La Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Director General de Consumo de 18 de septiembre de 2026, que denegó por completo el acceso a la documentación relativa a 141 anuncios de alojamientos turísticos israelíes y a los requerimientos de retirada o bloqueo que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 —el que dirige el activista Pablo Bustinduy— afirmó haber dirigido a cinco plataformas.
La solicitud se formuló el 11 de agosto al amparo de la Ley 19/2013. La Administración no identifica un límite concreto del artículo 14, no acredita un perjuicio real, concreto y actual, no pondera el interés público y omite el acceso parcial y la disociación de datos. Invoca, de forma indebida, preceptos de la normativa de consumo que no constituyen un régimen específico de acceso a la información.
Este Gobierno habla de transparencia y practica la opacidad permanente. Niega incluso los antecedentes de una actuación que él mismo anunció. Cuando un Ejecutivo que se presenta como ejemplar cierra el expediente entero, no cabe otra lectura razonable: hay algo que no quiere que se vea. Y lo que se oculta con tanto celo rara vez es inocuo.
ACOM pedirá la anulación de la resolución y el acceso a la información, o al menos el acceso parcial previo disociación. El expediente deberá remitirse completo.
