Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) , consideramos fundamental la reciente renovación del Pacto de Estado, ya que constituye un avance significativo en aspectos clave, especialmente en la ampliación del reconocimiento de distintas formas de violencia y en el refuerzo de las herramientas de protección a las víctimas. En cuanto a las mejoras introducidas con respecto al Pacto de Estado de 2017, uno de los avances más importantes es la ampliación del concepto de violencia de género, que en dicho Pacto estaba limitado a la violencia ejercida por la pareja o expareja. Aunque en los últimos años ya se habían producido avances normativos, este nuevo marco consolida y expande esa visión al reconocer otras formas de violencia.
Igualmente, consideramos de vital importancia el impulso de la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas, impartida siempre por profesionales formados para ello de forma acreditada; la educación de menores y adolescentes para que desarrollen capacidad crítica respecto de los contenidos audiovisuales que tanto impacto tienen actualmente en la formación de su personalidad o la llamada a realizar campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a las personas jóvenes en formatos adecuados a sus códigos de comunicación, sobre violencia sexual en el ámbito digital, en el ámbito de las mujeres migrantes y las dirigidas específicamente a los hombres para acabar con conductas machistas.
Ajustándonos a las nuevas situaciones y necesidades, se incorporan medidas novedosas como el diseño de planes de protección de las mujeres para situaciones de catástrofe o emergencia, el impulso a la formación y la colaboración del sector hotelero, turístico y del ocio por su papel clave para detectar y actuar en situaciones de violencia contra las mujeres o la relativa a la homologación, con exención de tasas, de los títulos académicos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia.
También se refuerzan las medidas de atención integral y se prevé un mayor compromiso en la lucha contra la explotación sexual. Aunque este es un paso adelante, sigue habiendo una falta de compromiso desde las instituciones para la erradicación de la prostitución desde una perspectiva abolicionista. En este sentido, será clave que las medidas vayan acompañadas de políticas eficaces para proteger y garantizar alternativas a las mujeres en situación de prostitución.
Otro aspecto en el que se observan avances con respecto al Pacto de 2017 es el compromiso presupuestario ( 50% más de dotación económica) y los mecanismos de seguimiento, en esta línea se refuerzan las partidas económicas destinadas a la lucha contra la violencia de género, con un mayor control sobre su ejecución y se establece un sistema de evaluación para medir el impacto de las medidas implementadas y corregir deficiencias en su aplicación. Este refuerzo es positivo, pero consideramos fundamental garantizar que estos mecanismos se mantengan en el tiempo.
Nuevas formas de violencia: violencia económica, violencia vicaria y violencia digital
El reconocimiento de la violencia económica como una forma de violencia de género es algo que organizaciones feministas llevamos reivindicando desde hace años, pues para las mujeres, la dependencia económica del agresor es uno de los grandes obstáculos para que puedan romper el círculo. El texto incorpora propuestas como llevar al Código Penal un tipo que recoja todas las conductas que buscan limitar la economía e independencia económica de las mujeres o añadir al delito de impago de pensiones una modalidad agravada que tenga en cuenta la situación económica en la que deja a la víctima. Para garantizar que se aplique será fundamental la formación especializada en violencia de género de todos los operadores jurídicos, algo que también se menciona en el texto.
En materia de violencia de vicaria, entre las medidas, se contempla incluir como víctimas de violencia de género a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria; garantizar una formación especializada para profesionales que tengan un contacto habitual con niños, niñas y adolescentes víctimas; perfeccionar los sistemas de valoración del riesgo de la violencia de género para adaptarse a las víctimas menores de edad; facilitar la denuncia en sede policial a los y las menores o formación transversal para el personal al servicio de la Administración de Justicia, entre otras.
También hay algunas medidas dirigidas a los menores huérfanos por violencia machista, como la actualización anual de las pensiones o un sistema específico de apoyo en los centros escolares a menores que han perdido a sus madres por esta causa. También incluye un protocolo para evitar que se aplique el SAP en los puntos de encuentro familiar.
Si bien una de las novedades que incluye el Pacto de Estado es “Garantizar la aplicación práctica del reconocimiento de las y los menores de edad como víctimas directas de la violencia de género tal y como se establece en el artículo 173 del Código Penal, evitando con ello que se acuerde o mantenga convivencia o régimen de visitas con el agresor, e impulsar que dicho reconocimiento se extienda a mayores de edad en situación de dependencia de la víctima”. No obstante, desde la CIMTM , hemos solicitado que se realice un estudio sobre la aplicación de los Tribunales del art. 94 del CC en relación a las visitas y su suspensión en los casos en que así se requiera, que creemos esencial.
En materia de violencia digital, se contempla abordar mediante ley la protección específica de los y las menores en entornos digitales, con especial atención a la prevención de la violencia machista; atender a las víctimas de violencia digital de manera integral; protocolos de actuación; o formación específica para el peritaje informáticos dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También se incluye la sanción por el uso de material en forma de deep fakes.
Cada uno de estos avances son fundamentales ya que como venimos observando durante años, la falta de respuesta institucional ha derivado en asesinatos que podrían haberse evitado.
Unanimidad contra la violencia de género
Por último, y aunque no es nada nuevo, no podemos ignorar la postura de Vox, que se ha negado a respaldar el Pacto y continúa promoviendo orgullosamente un discurso negacionista de la violencia de género. La violencia de género es una cuestión de derechos humanos y no puede ser utilizada como moneda de cambio en estrategias partidistas. Es fundamental que la sociedad civil y las organizaciones feministas sigamos exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos y denunciemos cualquier intento de retroceso en la protección de las mujeres.
Por tanto, aunque el nuevo marco de actuación introduce avances con respecto al Pacto de Estado de 2017, su efectividad dependerá de su correcta implementación y del compromiso real de todas las instituciones implicadas. Desde la CIMTM valoramos positivamente la renovación del Pacto de estado y seguiremos trabajando para garantizar que estos avances no se queden en el papel y se traduzcan en una protección real y efectiva para todas las mujeres.
