El PSOE de Miranda de Ebro cede la Casa de Cultura municipal a dos encausados de la Audiencia Nacional vinculados a Samidoun y a redes de apoyo a organizaciones terroristas
Mañana, 21 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, la Casa de Cultura de Miranda de Ebro (Burgos) acogerá una charla-coloquio titulada “Solidaridad internacionalista y la represión al activismo por Palestina”, organizada por CGT Miranda y Comarca. Los ponentes serán Asier Herranz y Youssef Brahim, militantes de Samidoun y de Iranekin Bat (comité vasco de apoyo a Irán) y administradores del canal de Telegram Frontflict.
Este acto se celebra en un espacio público dependiente del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, cuyo gobierno está formado por el PSOE de la alcaldesa Aitana Hernando Ruiz en coalición con Izquierda Unida-Podemos. Es decir, el equipo de gobierno que cede el recinto municipal y los recursos públicos es el PSOE, con el apoyo y participación directa de IU-Podemos en el área competente de Cultura.
Herranz y Brahim fueron detenidos el 16 de junio de 2026 en Bilbao y Getxo por orden de la Audiencia Nacional. La investigación, instruida en el Juzgado Central de Instrucción, los vincula a la gestión del canal Frontflict (que difundía material propagandístico de Hezbolá y de grupos terroristas palestinos) y a posibles vínculos con Hezbolá, además de su actividad en Samidoun e Iranekin Bat. Tras la detención y los registros, el juez José Luis Calama los dejó en libertad provisional con medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de comparecer periódicamente. El caso permanece abierto en la Audiencia Nacional por hechos que no son “activismo banal”, sino indicios de colaboración, propaganda y organización con entidades vinculadas a organizaciones terroristas designadas.
Samidoun (Palestinian Prisoner Solidarity Network) no es un colectivo inocente de solidaridad con presos. Ha sido:
- Prohibida y disuelta en Alemania en noviembre de 2023 por glorificar la masacre del 7 de octubre, difundir propaganda antisemita y apoyar a Hamás y al FPLP.
- Designada entidad terrorista por Canadá en octubre de 2024 por sus estrechos vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
- Sancionada por Estados Unidos en octubre de 2024 como “Specially Designated Global Terrorist”: el Tesoro estadounidense la calificó de “fachada benéfica ficticia” que actúa como recaudadora internacional de fondos para el FPLP, organización terrorista listada por la UE, EE.UU., Canadá, Reino Unido e Israel.
Israel la designó ya en 2021. Coordinadores como Mohammed Khatib y Jaldía Abubakra (Madrid) figuran en las listas de sanciones estadounidenses. ACOM lleva años denunciando y querellándose contra Samidoun y sus convocatorias en España por enaltecimiento del terrorismo (artículo 578 del Código Penal), celebración pública de la masacre del 7 de octubre, plataforma de condenados por terrorismo y normalización de redes ligadas al FPLP y a Hamás. Mientras Alemania, Canadá y EE.UU. actúan, en España sigue operando con total impunidad y, en este caso, con el amparo de espacios públicos cedidos por un ayuntamiento gobernado por el PSOE.
En Madrid, ACOM denunció la presencia de activistas de Samidoun controlando la seguridad de la acampada de la Puerta del Sol. El 1 de octubre exigió a la Delegación del Gobierno (Fran Martín) su identificación inmediata, el cese de esas funciones y la apertura de diligencias por posible enaltecimiento del terrorismo. La respuesta fue el silencio y la permisividad: una red prohibida o sancionada en otros países opera libremente en el centro de la capital.
Ceder instalaciones municipales y recursos públicos a personas encausadas en la Audiencia Nacional por su pertenencia a una red prohibida o sancionada en múltiples países como fachada del FPLP no es “solidaridad internacionalista”. Es una forma de apoyo político explícito a la apología y a la legitimación de estructuras vinculadas a organizaciones terroristas. La responsabilidad principal recae en el PSOE de Aitana Hernando Ruiz, que dirige el Ayuntamiento y ha firmado el pacto de gobierno que permite este uso de lo público.
El conjunto de la opinión pública tiene derecho a saber que sus impuestos y recursos públicos se utilizan para amparar a quienes la Audiencia Nacional investiga y a quienes varios Estados democráticos han designado o prohibido por sus vínculos con el terrorismo. ACOM seguirá denunciando estos hechos con los datos y las evidencias, sin eufemismos.
