El derecho a vivir donde quieres
Plena inclusión pide a los gobiernos de las comunidades autónomas que extiendan el derecho de arraigo, tal y como contempla el anteproyecto de la futura Ley de Dependencia.
📅 11 de febrero de 2025
📍 Madrid
Plena inclusión defiende el derecho
de las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo
a vivir en su entorno familiar y social.
Hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma
de la Ley de Discapacidad y Dependencia.
Plena inclusión apoya
que la nueva ley garantice
que las personas con discapacidad
puedan elegir dónde y con quién vivir.
¿Por qué es importante este derecho?
Actualmente, muchas personas
con discapacidad intelectual
reciben apoyo en lugares lejos de su casa.
Esto les hace perder el contacto con su familia,
su barrio y su entorno.
También es habitual que sean trasladadas
sin su consentimiento
a residencias de mayores de 65 años.
Para Plena inclusión,
esto no es justo ni humano.
👉 Tomás A. Sancho, presidente
de Plena inclusión Madrid
y miembro de la Junta Directiva
de Plena inclusión España,
explica:
«No se puede decidir el futuro
de las personas sin preguntarles.
Además, estos cambios bruscos
pueden afectar a su bienestar
y su salud mental».
¿Qué pide Plena inclusión?
Plena inclusión apoya a 150.000 personas
con discapacidad intelectual
y del desarrollo en España.
Pide que la nueva Ley de Dependencia permita:
✅ Elegir dónde y con quién vivir.
✅ Recibir apoyos en su entorno
sin tener que alejarse de su familia.
✅ No ser trasladadas sin su consentimiento.
Un derecho reconocido
Esta petición está en línea
con el artículo 19 de la Convención
de Naciones Unidas
sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
Este artículo dice
que todas las personas con discapacidad
tienen derecho a:
🟢 Vivir de forma independiente.
🟢 Ser parte de su comunidad.
🟢 Tomar sus propias decisiones.
Plena inclusión también recuerda
que esta reforma es una oportunidad histórica
para mejorar la vida de miles de personas.
Plena inclusión pide a los gobiernos de las comunidades autónomas que extiendan el derecho de arraigo, como contempla el anteproyecto de la futura Ley de Dependencia
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• Tras la aprobación hoy, por el Consejo de Ministros, del anteproyecto de reforma de la Ley de Discapacidad y Dependencia, Plena inclusión reivindica este derecho para las familias y las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Madrid, 11 de febrero de 2025.-La demanda de Plena inclusión, que va dirigida a las comunidades autónomas, coincide con la ratificación hoy, por el Consejo de Ministros, del anteproyecto de reforma la Ley de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia para adaptarlas a la reforma constitucional aprobada por el Congreso de los Diputados, en febrero de 2024, modificando su artículo 49.
Hoy en día, es frecuente que los servicios ofrecidos a las personas con discapacidad intelectual se realicen fuera del contexto diario de las mismas, lo que produce procesos de “desarraigo”, y una ruptura con su trayectoria vital, su red de relaciones y los lugares que les son propios.
Por todo ello, resulta imprescindible desterrar la mala práctica de traslados no consentidos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a residencias para personas mayores de 65 años. “Se trata de un modo de actuar poco respetuoso, así como de una práctica inhumana, al decidir el futuro de las personas sin preguntarles antes si están o no de acuerdo”, explica
Tomás A. Sancho, presidente de Plena Inclusión Madrid y miembro de la Junta Directiva de Plena inclusión España.
Hay que recordar que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, uno de los grupos humanos más vulnerables en nuestro país, no suelen contar en la mayoría de los casos con las competencias necesarias para afrontar esas situaciones de cambio abrupto en sus vidas, generándose por ello problemas de comportamiento, salud mental y otras circunstancias que desestabilizan su día a día.
El movimiento asociativo Plena inclusión, que presta apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral y otros), reclama que a estas personas se les dé la posibilidad de desarrollar su proyecto vital junto a las entidades del movimiento de la discapacidad que les han acompañado a lo largo de su vida; y aprovecha la oportunidad histórica que supone la propuesta del Ejecutivo de modificar las Leyes de Dependencia y Discapacidad para reclamar esta mejora que ayudaría a superar las restricciones impuestas a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Por otro lado, esta demanda conecta también con el artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el mismo, se reconoce “el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, con la libertad de elegir y controlar su vida”.
