Ginebra-París, 11 de diciembre de 2024 – En medio de un contexto de cierre amplio del espacio cívico, el Estado venezolano ha publicado dos nuevas leyes que atentan contra la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) exige a las autoridades venezolanas revocar estos marcos jurídicos y garantizar el derecho a defender los derechos humanos en Venezuela.
El 3 de diciembre de 2024 se hizo pública la Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.855 de fecha 15 de noviembre de 2024, dándole vigencia a la "Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro". Este instrumento jurídico pone en grave riesgo la libertad de asociación, el derecho a defender derechos humanos y constituye un atentado contra la existencia misma de las organizaciones de la socieda civil en Venezuela.
El 15 de agosto de 2024, el Parlamento Venezolano aprobó esta ley, la cual desde su presentación en enero de 2023 había sido señalada por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, como un instrumento que amenaza el libre accionar e independencia de las organizaciones, sometiéndolas a diversos mecanismos autoritarios ante órganos que dependen directamente del Ejecutivo Nacional para su funcionamiento, además que dada la ambiguedad de su lenguaje, generaba fuertes preocupaciones frente a posibles actos de persecución, imposición de multas, cancelación de registros e incluso la posibilidad de acusaciones penales en contra de las organizaciones y sus integrantes.
La aprobación y publicación de esta Ley representa un atentado directo contra las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Además, el Observatorio señala que la Ley se da a conocer 18 días despúes de su publicación en la Gaceta Oficial, vulnerando así el derecho de acceso a la información, y dadas sus disposiciones, afectando la seguridad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil.
El Observatorio recuerda que esta disposición hace parte de una serie de marcos normativos y administrativos que de manera sistemática el Estado venezolano ha impulsado desde hace al menos una década para restringir el ejercicio de derechos humanos e impedir la labor de las organizaciones de la sociedad civil.
En este marco, además de la “Ley de Fiscalización” una de las últimas leyes en publicarse ha sido la “Ley Órganica Libertador Simón Bolivar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, en la Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.859 el 29 de noviembre de 2024. Esta ley prevé sancionar, hasta con 30 años de prisión, la colaboración directa o indirecta con gobiernos, entidades o personas que promuevan, implementen o apoyen sanciones internacionales contra el Estado Venezolano, así como establecer la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años y la creación de un registro nacional para identificar tanto a nacionales como extranjeros que expresen apoyo a las sanciones internacionales impuestas al Estado Venezolano.
El Observatorio teme que la implementación de estos marcos jurídicos signifique una muerte civil para las organizaciones de la sociedad civil y para el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, lo que es esencial en cualquier sociedad democrática.
Por lo anterior, el Observatorio exige a las autoridades venezolanas derogar la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro" y la “Ley Órganica Libertador Simón Bolivar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, así como cualquier otro marco jurídico que atente con la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos.
Además, el Observatorio urge a las autoridades venezolanas a garantizar la labor de defensa de las personas y organizaciones de derechos humanos en condiciones de seguridad, y poner fin de inmediato a todo acto de intimidación y de hostigamiento, incluido a nivel judicial y administrativo, así como a la represión generalizada, en contra de todas las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela.
Finalmente, frente a este grave escenario, el Observatorio hace un llamado a la comunidad internacional a que presione las autoridades venezolanas a respetar los derechos de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, incluyendo los derechos a la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
