea errónea de que las personas migrantes en situación irregular no contribuyen a la sociedad. Aunque muchas quedan excluidas de los mecanismos formales de tributación vinculados al empleo, contribuyen económicamente a través del consumo de bienes y servicios sujetos a impuestos. La regularización beneficia, por tanto, no solo a las personas migrantes, sino también al objetivo más amplio de construir un mercado laboral más justo y transparente.
El proceso de regularización: sobre el papel y en la práctica
Para poder acceder a la regularización extraordinaria, el Estado español estableció los siguientes requisitos:
- Haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en el país durante al menos cinco meses consecutivos.
- No tener antecedentes penales ni en el país de origen ni en España. También podían presentar la solicitud las personas con infracciones menores que no estuvieran clasificadas como graves o muy graves.
- Estar en proceso de solicitud de protección internacional, haber tenido una denegación o un recurso.
- Quienes no hubieran solicitado protección internacional debían presentar un certificado de vulnerabilidad, una acreditación de discapacidad o un contrato laboral o prelaboral.
- Los familiares, parejas registradas e hijos menores de edad podían presentar la solicitud conjuntamente como unidad familiar.
Aunque estos requisitos parecían relativamente sencillos, en la práctica muchos resultaron difíciles de cumplir y generaron confusión, dejando incluso a algunas personas fuera del proceso. Las personas apátridas y las de nacionalidad ucraniana, por ejemplo, no podían acogerse a esta medida. Acreditar la residencia fue especialmente complicado para muchas personas, ya que no disponían de empadronamiento ni de la documentación necesaria para obtenerla. Como alternativa, se aceptaron otras pruebas de residencia, como recibos de compra, matrículas en cursos o centros comunitarios, o carnés de biblioteca, siendo necesario presentar al menos dos pruebas por cada mes de residencia.
Aunque el trámite de regularización era técnicamente gratuito, se estableció una tasa administrativa de 38,28 euros para las personas adultas y de 10,94 euros para los menores, un coste que podía resultar especialmente difícil de asumir para las familias y, en general, para las personas solicitantes que, debido a su situación administrativa, teóricamente no contaban con un trabajo ni ingresos oficiales. Además, el proceso generó oportunidades para la explotación económica, incluyendo casos de precios inflados por servicios de asesoramiento legal y personas que llegaron a pagar hasta 4.000 euros por contratos prelaborales falsos.
La participación de Refugees Welcome en el proceso de regularización
A pesar de los años de incidencia política y debate que precedieron al proceso extraordinario de regularización en 2026, la Oficina de Extranjería parecía no estar preparada para la magnitud de la tarea administrativa que tenía por delante. Esta situación se vio agravada por la falta de claridad en la comunicación de los requisitos y por la incorporación de última hora del certificado de vulnerabilidad como criterio de elegibilidad, lo que generó confusión entre muchas personas solicitantes que no sabían dónde ni cómo obtenerlo.
Con el fin de reducir la carga de trabajo de las oficinas municipales encargadas de tramitar las solicitudes, el Gobierno designó a determinadas organizaciones sociales como entidades colaboradoras autorizadas para emitir certificados de vulnerabilidad. Para ello, debían acreditar al menos dos años de trabajo con población migrante, requisito que cumplía Refugees Welcome, una organización sin ánimo de lucro que lleva diez años trabajando en España para conectar a personas refugiadas y desplazadas con soluciones de vivienda y promover una cultura de acogida.
“Refugees Welcome lucha por el acceso a una vivienda digna para personas refugiadas y migrantes, y para acceder a una vivienda es necesario contar con una situación administrativa regular. Por eso vimos claramente la necesidad de apoyar este proceso de regularización”, nos explicó Flavia.
Una conversación reciente con Flavia y su compañero Mün nos permitió conocer de primera mano cómo se desarrolló el proceso. Refugees Welcome reunió a un equipo de 24 personas voluntarias y, junto con voluntarias de la Sociedad Feminista de Rubí, ofreció apoyo en Rubí, Sant Cugat y Barcelona. La organización emitió certificados de vulnerabilidad, ayudó a recopilar documentación, acompañó a las personas solicitantes en la obtención de citas con la Policía y el Ministerio de Justicia y ofreció orientación general durante todo el proceso.
Algunos datos clave
- Entre mediados de abril y finales de junio de 2026, RW prestó apoyo a un total de 486 personas.
- 24 personas voluntarias y 3 miembros del equipo de Refugees Welcome participaron en el proceso.
- Se ofreció atención en 13 idiomas diferentes: inglés, árabe (cuatro dialectos), francés, italiano, alemán, hindi, urdu, bengalí, wolof y lengua de signos catalana.
- Se emitieron 432 certificados de vulnerabilidad: 198 en Barcelona, 204 en Rubí y 30 en Sant Cugat.
- 54 personas recibieron acompañamiento puntual para completar formularios, solicitar citas y realizar otros trámites.
- 13 personas recibieron acompañamiento integral durante todo el proceso.
- RW presentó 9 expedientes de extranjería.
- Se elaboraron 4 documentos para simplificar el proceso de regularización extraordinaria.
- La oficina ofrecía iluminación adaptada para personas con sensibilidad a la luz y era accesible para usuarios de silla de ruedas.
- El horario de atención se amplió hasta las 19:00 h para facilitar el acceso a quienes trabajaban durante el horario habitual de oficina.
Retos a los que se enfrentaron las entidades colaboradoras
Flavia y Mün señalaron que el principal reto fue la naturaleza altamente individualizada de cada caso, lo que dificultaba aplicar un procedimiento estandarizado a todas las personas solicitantes. Como consecuencia, organizaciones como RW tuvieron dificultades para determinar qué apoyos y derivaciones eran más adecuados para cada persona. Esta situación se vio agravada por la escasa información proporcionada por las administraciones públicas sobre las entidades de apoyo disponibles.
En términos generales, también faltaron espacios de coordinación y comunicación entre organizaciones que permitieran responder de forma más eficaz a las necesidades de las personas solicitantes. Mientras algunas entidades se vieron completamente desbordadas por la demanda, otras, como Refugees Welcome, no figuraban en los listados oficiales de entidades de apoyo en Barcelona y, por tanto, no pudieron contribuir a aliviar la presión existente.
Las organizaciones también carecieron de orientaciones claras por parte de los Ministerios del Interior y de Justicia sobre la normativa y los procedimientos relacionados con la regularización. Esto resultó especialmente complejo para el personal y las personas voluntarias que no tenían formación jurídica o en políticas migratorias. Habitualmente, las administraciones elaboran guías visuales para facilitar la realización de trámites administrativos, pero en este caso no se proporcionó ninguna herramienta similar. Finalmente, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) elaboró un manual para ayudar a las personas solicitantes, poniendo de manifiesto una vez más cómo las organizaciones sociales se ven obligadas con frecuencia a cubrir vacíos dejados por las instituciones públicas.
Retos a los que se enfrentaron las personas solicitantes
El objetivo inicial de Regularización Ya era llegar a unas 700.000 personas solicitantes, pero finalmente se presentaron más de 1,1 millones de solicitudes (Europa Press, 2026). Esto representó un grupo extremadamente amplio y diverso, con necesidades distintas y diferentes niveles de familiaridad con el sistema burocrático español. Un proceso estandarizado, combinado con información y orientación limitadas, hizo que muchas personas encontraran importantes obstáculos.
Es importante reconocer que no todas las personas solicitantes podían desenvolverse en el proceso de manera fácil o autónoma, especialmente aquellas que no sabían leer o escribir. No se implementaron medidas específicas para informar y acompañar a personas con distintos niveles de alfabetización. La mayoría de quienes solicitaban la regularización trabajaban de lunes a viernes en horario laboral, al igual que las administraciones encargadas de prestar asistencia. La falta de flexibilidad horaria obligó a muchas personas a ausentarse del trabajo para reunir la documentación necesaria. Algunas también se enfrentaron a barreras digitales por falta de familiaridad con los procedimientos en línea. El proceso de regularización resultó difícil para las personas sordas o ciegas, ya que no pudieron recibir la asistencia necesaria durante todo el trámite administrativo. El uso de servicios legales fue costoso, especialmente porque algunos abogados inflaron sus honorarios debido al corto plazo del proceso. Lo que se suponía que sería un trámite económico se convirtió en un obstáculo para las personas y familias de bajos ingresos.
El plazo para presentar las solicitudes constituyó otro obstáculo importante. Las personas interesadas dispusieron de tan solo 75 días para completar el proceso. Este periodo no tuvo en cuenta los largos tiempos de espera para obtener citas, conseguir certificados de vulnerabilidad, recopilar documentos ni afrontar el proceso de acuerdo con las circunstancias personales de cada solicitante. Además, durante esos 75 días coincidieron huelgas del personal de Extranjería y de Correos, festivos y jornadas de cierre administrativo, reduciendo aún más el margen real para presentar las solicitudes.
