Para hacer frente a los grandes retos del país, los sectores público y privado deben sumar experiencia, conocimiento y capacidad de ejecución. Es la idea central de la primera sesión del ciclo que la Fundació Economia i Empresa y el Institut Cerdà han impulsado sobre la colaboración público-privada en Cataluña y que se celebró el miércoles 21 de octubre en la sede del Col·legi d’Economistes.
Participaron Oriol Amat, presidente de la Fundació Economia i Empresa; Carlos Cabrera, presidente del Institut Cerdà; Elena Massot, consejera delegada de Vertix y miembro fundadora de FemCat; Lluís Recoder, presidente del Patronato de la Universitat Ramon Llull; Mònica Reig, directora asociada de EsadeGov; Laura Peñalver, directora de Innovación del Institut Cerdà; Anna Gener, CEO de Savills Barcelona; Ricard Font, director general de BIMSA; el exconsejero de Economía Jaume Giró y Miguel Hernández, director general del Institut Cerdà.
Todos coincidieron en destacar que la confianza mutua, la seguridad jurídica y la transparencia son elementos imprescindibles para crear las condiciones necesarias para una mejor colaboración público-privada.
Igualmente destacaron que las sinergias entre administraciones, empresas y sociedad civil son especialmente necesarias en la actualidad para avanzar en cuestiones capitales para el futuro de Cataluña y para el bienestar de su población: acceso a la vivienda, mejora de los servicios públicos, infraestructuras, transición energética, adaptación al cambio climático, transformación digital…
La sesión la abrió el secretario general del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, Juli Fernández, poniendo en valor la voluntad del ciclo de “identificar barreras” que aún frenan la colaboración público-privada y, sobre todo, el propósito de plantear “qué debería cambiar”. Porque “se habla mucho de colaboración público-privada, pero se concreta poco”.
Evolución, comparativa y principales barreras
La ponencia de Miguel Hernández, director general del Institut Cerdà, aportó concreción con un diagnóstico sobre el estado actual de la colaboración público-privada: con datos sobre la contratación pública, ejecución de las inversiones, concesiones y principales limitaciones del modelo actual.
Señaló que el reto no consiste únicamente en incrementar la contratación pública, sino en mejorar las fórmulas con las que se relacionan administraciones y empresas. Según los datos expuestos, la contratación pública en España alcanzó los 143.346 millones de euros en 2025, equivalentes al 11,28% del PIB. A pesar de este volumen, los procedimientos que permiten una cooperación más intensa entre los sectores público y privada siguen teniendo un papel muy reducido.
En su presentación destacó que, de los 223.983 expedientes de contratación pública registrados en España en 2025, solo uno se tramitó mediante diálogo competitivo y cinco mediante asociaciones para la innovación, según los datos de OIReScon recogidos en la ponencia.
Este contraste ilustra una de las principales conclusiones del diagnóstico: disponemos de instrumentos que permiten avanzar hacia modelos de colaboración más estrechos, pero aún se hace un uso muy limitado de ellos.
También puso el acento de las dificultades para ejecutar las inversiones previstas. Como ejemplos: entre 2009 y 2023, la Administración General del Estado ejecutó en Cataluña el 59,5% de la inversión presupuestada, ADIF alcanzó el 48,6% y la Generalitat el 88,7%, de acuerdo con los datos presentados.
Las cifras evidencian que la disponibilidad presupuestaria no garantiza, por si sola, que los proyectos se materialicen. En este sentido, destacó que la colaboración público-privada puede aportar capacidad de ejecución, continuidad en la gestión, innovación y una mejor distribución de los riesgos a lo largo de la vida de los proyectos.
Destacó también que no toda contratación con empresas constituye una auténtica colaboración público-privada. “Para que exista una cooperación efectiva se necesitan elementos como el diálogo previo y continuado, una distribución equilibrada de los riesgos y beneficios, un marco de relación estable y una estructura contractual sólida, pero con flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios”, señaló.
El análisis del director general de l’Institut Cerdà identificó igualmente diversas barreras que dificultan el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada. Entre las principales destacan “la rigidez contractual, las limitaciones a la revisión de precios, la inseguridad jurídica, la falta de capacidades técnicas de algunas administraciones y los insuficientes incentivos para usar fórmulas innovadoras de contratación”.
La distribución de los riesgos se considera una cuestión especialmente relevante. “Cuando los operadores privados han de asumir riesgos que no pueden gestionar adecuadamente, o cuando las condiciones económicas no garantizan la viabilidad de los proyectos, puede reducirse el interés empresarial para participar en las licitaciones”, señaló.
La ponencia presentada relaciona estas circunstancias con la elevada incidencia de concursos desiertos en el ámbito de las concesiones.
Finalmente, y según expuso Miguel Hernández, actualmente se identifican cuatro grandes ámbitos en los que la colaboración público-privada puede tener un papel relevante en los próximos años: vivienda asequible, servicios e infraestructuras esenciales, adaptación al cambio climático y seguridad y defensa.
Su mensaje final: la colaboración público-privada debe evolucionar desde una visión centrada en los contratos hacia una cooperación real entre capacidades públicas y privadas, orientada a la obtención de resultados.
Segunda sesión: 26 de noviembre
La segunda sesión del ciclo está prevista para el jueves 26 de noviembre, para trasladar la reflexión a la práctica a través de experiencias sectoriales y casos concretos: qué ha funcionado, en qué condiciones y qué aprendizajes podemos extraer para Cataluña.
La sesión incluirá la presentación de los principales resultados del estudio sobre la colaboración público-privada elaborado por la Fundació Economia i Empresa y dos mesas de debate dedicadas a experiencias en infraestructuras y en educación, salud y servicios sociales.
