- FAMMA-Cocemfe Madrid y el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid promueven la formación especializada de Expertos Facilitadores de Apoyo Judicial para menores de edad con discapacidad.
- El curso habilitador, organizado por el CPCM en colaboración con Fundación 360, ofrece 150 horas de formación especializada.
- La formación prepara a profesionales para garantizar que los menores con discapacidad comprendan y participen en igualdad de condiciones en los procedimientos judiciales.
- La figura del facilitador judicial contribuye a eliminar barreras de comunicación y a proteger los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la Justicia.
Madrid, 21 de octubre de 2026.- La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe Madrid) impulsan la difusión y formación sobre la figura del Experto Facilitador de Apoyo Judicial, un perfil profesional cada vez más relevante para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad.
En el marco de esta colaboración se promueve el Curso Habilitador de Experto Facilitador de Apoyo en Juzgados a Personas Menores de Edad con Discapacidad. II Edición, organizado por el CPCM en colaboración con Fundación 360. La formación comenzó el 13 de octubre de 2026 y se desarrollará hasta el 21 de enero de 2027, con una carga lectiva total de 150 horas, de las cuales 46 serán de formación en directo y 104 de trabajo complementario y evaluación.
El curso está dirigido a profesionales de ámbitos como la Criminología, el Derecho, la Psicología, el Trabajo Social, la Educación Social, la Logopedia, la Terapia Ocupacional y otros sectores vinculados al apoyo a personas con discapacidad. Su objetivo es capacitar a los participantes para identificar necesidades, diseñar apoyos especializados y favorecer una participación judicial comprensible, accesible y respetuosa con la autonomía de los menores con discapacidad.
La formación aborda contenidos relacionados con la accesibilidad cognitiva, la comunicación adaptada, la victimología, la prevención de la victimización secundaria, las técnicas de intervención en entornos judiciales y el marco normativo de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, incluye prácticas y simulaciones orientadas a la adquisición de competencias aplicables en situaciones reales de intervención judicial.
Desde FAMMA-Cocemfe Madrid se subraya la importancia de continuar avanzando hacia una justicia plenamente accesible, en la que ninguna persona vea limitados sus derechos por barreras de comunicación, comprensión o participación. La entidad destaca que la figura del facilitador judicial constituye una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional.
La colaboración con el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid permite además fortalecer la capacitación de profesionales especializados en la eliminación de barreras y en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente de aquellos menores que deban intervenir en procedimientos judiciales como víctimas, testigos o partes implicadas.
¿Qué es un facilitador judicial?
El facilitador judicial es un profesional especializado cuya función consiste en apoyar a las personas con discapacidad o con necesidades específicas de comunicación y comprensión durante su participación en actuaciones judiciales. Su labor se centra en adaptar la información a formatos accesibles, explicar los procedimientos de manera comprensible, detectar barreras comunicativas y proporcionar los apoyos necesarios para garantizar una participación efectiva y autónoma.
Esta figura no sustituye a jueces, fiscales, abogados u otros operadores jurídicos, ni representa legalmente a la persona. Su cometido es actuar como puente entre la persona con discapacidad y la Administración de Justicia, favoreciendo que pueda comprender lo que sucede, expresar sus opiniones y ejercer plenamente sus derechos.
Gracias a esta intervención, las personas con discapacidad pueden participar en declaraciones, entrevistas, vistas judiciales y otros procedimientos con mayores garantías, contribuyendo a una justicia más accesible, inclusiva y respetuosa con los derechos humanos.
