Tema
Una de las cuestiones principales de la campaña electoral de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales fue la inmigración. Tras la victoria, Trump comenzó su plan de acción. Una de las propuestas “estrella” era llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes.
Resumen
Este texto analiza la viabilidad e implicaciones de la propuesta de Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas bajo la denominada “Operación Aurora”. En él se analiza a cuántos y a qué inmigrantes se dirige y puede alcanzar esta operación. Las promesas de campaña y las acciones de su primera semana de gobierno se comparan con la “Operación Espalda Mojada” de 1954, señalando sus similitudes y los riesgos de repetir errores históricos.
Análisis
1. Introducción
Durante la campaña electoral de 2024, Trump no sólo prometió recuperar algunas de sus medidas políticas anteriores en materia de inmigración, como la creación de un “gran muro” en la frontera sur, sino que introdujo nuevas propuestas para endurecer y restringir la inmigración a EEUU. Una de las más repetidas fue que realizaría “la mayor operación de deportación en la historia de América”. Así, su plan es no sólo trabajar en la dimensión externa del control migratorio (particularmente los controles en frontera o, en sus palabras, “el sellado de la frontera”), sino abarcar parte de la dimensión interna, es decir, reducir el número de inmigrantes que están ya dentro de las fronteras[1] del país.
Aunque parece que el concepto de deportaciones masivas entra en conflicto con la misma identidad histórica de EEUU como una nación de inmigrantes (Cornelius, Martin y Hollifield, 1994; Martin y Orrenius, 2022),[2] desde el mismo día de su toma de posesión Trump ha comenzado la firma de órdenes ejecutivas para implementar una restrictiva política migratoria planeada por su hombre de confianza, Stephen Miller, y conseguir la prometida deportación masiva.
Dos aspectos de su política migratoria, y en particular de su plan de deportaciones, se discuten a continuación. Primero, se analiza el posible alcance de su plan en términos numéricos para determinar a cuántas personas deportará y, segundo, a quiénes.
Aunque en el conocido proyecto Republicano para recuperar la presidencia, Proyecto 2025, se establece claramente que su objetivo en política migratoria es “asegurar la frontera, acabar la construcción del muro y deportar a los inmigrantes ilegales”, la falta de claridad respecto a estos aspectos, e incluso las afirmaciones contradictorias, fueron habituales durante la campaña electoral. A estas propuestas grandilocuentes, pero faltas de explicación, se une, en sus dos primeras semanas de gobierno, la avalancha y superposición de medidas que dificultan conocer los detalles. Ambas cosas parecen deliberadas para poder “cantar victoria” sea cual sea el resultado de su pretendida “Operación Aurora”, ya que la falta de objetivos precisos impide la evaluación de sus logros. Pero la respuesta que dé a cuántos y qué inmigrantes “ilegales” determinará no sólo el coste económico, que será elevado, sino también el coste humano para los propios migrantes y para los valores y libertades centrales de la democracia estadounidense.
Este análisis diferencia con fines analíticos cuántos y cuáles. Sin embargo, ambas cuestiones están relacionadas, y la respuesta a una de ellas influye a la otra. El número total de deportados estará claramente relacionado, y también determinado, por el segundo aspecto: a quiénes se deporta. Si el énfasis se dirige a los delincuentes, como ha afirmado en ocasiones y se desprende de las primeras “jornadas de detenciones”, ese número será menor que si abarca a toda la población que vive en EEUU de manera irregular.
2. Las deportaciones en el sistema migratorio norteamericano
Las declaraciones del presidente Trump sobre la “Operación Aurora” han recordado, incluso él ha hecho referencia, a la “Operación Espalda Mojada” (Operation Wetback) de Eisenhower de 1954 (García, 1981; Astor, 2009; Langham, 1992; Hernández, 2006). No se puede tener certeza acerca de con qué profundidad conoce esta operación o hasta qué punto la toma como modelo a seguir; incluso puede que sea simplemente un guiño relacionado con su eslogan MAGA, al hacer referencia a la época que el movimiento considera “ejemplar”, los años 50 del pasado siglo.[3]
La “Operación Espalda Mojada” es para muchos uno de los episodios más vergonzantes de la democracia del país. De ella se ha dicho que “La política de deportación masiva de Eisenhower fue una tragedia. Se violaron derechos humanos. La gente fue llevada a lugares lejanos sin comida o agua. Se produjeron muchas muertes, muertes innecesarias. Incluso, en algunas ocasiones, se deportó a ciudadanos norteamericanos de origen hispánico. Fue absurdo. Fue terrible. Los inmigrantes fueron humillados”.
Aquella operación hizo uso del uso del ejército, y fue liderada por Joseph Swing, un militar retirado que la implementó en el verano de 1954. En ella se deportó a 1 millón de jóvenes mexicanos (Hernández, 2006), y sus efectos, en términos de reducir la migración irregular, parecen más bien escasos, muchos de los deportados volvieron a intentar entrar poco, unos de manera ilegal y otros de manera legal. La “Operación Espalda Mojada” no solo tuvo como objetivo expulsar a inmigrantes en situación irregular sino redirigir su entrada a través de canales legales como el programa “Bracero”. Dicho programa, diseñado para responder a la demanda de mano de obra en sectores específicos, requería que los trabajadores cumplieran las condiciones establecidas en él para obtener contratos temporales. Sin embargo, aunque la operación facilitó el retorno de algunos migrantes mediante este sistema, no logró frenar la migración irregular, ya que muchos deportados continuaron ingresando de manera no autorizada. Así, puede valorarse la operación como una costosa forma de regularización de inmigrantes además de una fórmula ineficiente para reducir la inmigración irregular.
Como se ha indicado, el objetivo primordial de la operación de deportación fueron los inmigrantes irregulares jóvenes recién llegados de México. Este país colaboró con el gobierno norteamericano hasta el punto de que se ha hablado de una operación “binacional” (Hernández, 2006). El motivo de esa intensa y extensa cooperación está en que México estaba sufriendo una carestía de mano de obra por su salida hacia EEUU, y quería recuperar a sus jóvenes trabajadores (en su mayoría hombres). Además de ese objetivo de parar la llegada de trabajadores mexicanos sin documentos, la operación tenía otro objetivo primordial que era desalentar a los empleadores que los contrataban. Sin embargo, encontró resistencia por parte de algunos legisladores, así como de grupos agrícolas y ganaderos que ejercieron presión sobre el Congreso. Muchos legisladores se opusieron a uno de los principios fundamentales de la iniciativa: castigar a los empleadores de trabajadores ilegales, ya que demostrar que estos tenían conocimiento del estatus migratorio de sus empleados resultaría complicado. Además, algunos legisladores mostraron reticencia ante el enfoque militarista de Brownell, que proponía ejecutar el plan como si se tratara de una invasión. Finalmente, el Congreso no logró aprobar una legislación que sancionara a quienes contrataran trabajadores ilegales, pero sí asignó un aumento en la financiación para la Patrulla Fronteriza.
En resumen, parece que la “Operación Espalda Mojada” llevó a problemas y suspicacias legales y operativas, pero también supuso la vulneración sistemática de derechos por parte de las autoridades, incluyendo tratos inhumanos y degradantes, así como torturas. Estos aspectos junto con su gran coste y las dificultades logísticas la llevaron rápidamente a su final.
No hay duda de que Trump no es Eisenhower ni el contexto es el mismo. Además, algunos detalles del sistema migratorio norteamericano, especialmente del sistema de deportaciones, han cambiado desde entonces. La comprensión del funcionamiento del sistema es importante a la hora de entender cuál es la capacidad y posibilidades del nuevo presidente para llevar a cabo su programa de deportación. En EEUU el sistema de deportación o devolución incluye, como regla general, la necesidad de obtener una decisión judicial por haber violado la legislación migratoria. Para denominar a las personas que son retornadas a su país de origen tras esa resolución judicial, se utilizan los términos: deportación, devolución o remoción. Se calcula que alrededor de 1.200.000 personas en 2022 tenían ya una orden final de deportación que no se había ejecutado porque las autoridades migratorias desconocían el paradero de dichas personas o por decisión discrecional del ejecutivo de no ejecutarla.
En los casos en los que un juez de inmigración interviene, las garantías son claras. Incluso si determina que una persona no ciudadana puede ser deportada, niega las “medidas de alivio” contra la deportación y emite una orden de expulsión o concede la salida voluntaria, la persona aún conserva el derecho a apelar. La orden de deportación sólo se considera definitiva si transcurre el plazo de 30 días sin apelar, si la persona renuncia expresamente a su derecho a apelar o si la Junta de Apelaciones de Inmigración desestima la apelación o confirma la orden de deportación.[4]
Este sistema general convive con el de los retornos o devoluciones, también llamadas devoluciones sumarias (expedited removals), que se aplican principalmente a las personas que “acaban” de cruzar la frontera y entrar en el país, y que realiza el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Siguiendo el sistema creado en 1996, estas devoluciones rápidas evitan la autorización judicial si la deportación se realiza en los 14 días desde la entrada a personas detenidas dentro de 100 millas de la frontera terrestre, a menos que la persona solicite asilo. Estas devoluciones rápidas, sin intervención judicial, también se pueden aplicar a aquellos que ya fueron expulsados con anterioridad (restauración de la orden de expulsión). La reforma de 2020, durante el primer mandato de Trump, permitió, entre otras cosas, que se les pudiera expulsar sin una orden de deportación. En ese año las devoluciones rápidas supusieron el 41% del total y las de restauración de la orden de expulsión un 40%. El 19% restante fue decidido por un juez de inmigración.
En estas primeras semanas la Administración Trump ha vuelto a cambiar las deportaciones sumarias o rápidas; se han revertido las limitaciones impuestas en 2022 por Biden. Con el nuevo mandato el DHS ha recuperado su autoridad para aplicar este procedimiento de manera más amplia. La nueva normativa permite que las personas sin estatus legal sean sujetas a deportación rápida si no demuestran haber estado en el país durante los dos años anteriores, sin importar dónde sean encontradas dentro de EEUU.
Esta medida ha suscitado preocupaciones entre defensores de los derechos humanos y organizaciones pro-inmigrantes. La American Civil Liberties Union (ACLU) ha criticado la ampliación de la deportación expeditiva, señalando que esta política “conduce a la deportación de personas sin el debido proceso y sin la oportunidad de demostrar su elegibilidad para permanecer en el país”. Asimismo, el American Immigration Council ha advertido que la falta de revisión judicial adecuada podría aumentar las deportaciones erróneas, afectando a inmigrantes con casos legítimos de asilo o con vínculos comunitarios en EEUU.
Junto a este tipo de deportaciones, han convivido durante la pandemia las deportaciones del Título 42, desde marzo de 2020 hasta mayo de 2023. Esta disposición legal permitía la rápida expulsión de los inmigrantes irregulares que trataban de entrar en EEUU en base a un riesgo de salud pública, sin la necesidad de realizar una entrevista, lo que, en la práctica, les imposibilitaba la solicitud de asilo, si bien es cierto que no se imponía una prohibición de entrada. Durante la Administración Biden también se hizo un uso intensivo de esta fórmula, incluso más de lo esperado, hasta que se terminó con dicha habilitación legal.
La creciente utilización de las deportaciones rápidas, incluso durante la última parte de la Administración Biden, se relaciona precisamente con el fin del Título 42, para procurar que los migrantes pudieran ser deportados rápidamente sin audiencia en los tribunales si no solicitan asilo. Si los inmigrantes objeto de devolución sumaria solicitan asilo, deben superar una evaluación inicial con un oficial de asilo para evitar la deportación y poder continuar con su caso en el sistema judicial de inmigración.
3. ¿A cuántas personas se puede deportar en la nueva “Operación Aurora”?
Aunque el presidente Donald Trump ha comenzado su planificado programa de deportación inmediatamente después de tomar posesión, un primer aspecto sin determinar es el objetivo numérico del programa de deportación. De hecho, durante la campaña, Trump habló de expulsar a 15 millones e incluso hasta 20 millones de personas, a pesar de que la cifra de inmigrantes irregulares viviendo en EEUU se calcula entre los 11 y 12 millones de personas según el PEW Research Center.
En el caso de la “Operación Espalda Mojada”, el Immigration and Naturalisation Service (la anterior agencia de inmigración de EEUU) afirmó que 1.100.000 mexicanos habían sido deportados, pero no hay acuerdo en dicha cifra, ya que unas fuentes hablan de 200.000 personas (Langham, 1992) y otras de 1 millón (Hernández, 2006), mientras que algunas llegan a indicar que fueron 1.300.000.
En el sistema migratorio norteamericano, durante las últimas décadas, se han aumentado de forma constante los recursos para la aplicación (enforcement) de las leyes de inmigración, tanto en la frontera como en el interior, y las deportaciones se han incrementado. La Figura 1 muestra los datos, en promedio anual, de deportaciones durante las cinco últimas Administraciones. El promedio anual de deportaciones aumentó desde la Administración de Clinton hasta la de Obama. Sin embargo, durante la primera Administración de Trump, las deportaciones disminuyeron debido a la reducción de la cooperación entre las jurisdicciones estatales y locales con los funcionarios del ICE, unido a la limitada capacidad del gobierno para detener y expulsar a los inmigrantes motivada por la pandemia de COVID-19. Esta tendencia a la baja continuó bajo la Administración de Biden, en la que se dio prioridad a deportar inmigrantes con antecedentes penales, como también había hecho Obama.
Según los datos del ICE (véase la Figura 1), Obama deportó de media anual a más inmigrantes (385.000) que Clinton (143.000), Bush (252.000), Trump (299.000) y Biden (174.000). Si se desagregan estos datos anualmente (véase la Figura 2), se puede ver que en su anterior mandato el presidente Trump, aunque prometió deportar a millones de inmigrantes, la cifra más alta de deportaciones que logró en un solo año fue de 347.250 en el año fiscal 2019. El mayor número de deportaciones en un solo año por parte del ICE se registró en 2013, bajo la Administración del presidente Obama, con un total de 432.228. Esta cifra llevó a que algunos lo apodaran deporter in chief (“deportador jefe”).
Si incluimos las deportaciones bajo el denominado Título 42 y las deportaciones sumarias, en el año 2020 Trump llega a 393.000 y Biden a 1.083.000 (sumando los tres años, 2021, 2022 y 2023, en los que está en vigor el Título 42), reflejando esa utilización del título 42 realizada por la última Administración. En total, desde marzo de 2020 a marzo de 2023 se deportó a más de 2.8 millones de inmigrantes bajo la provisión del Título 42.
Figura 2. Deportaciones de extranjeros en EEUU (año fiscal 1993-2024)
Teniendo en cuenta tanto esos promedios como los números anuales, incluso la cifra de
