La Directiva de la UE sobre Diligencia Debida se queda en papel mojado con la nueva propuesta Ómnibus, que supone una desregulación total diseñada para desmantelar la rendición de cuentas de las empresas. Esta decisión prioriza la competitividad y los intereses corporativos por encima de la protección de los derechos humanos y el medioambiente.
Debilita el compromiso de la UE con la sostenibilidad
El texto anunciado oficialmente supone un ataque directo al propio marco de sostenibilidad de la UE, ya que desmantela elementos clave de la Directiva de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD) y la Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD).
Esto supone que la Comisión Europea está dispuesta a abandonar a las víctimas de abusos corporativos y a anular sus propios compromisos climáticos bajo el Acuerdo de París. Si se adopta de esta manera equivaldrían a poner fin a elementos clave del Pacto Verde Europeo. Esto no solo afectará a las personas y las comunidades víctimas de abusos corporativos en casos como el desastre de Rana Plaza, sino que también representa un retroceso significativo en la lucha por la justicia social y ambiental.
«La Comisión Europea acaba de entregar las llaves de la toma de decisiones de la UE a las grandes empresas (contaminantes) al seguir adelante con el Omnibus, ignorando un conjunto de regulaciones adoptadas democráticamente para convertir en propuesta de ley lo que quieren grandes empresas (contaminantes). Esto es un asalto en directo a nuestros valores fundamentales, como la protección de los derechos humanos y el medioambiente. También tendrá efectos perjudiciales en la diplomacia climática europea». Javier García, responsable de ActionAid para Europa y las Américas
Desmantela la Directiva de Diligencia Debida
Lejos de ser una mera «simplificación» de las obligaciones de información sobre sostenibilidad, como la Comisión había descrito originalmente esta nueva propuesta, el borrador desarticula los cimientos mismos de la Directiva , al eliminar sus instrumentos centrales. Las obligaciones de diligencia debida se reducen a un ejercicio burocrático cosmético sin mecanismos significativos de aplicación, en lugar de integrar herramientas efectivas y acordadas internacionalmente para la prevención, mitigación y reparación de abusos corporativos.
La propuesta limita severamente el deber de diligencia debida de las empresas al centrarse en los socios comerciales directos (los llamados de «primer nivel») y restringirlo para aquellos con menos de 500 empleados. Esto ocurre después de que la Comisión Europea invitara este mes a numerosas empresas de petróleo y gas a una «consulta» y pasara por alto de manera flagrante el hecho de que las violaciones más graves de los derechos humanos y del medioambiente suelen ocurrir en los eslabones más alejados de la cadena de suministro, especialmente entre proveedores más pequeños.
Así, las empresas tendrían menos obligaciones de involucrarse con las partes afectadas a lo largo de su proceso de gestión de riesgos, a pesar de que esta ha demostrado ser una herramienta clave para prevenir daños. Además, no estarán obligadas a poner fin a sus relaciones comerciales con ninguno de sus socios, incluso en casos donde continúen perpetrando abusos. Por último, solo tendrán que supervisar la eficacia de sus políticas de diligencia debida dos veces por década, en lugar de una vez al año.
Las obligaciones climáticas se reducen a mero “greenwashing” en esta propuesta, ya que se elimina la obligación de implementar planes de transición climática, permitiendo a las empresas dejarlos de lado sin ninguna consecuencia ni supervisión.
Dejar indefensas a las víctimas de las malas prácticas empresariales
Mientras tanto, se han desmantelado algunos de los mecanismos esenciales de aplicación que daban sentido a la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD), limitando severamente el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y perpetuando una relación inconsistente de normas que dificultan la posibilidad de recurrir a la vía legal en la UE.
Se ha eliminado el requisito clave de que los Estados miembros garanticen la responsabilidad civil por incumplimientos de la diligencia debida, así como el derecho de las víctimas a ser representadas por ONG, sindicatos e instituciones nacionales de derechos humanos en los tribunales en caso de no contar con los medios suficientes para representarse a sí mismas.
Estos retrocesos sitúan ahora los estándares de la UE por debajo de los marcos internacionales voluntarios ya existentes, convirtiendo la CSDDD en un mero ejercicio de casilla de verificación, en total contradicción con el objetivo de que las empresas tengan una conducta empresarial responsable.
Intereses corporativos por encima de los derechos humanos
Desde la Alianza-ActionAid y la Plataforma por Empresas Responsables pedimos al Colegio de Comisarios que se oponga a esta propuesta y detenga este desastre en ciernes. De lo contrario estarán traicionando a las víctimas de los abusos corporativos en todo el mundo.
«Esto no es una simplificación, sino una desregularización de la responsabilidad empresarial que socava la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Con esta propuesta, la Comisión Europea no solo permite que continúen prácticas empresariales perjudiciales, sino que también se aleja de los valores fundacionales de la UE de justicia, protección ambiental y responsabilidad. Al reducir las obligaciones de diligencia debida, la Comisión prioriza los intereses corporativos sobre la justicia y la rendición de cuentas, dificultando que trabajadores, comunidades y víctimas de abusos corporativos puedan buscar reparación.” Amaya Acero, Coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables.
