Los bombardeos deben cesar, la ingeniería del hambre debe cesar, el desplazamiento forzado debe cesar, el encarcelamiento y la tortura deben cesar, el genocidio debe cesar.
- La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) expresa su más enérgica condena por las espantosas masacres de civiles perpetradas constantemente por las fuerzas de ocupación israelíes en toda la Franja de Gaza.
- Para la FIDH, la denegación de alimentos, agua y suministros médicos impuesta por Israel, junto con el uso de una política de fuego abierto como método para matar o desplazar por la fuerza a cientos de miles de personas en Gaza forman parte de un genocidio en curso.
- Se hace un llamamiento a todos los Estados para que presionen a favor de un alto el fuego inmediato y permanente, la liberación de las personas israelíes y palestinas en cautividad, y para que apoyen los actuales esfuerzos de la justicia internacional para exigir responsabilidades.
17 de octubre de 2024. Israel lleva más de un año infligiendo una violencia inimaginable a la población de Gaza, sin que se haya producido ninguna señal de que se la matanza y la destrucción vayan a cesar. Según las estimaciones actuales, más de 42.000 personas han muerto directamente, miles permanecen desaparecidas y más de 100.000 han resultado heridas en Gaza, en su mayoría niños, niñas y mujeres. Sin embargo, se estima que el número real de víctimas es mucho mayor. A medida que las fuerzas de ocupación israelíes se dirigen hacia el norte de Gaza, tras haber declarado su intención de desalojar a las 400.000 personas que se calcula que permanecen allí, nuestra extrema preocupación va en aumento.
Tan solo desde el domingo 13 de octubre se han acumulado decenas de personas muertas y heridas graves debido al bombardeo e incendio del Hospital Al-Aqsa en la ciudad de Deir Al-Balah, el bombardeo con un tanque de una cola de alimentos el lunes en Jabalia, otra matanza en el distrito de Sheikh Radwan de la ciudad de Gaza y el bombardeo de un refugio escolar en Jabalia. Estas masacres se suman al grave e ilegal daño que inflige el ejército israelí a la población palestina de Gaza, que la FIDH sostiene que está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Esta valoración se basa en la naturaleza deliberada y sistemática de los ataques –incluidos aquellos dirigidos contra infraestructuras civiles y la denegación de suministros vitales– que dan lugar a condiciones cuya intención es destruir total o parcialmente a la población palestina. Una Comisión de Naciones Unidas ha constatado que “Israel ha perpetrado una política concertada para destruir el sistema sanitario de Gaza en el marco de una agresión más amplia contra Gaza, perpetrando crímenes de guerra y el crimen de lesa humanidad de exterminio con ataques implacables y deliberados contra el personal y las instalaciones médicas”.
Lejos de mejorar, la situación humanitaria es cada día más grave. Según las Naciones Unidas, en septiembre se alcanzó un mínimo en el nivel más bajo de suministros humanitarios que han entrado en Gaza en los últimos seis meses. En octubre, los datos del gobierno israelí indican que la ayuda que llega a Gaza se ha detenido prácticamente por completo.
La FIDH reitera la urgente necesidad de un alto el fuego permanente y de la liberación de las personas israelíes y palestinas en cautiverio. Se insta a los Estados a que apliquen sanciones contra Israel, como embargos de armas, por sus graves y reiteradas violaciones del derecho internacional. Sus políticas deben alinearse con la reciente opinión consultiva de la CIJ que declara ilegal la ocupación israelí de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Asimismo, se insta a los Estados a que apoyen la labor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se rindan cuentas por los crímenes internacionales denunciados en Palestina e Israel, y a que no obstruyan ni amenacen en modo alguno la autoridad de la Corte ni obstaculicen su capacidad para llevar a cabo su mandato de forma independiente. Por todo ello, la FIDH advierte especialmente de la gravedad de la legislación estadounidense pendiente de aprobación, la “Ley de respuesta judicial ilegítima”, que amenaza con sabotear cualquier acción significativa de la CPI para llevar ante la justicia a las autoridades israelíes y de Hamás.
