Pedro Fernández Barbadillo
Razón Española
“Mi situación es dramática. Cada suceso de éstos me clava más al Poder, donde no quiero estar”
“En ningún momento se ha aplicado la ley de Defensa de la República a elementos de la clase obrera (…) nadie es tan insensato que vaya a hacer un arma de la ley de Defensa de la República en las contiendas de partido“
Manuel Azaña
La creencia actualmente más difundida en la sociedad española es que la Segunda República fue un régimen de amplias libertades y derechos fundamentales. Sin embargo, basta un simple recorrido por los anuarios legislativos, las hemerotecas o las memorias de los gobernantes y los gobernados para darse cuenta de cuán agitados fueron esos años, pero este conocimiento parece vetado a las jóvenes generaciones actuales. Por ejemplo, muy pocos saben que el Gobierno responsable del mayor cierre de periódicos producido en la historia de España, es decir, el mayor ataque a la libertad de expresión, fue el presidido por Manuel Azaña con motivo del golpe de Estado dirigido por el general Sanjurjo. El presente trabajo estudia ese cierre colectivo y el instrumento legal que lo permitió, la Ley de Defensa de la República. Para comprender la excepcionalidad de esa medida se trata la situación de la prensa bajo el franquismo.
1. AMENAZAS A LA LIBERTAD DE PRENSA POR EL GOBIERNO PROVISIONAL
El Gobierno provisional, encabezado por Niceto Alcalá Zamora, no alteró el régimen de la prensa de los meses anteriores. Aparte de la inserción obligatoria de un comentario firmado por el propio Gobierno al mensaje de despedida del rey Alfonso XIII publicado por ABC, no hubo más novedades en las primeras semanas del nuevo régimen. Cada periódico se adaptaba como quería o podía; los de derechas hacían llamamientos a la acción política y discutían sobre el acatamiento de los católicos a la República a partir de la doctrina papal. El status quo se rompió con los incidentes en la calle de Alcalá el 12 de mayo. La inauguración de un centro monárquico con la interpretación de la Marcha Real en un gramófono causó que varios revoltosos asaltaran el edificio y luego se dirigieran a la sede de ABC, en la calle de Serrano, para quemarlo. El Gobierno disolvió a los revoltosos, pero achacó al director y propietario del ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, la «provocación» del Círculo Monárquico; en consecuencia clausuró el diario; que reapareció el 5 de junio, a las tres semanas.
Poco a poco, afloraron los deseos de los nuevos dirigentes políticos de controlar la prensa. Miguel Maura, ministro de Gobernación, cuenta que a finales de mayo convocó a su despacho a los directores de los diarios de Madrid para pedirles que diesen la noticia de la muerte, por la Guardia Civil, de ocho miembros de la CNT que iban a arrasar San Sebastián a fin de demostrar a todos los españoles que él haría cumplir la ley. Éste es el relato de Maura: «Acudieron todos, incluso aquellos cuyos diarios estaban suspendidos desde el 12 de mayo (…) Les rogaba (sic) diesen a conocer la noticia del motín en San Sebastián. Ahora bien —continué—: el diario que utilice la noticia para su campaña política, o intente envenenar el ambiente con ella, será suspendido, y suspendido quedará mientras yo esté en este Ministerio»1. Como se desprende de la amenaza, un diario podía ser suspendido a voluntad del ministro de Gobernación, al margen de los jueces, y por publicar un artículo, un editorial o un chiste que él considerase que podía «envenenar el ambiente». Pero la cantidad de veneno y la salubridad de un ambiente dependen del metabolismo de cada persona; lo que a unos perjudica a otros cura; ¿Cómo saber entonces cuál es la dosis adecuada que le viene bien al ministro? Éstas eran las palabras de alguien que hasta el mes de abril anterior había sido un conspirador contra el poder establecido.
La tarea del Gobierno Provisional era evitar los tumultos y el vacío de poder (el 22 de abril habían reconocido al nuevo régimen todos los países con representación diplomática) y organizar las elecciones a Cortes Constituyentes, que se celebraron el 28 de junio. Como cuenta Luca de Tena, «a las pocas semanas, el Gobierno de la República se incautaba de ABC y algunas más tarde suspendía El Debate por su campaña, naturalísima en el diario que se consideraba portavoz del catolicismo, defendiendo a los jesuitas, cuando fueron expulsados de España. Es decir, que la segunda República, instaurada, según el decir de sus dirigentes, para devolvernos la democracia y la libertad, verificó las elecciones a Cortes Constituyentes con los dos periódicos de la oposición más importantes de España suspendidos»2. Debido a los incidentes en el Círculo Monárquico de Madrid y ante el ABC, producidos el 10 de mayo, el director de ABC ingresó en la cárcel Modelo en la madrugada del 11, acusado del asesinato de un taxista que se había negado a vitorear al rey depuesto. Aunque fue absuelto (el cadáver no apareció), permaneció preso cuatro meses bajo la figura de preso gubernativo3 y el periódico suspendido.
El 20 de agosto de 1931, el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, declaró al Consejo de Ministros «que se hace en los periódicos del norte una propaganda subversiva, en la que. francamente se incita a la revolución, y se anuncia el alzamiento. Que en los mismos periódicos, y en otros de Madrid y en hojas clandestinas, se injuria gravemente a los ministros, singularmente al de la Guerra. Que esto crea un estado de alarma e inquietud, aumentado por los rumores alarmantes, y se da una impresión de debilidad e indefensión, muy perjudicial. Les digo que hay que comenzar suprimiendo todos los periódicos derechistas del norte, y quizá los de Madrid, como La Nación y La Correspondencia Militar. Maura cree que podría presentarse a las Cortes una “ley de Defensa de la República” (sigue con el tópico), en la que podrían incluirse prevenciones contra la prensa. Le contesto que eso no sirve para nada»4.
Estas medidas contra la libertad de prensa (llamada entonces de imprenta) las aplicaba un Gobierno que, como aparece en su decreto de 20 de abril de 1931, por el que instaura una nueva bandera nacional, consideraba al régimen derrocado «una tiranía»:
«El alzamiento nacional contra la tiranía, victorioso desde el 14 de abril, ha enarbolado una enseña investida por el sentir del pueblo con la doble representación de una esperanza de libertad y de su triunfo irrevocable. Durante más de medio siglo la enseña tricolor ha designado la idea de la emancipación española mediante la República.
»En pocas horas, el pueblo libre, que al tomar las riendas de su propio gobierno proclama pacíficamente el nuevo régimen, izó por todo el territorio aquella bandera, manifestando con este acto simbólico su advenimiento al ejercicio de la soberanía.
»Una era comienza en la vida española. Es justo, es necesario, que otros emblemas declaren y publiquen perpetuamente a nuestros ojos la renovación del Estado. El Gobierno provisional acoge espontánea demostración de la voluntad popular, que ya no es deseo, sino hecho consumado, y la sanciona. En todos los edificios públicos ondea la bandera tricolor. La han saludado las fuerzas de mar y tierra de la República; ha recibido de ellas los honores pertenecientes al jirón de la Patria. Reconociéndola hoy el Gobierno, por modo oficial, como emblema de España, signo de la presencia del Estado y alegría del Poder público, la bandera tricolor ya no denota la esperanza de un partido, sino el derecho instaurado por todos los ciudadanos, así como la República ha dejado de ser un programa, un propósito, una conjura contra el opresor, para convertirse en una institución jurídica fundamental de los españoles. La república cobija a todos».
II. EL NACIMIENTO DE LA LEY DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA
El Gobierno que sucedió en octubre al Provisional acrecentó el control de la vida pública hasta el punto de que elaboró una ley llamada de Defensa de la República (LDR). Se dio la paradoja de que Azaña la defendió en las Cortes cuando unos meses antes la consideraba innecesaria, como indica la cita arriba transcrita.
El 13 de octubre, las Cortes Constituyentes votaron el artículo 24 -que luego fue el 26- del proyecto de Constitución sobre el estatus de la Iglesia y la prohibición de la Compañía de Jesús. Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura dimitieron. Al día siguiente, los diputados nombraron a Azaña presidente del Gobierno. «El primer proyecto importante presentado por el Gabinete Azaña fue el de la llamada Ley de Defensa de la República; con la presentación de tal proyecto comenzaba lo que Seco Serrano ha considerado una auténtica “dictadura parlamentaria” de matiz jacobino ejercida por Azaña»5. El articulado lo redactaron Casares Quiroga, ministro de Gobernación, el subsecretario de este Ministerio y Azaña. En el Consejo de Ministros del día 19, el presidente planteó la necesidad de que el Gobierno contase con un instrumento legal para proteger el orden público —hasta entonces, los únicos motines, algaradas y atentados los habían causado las izquierdas y los republicanos exaltados— y leyó el proyecto. Estaban presentes todos los ministros salvo el masón y republicano Marcelino Domingo, que había pasado de dirigir el departamento de Instrucción Pública en el Gobierno Provisional a Agricultura, Comercio e Industria; y todos lo aprobaron, después de unos reparos del socialista Indalecio Prieto. El martes 20 por la mañana, Azaña le ordenó al presidente de las Cortes, el socialista Julián Besteiro, que el proyecto se tramitase por la vía de urgencia para votarlo esa tarde. Después de un corto debate, la LDR fue aprobada con sólo cinco votos en contra, aunque con numerosas abstenciones y ausencias, como la de Niceto Alcalá Zamora. Se publicó en la Gaceta de Madrid el 22 de octubre y empezó a aplicarse el 23.
Para saber cómo se decidían los castigos a los periódicos, basta acudir a las Memorias políticas de Azaña: «He leído en el Consejo un artículo de La Correspondencia Militar, excitando al ejército a intervenir en política. Casares, con asenso de todos, dice que lo suspenderá»6. La anotación corresponde al 7 de julio de 1932, cuando ya estaba vigente la LDR, pero no explica si la decisión se tomó al amparo de ésta o de las anteriores competencias del ministro de Gobernación. Probablemente fuese lo primero, pues para algo la coalición republicano-socialista había promovido la nueva ley. Otro ejemplo: El Debate volvió a ser suspendido el 19 de enero de 1932 bajo la acusación de haber «menospreciado a las Cortes republicanas»; el diario, cuya situación fue objeto de burla para Azaña en un discurso parlamentario, reapareció el 20 de marzo7.
Los métodos de control de la información por parte de las autoridades republicanas eran sorprendentes por su inocencia y debilidad en relación con los que se estaban implantando en otros países, como la Unión Soviética e Italia. En la entrada correspondiente al 23 de agosto de 1932, Azaña cuenta «que el periodista Leopoldo Bejarano entrevistó al general Sanjurjo en la cárcel para publicar la interviú en la Hoja del Lunes, pero el ministro Casares no se lo consintió»8. Es decir, los funcionarios republicanos permitían que el jefe militar de una rebelión recibiera en prisión a periodistas, aunque luego se prohibiera la publicación de los artículos y entrevistas, que podían circular de otras maneras, como en copias mecanografiadas distribuidas por correos o en un libro. Una forma muy torpe de controlar la información, característica de hombres con mentalidad decimonónica como fueron Azaña, Casares Quiroga y sus seguidores9. Lenin o Stalin habrían aislado al militar rebelde y le habrían impedido comunicarse con el exterior hasta el juicio público o su ejecución.
El corresponsal entre 1934 y 1936 de la agencia de noticias norteamericana Associated Press H. Edward Knoblaugh cuenta que «en España no existía ni siquiera un sistema eficaz para la promoción del turismo»10 y que «la censura, principal adversario, hoy día, de los corresponsales extranjeros en muchos países cultos del mundo, era prácticamente desconocida para la nueva República Española antes de estallar la presente guerra»11. Pero en seguida el Gobierno del Frente Popular recibió asesoramiento de la Unión Soviética para su propaganda. El periodista se refiere a su trabajo como corresponsal, y es que a los Gobiernos republicanos, como a los anteriores, les importaba, sobre todo, lo que de ellos dijese la prensa nacional; el extran-ero era tierra ignota.
III. LA LISTA DE LA PRENSA SUSPENDIDA EN AGOSTO DE 1932
Josep Pla afirma en su Historia de la Segunda República que, entre «las primeras disposiciones» del Gobierno de Azaña contra los sospechosos de haber participado en la conspiración estuvo «la suspensión de algunos periódicos revolucionarios de izquierda y de muchísimos periódicos —más de un centenar— de derechas (entre otros ABC y El Debate)»12. Juan Ignacio Luca de Tena afina un poco más y fija el número en ciento catorce13.
La única lista de las cabeceras cerradas la elaboró el periodista Julián Cortés Cavanillas, del diario ABC, y la incluyó en su libro Acta de Acusación14, una crítica al primer bienio de la Segunda República; seguramente de aquí obtuvo Luca de Tena la cifra que él da. Antes del pronunciamiento fracasado, habían sido suspendidos gubernativamente cinco periódicos en Madrid y después se suspendieron en unos días otros 109. En total, 114.
Cortés Cavanillas añade que, desde semanas antes del golpe del 10 de agosto, estaban suspendidos La Correspondencia, El Imparcial, El Popular, El Mundo y Mundo Obrero, todos editados en Madrid. Por tanto, sólo en la capital de España se clausuraron por orden del Gobierno de Azaña 16 publicaciones. La última investigación al respecto la ha realizado Justino Sinova, que ha elevado el número de periódicos a 12715.
Damos una lista de las cabeceras elaboradas con los datos de Sinova y Cortés Cavanillas:
Álava: Heraldo Alavés, diario de la capital.
Albacete: El Diario de Albacete y Vida Hellinera, semanario de Hellín.
Alicante: El Día, diario de la capital; La Gaceta de Levante, diario de Alcoy; Patria, semanario de Elche; El Pueblo Obrero, semanario de Orihuela; y La Voz del Pueblo, semanario de Alcoy.
Almería: La Independencia, Diario de Almería y Heraldo de Almería, diarios de la capital.
Ávila: El Diario de Ávila, diario de la capital.
Baleares: El Luchador, semanario de Palma.
Barcelona: El Correo Catalán, diario de Barcelona, y Reacción.
Burgos: El Castellano, diario; El Defensor de los Labradores, semanario, y ABD, semanario.
Cáceres: Extremadura, diario, y El Faro de Extremadura, semanario de Plasencia.
Cádiz: Nuestro Dempo, diario de La Línea; El Guadalete, diario de Jerez; Claridad, semanario de Jerez de la Frontera; La Información, diario de la capital; y Regeneración, diario de Ceuta.
Castellón: La Provincia Nueva y Diario de Castellón, diarios, y El Estado Ganguista, semanario.
Ciudad Real: El Pueblo Manchego, diario de la capital, y El Defensor de Tomelloso.
Córdoba: El Defensor de Córdoba, diario de la capital.
Cuenca: El Defensor de Cuenca, semanario de la capital.
Gerona: El Norte de Gerona y Diari, diarios de la capital, y La Tradició Catalana, semanario de Olot.
Granada: El Ideal, diario.
Guadalajara: Lumen, quincenal; El Henares, semanario de Sigüenza; y La Palanca, semanario de la capital.
Guipúzcoa: La Constancia, diario de la capital; Easo, diario deportivo de la capital; La Noticia, diario de la capital; La Cruz, semanario de la capital; y El Fuerista, semanario de la capital.
Jaén: El Pueblo Católico, diario de la capital; La Mañana, diario de la capital; La Provincia, diario de Úbeda; El Día, diario de Linares; El Guadalquivir, semanario de Andújar; y La Defensa, semanario de Jaén.
La Coruña: El Ideal Gallego, diario de la capital; La Mañana, diario de la capital; El Compostelano, diario de Santiago; y La Verdad, diario de El Ferrol.
León: El Diario de León, de León; La Luz del Astorga, El Pensamiento Astorgano, semanario; y Anti, semanario.
Lérida: El Correo, diario de la capital, y Toca-Ferro, semanario de la capital.
Logroño: Diario de La Rioja, de la capital, y Rioja Agraria, semanario de la capital.
Lugo: La Voz de la Verdad, diario de la capital.
Madrid: ABC, El Debate, Informaciones, Diario Universal, El Siglo Futuro y La Nación, diarios; y Gracia y Justicia, Blanco y Negro, Marte, Acción Española y Aspiraciones, revistas.
Murcia: La Verdad, diario de la capital; El Eco de Cartagena, de Cartagena; y Cartagena Nueva, de Cartagena.
Navarra: La Tradición Navarra, diario, y El Diario de Navarra y El Pensamiento Navarro, diarios de Pamplona.
Orense: La Región, diario de la capital.
Oviedo: La Región, diario, y La Hoja Parroquial.
Palencia: El Día de Palencia.
Palma de Mallorca: El Correo de Mallorca, diario de la capital.
Pontevedra: El Diario de Pontevedra, diario de la capital.
Santander: Diario Montañés, de la capital.
Salamanca: La Gaceta Regional, diario de la capital; Defensa, semanario de la capital; y Miróbriga, semanario de Ciudad Rodrigo.
Segovia: El Adelantado de Segovia, diario, y La Ciudad y los Campos, semanario.
Sevilla: El Correo de Andalucía, La Unión y ABC, diarios de la capital.
Soria: El Avisador Numantino, periódico bisemanal de la capital, y Hogar y Pueblo, de Burgo de Osma, semanal.
Tarragona: La Cruz, diario de la capital; El Correo de Tortosa, diario; La Tradición, semanario de Tortosa; y La Juventud, semanario de Valls.
Teruel: Acción, diario de Teruel; El Ideal, semanario de la capital; y Actualidad, trisemanal.
Toledo: El Castellano, diario de la capital.
Valencia: Las Provincias y Diario de Valencia, diarios de la capital.
Valladolid: Diario Regional, de la capital, y Libertad, semanario de la capital.
Vizcaya: La Gaceta del Norte y El Pueblo Vasco, diarios de Bilbao.
Zamora: Acción, semanario de Benavente; Hera
