La situación de los jóvenes constituye quizá su manifestación más preocupante. La tasa de emancipación juvenil se encuentra en niveles mínimos, somos la tercera región con la cifra más baja de toda España. Miles de jóvenes que trabajan y desean iniciar una vida independiente no pueden hacerlo porque sus ingresos no les permiten asumir el coste de una vivienda.
España se encuentra, además, entre los países europeos donde más tarde se abandona el hogar familiar. La edad media de emancipación se sitúa alrededor de los 30 años, casi cuatro años por encima de la media de la Unión Europea. En Finlandia, Dinamarca o Suecia, los jóvenes se independizan antes de los 22 años. Esta diferencia no responde únicamente a factores culturales. Refleja también distintos mercados laborales, políticas públicas y, especialmente, una disponibilidad de vivienda mucho mayor.
En Navarra, el problema esencial es igualmente la escasez. Durante años se ha construido menos de lo necesario, mientras la población, el número de hogares y la demanda de vivienda protegida seguían aumentando. En 2025 se iniciaron 2.377 viviendas, de las que solo 630 fueron protegidas, una cifra irrisoria. Entretanto, las solicitudes de vivienda protegida alcanzaron las 24.719, casi cuatro veces más que en 2011. Y si éste es el problema, quizás la causa principal sea la falta de previsión y estrategia política en este ámbito: ¿Es que no era previsible que ocurriera esto con las cifras de pirámide de población, mercado inmobiliario, inmigración, etcétera? ¿En qué estaban nuestros responsables políticos de vivienda? A nivel nacional y regional.
Cuando la demanda aumenta y la oferta no lo hace al mismo ritmo, el resultado es previsible: suben los precios. Es una realidad que conocen perfectamente quienes buscan piso. Las ayudas pueden aliviar temporalmente el esfuerzo de algunas familias, pero, si no se incrementa la oferta, terminan trasladándose en buena medida a los precios.
En este contexto, el anuncio de 6.000 viviendas en la ampliación de Sarriguren debe ser recibido favorablemente. Navarra necesita nuevos desarrollos y suelo disponible. El proyecto prevé que entre el 70% y el 80% sean viviendas protegidas, además de dotaciones y nuevos accesos. Es mejor anunciar la construcción de vivienda que continuar negando el problema de oferta.
Pero conviene evitar el triunfalismo. El PSIS todavía está en redacción y el Gobierno aspira únicamente a aprobarlo inicialmente antes de que termine la legislatura. Los terrenos siguen siendo agrícolas y se calcula que las máquinas podrían entrar dentro de dos o tres años. Después habrá que urbanizar, construir por fases y entregar las viviendas. Por tanto, una parte importante de esas 6.000 viviendas tardará muchos años en estar disponible.
Mientras esperamos, la política inmediata sigue centrada en topar los alquileres. La limitación puede reducir el precio de determinados contratos que permanecen dentro del mercado regulado, pero no crea una sola vivienda. Además, genera efectos secundarios perversos. En Navarra, los contratos de temporada pasaron del 5% al 11% del total en 2025. Es decir, se está reduciendo la oferta de alquiler permanente en Pamplona y se está produciendo un fuerte crecimiento del alquiler temporal.
El resultado es paradójico: se controla el precio de las viviendas que permanecen en el mercado estable, pero cada vez resulta más difícil encontrarlas. Ante una regulación más rígida, algunos propietarios retiran sus pisos, los venden o los trasladan al alquiler de temporada.
Tampoco parece del todo coherente que, mientras el techo de gasto del Gobierno de Navarra para 2027 aumenta un 8,4%, el presupuesto previsto para el departamento competente en vivienda apenas crezca un 2,4%. Si la vivienda es una prioridad, debe reflejarse en los presupuestos, en la movilización de suelo, en la agilización de licencias y en la colaboración público-privada.
El problema se viene labrando durante años y no desaparecerá en una legislatura. Precisamente por eso resulta urgente actuar hoy. Navarra necesita más suelo, más vivienda libre y protegida, más alquiler asequible, seguridad jurídica y procedimientos urbanísticos mucho más rápidos. Las soluciones no son automáticas, pero cada día sin actuar es un día perdido. Y Navarra lleva demasiado tiempo aplicando una política de vivienda con rumbo equivocado.
