Las organizaciones ecologistas exigimos al Gobierno mantener la ambición ambiental en la regulación de los centros de datos
Pedimos una regulación ambiciosa, vinculante y urgente que garantice que el despliegue de estas infraestructuras sea compatible con los límites ecológicos, la transición energética y el interés general.
Las cinco principales organizaciones ecologistas –Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España– mostramos preocupación ante las informaciones publicadas sobre la nueva versión del Real Decreto de centros de datos que, de confirmarse en el texto definitivo, supondría un retroceso respecto a las exigencias ambientales y energéticas inicialmente previstas, además de desatender las principales demandas trasladadas por estas organizaciones durante el proceso de participación pública.
Las organizaciones alertamos especialmente de tres cambios: la ampliación de los plazos de adaptación hasta cinco años, el aumento del umbral de potencia a partir del cual se aplicará la regulación y la flexibilización de las exigencias para que los centros de datos cubran parte de su consumo eléctrico con nuevas instalaciones renovables y acrediten, hora a hora, que esa electricidad se genera en la misma hora en que la consumen.
La flexibilidad de la demanda y la posibilidad de desconexión ante situaciones de tensión en el sistema eléctrico son medidas positivas, pero no pueden sustituir a la obligación de garantizar que la nueva demanda eléctrica esté respaldada por nueva generación renovable adicional. Las organizaciones ecologistas defendemos que el 100% del consumo eléctrico de los nuevos centros de datos debe estar cubierto por energías renovables adicionales, con garantías de trazabilidad y correlación horaria y geográfica, para evitar incrementar la dependencia de los combustibles fósiles, la factura energética de los hogares o desplazar la electricidad renovable necesaria para descarbonizar otros sectores.
Asimismo, insistimos en que la sostenibilidad de los centros de datos no puede reducirse a su eficiencia energética e hídrica. Es imprescindible establecer límites absolutos de consumo de agua adaptados a la disponibilidad de cada cuenca, garantizar la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, priorizar su implantación en suelos artificiales, someter los proyectos a una planificación y evaluación ambiental rigurosas que contemplen sus impactos acumulativos y las infraestructuras asociadas, y garantizar una participación pública suficiente además de una rendición de cuentas efectiva.
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