La COP17 y el primer examen mundial del Marco de Biodiversidad evidencian que los esfuerzos actuales no bastan para alcanzar los objetivos internacionales, mientras siguen abiertos los principales desacuerdos sobre financiación e incentivos económicos.
La 17ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), que se celebra en Ereván (Armenia) hasta el 30 de octubre, entra en su fase decisiva con avances parciales, pero sin acuerdos suficientes para acelerar la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022.
En este sentido, reclamamos a los gobiernos que aprovechen los últimos días de la cumbre para responder a las conclusiones del primer examen mundial del Marco y corregir los retrasos que amenazan el cumplimiento de los objetivos de 2030. Para ello, consideramos imprescindible reforzar los compromisos nacionales, movilizar recursos suficientes y estables y abordar las causas económicas que impulsan la pérdida de biodiversidad.
Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEOBirdLife, señala: “La biodiversidad no se recupera con declaraciones. Quedan cuatro años para cumplir los objetivos de 2030 y los gobiernos deben demostrar ahora que sus compromisos tienen consecuencias reales y que están dispuestos a corregir las políticas que van en contra de la naturaleza”.
La financiación continúa siendo uno de los principales puntos de desacuerdo de la COP17. Aunque se han anunciado nuevas aportaciones económicas para la conservación y restauración de la naturaleza, persisten las diferencias entre los países sobre quién debe contribuir, qué mecanismos deben utilizarse y cómo garantizar los recursos necesarios para cumplir los objetivos internacionales.
Valoramos los compromisos anunciados, que la presidencia de la COP cifra en más de 1.800 millones de dólares movilizados desde distintas fuentes, pero recordamos que las aportaciones voluntarias no sustituyen los acuerdos necesarios para asegurar una financiación suficiente, previsible y duradera.
Especialmente preocupante es la falta de consenso sobre la reforma de las subvenciones e incentivos perjudiciales para la biodiversidad. El Marco Mundial establece el objetivo de reducirlos en al menos 500.000 millones de dólares anuales para 2030. Sin embargo, siguen abiertas las negociaciones sobre cómo avanzar en su reducción, retirada progresiva o reforma.
“No podemos destinar recursos a conservar la naturaleza mientras mantenemos incentivos que favorecen su destrucción. La biodiversidad debe estar en el centro de las decisiones económicas y presupuestarias, no al margen de ellas. Cumplir los objetivos de 2030 exige cambiar las prioridades de inversión y dejar de financiar aquello que deteriora los ecosistemas”, afirma Juan Carlos Atienza, responsable de la Unidad de Incidencia para la Transición
