Este 8 de marzo, día internacional de las mujeres, va de derechos. Este es el lema que Naciones Unidas acordó hace algunos meses, y no por casualidad. El año en el que se cumple el 30º aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 (Beijing+30), y el 25 aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, volvemos a los fundamentos: “Para todas las mujeres y niñas en TODA su diversidad: derechos, igualdad y empoderamiento”. Igualdad de derechos; igualdad de oportunidades; igualdad de poder. Ninguno de los objetivos acordados hace tres décadas por unanimidad por 189 países ha sido alcanzado. Hay avances, sí, pero lo cierto es que son extremadamente lentos. Y hay retrocesos: algunos particularmente atroces como la violencia sistemática e institucionalizada contra las mujeres y las niñas en Afganistán y en Irán.
La democracia es cuestión de derechos, para las dos mitades de la población. Defender la democracia es, también, defender los derechos de las mujeres.
La crisis del orden liberal basado en reglas, y la fragmentación y la polarización en el escenario internacional, tienen impactos negativos en la agenda de igualdad de género, que a su vez contribuyen a caracterizar este momento de transición en el orden global: una fractura en la política internacional en torno al género que se amplía y se profundiza con voces de países relevantes (aunque en minoría); contestación a las normas globales de género aprobadas en el seno de las instituciones multilaterales (muy en particular las relativas a la lucha contra la violencia de género, y el derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva); derechos de las mujeres que creíamos consolidados, en disputa; cuestionamiento del lenguaje acordado y de sus significados (autonomía de las mujeres, empoderamiento político y políticas públicas para combatir la violencia de género); y mensajes de odio, violencia online y desinformación en materia de igualdad. La igualdad de género (valor esencial de las sociedades democráticas, del proyecto europeo, del sistema multilateral) como objeto de controversia.
La estrategia deliberada de situarlos como una cuestión identitaria, promovida por una artificiosa y excluyente agenda woke es, además de polarizante, un nuevo intento de situar la cuestión de los derechos de las mujeres como una cuestión marginal, alejada de la centralidad de las cuestiones “realmente importantes”. Tampoco es casual enmarcar el debate en términos de valores. El discurso que cuestiona y/o rechaza, bajo la denominación de “ideología de género”, los avances en derechos, apela a los “valores (tradicionales)” para intentar socavar logros legislativos, políticos, económicos y sociales y cuestionar la autonomía de las mujeres. Y es, precisamente, en términos de valores y principios democráticos en los que la igualdad entre hombres y mujeres resulta central. No solo es un termómetro del bienestar de nuestras sociedades, sino también de la calidad de nuestras democracias. Los derechos de las mujeres son derechos humanos.
Junto con los movimientos y liderazgos nacionales anti-feministas y “anti-género”, se producen también decisiones encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres. Recientemente, el Parlamento aprobaba el informe sobre el Pacto de Estado contra la violencia de género por una amplia mayoría de todos los grupos políticos a excepción de VOX, aumentando su presupuesto y las medidas para luchar contra esta violencia. Con una validez de cinco años y 462 medidas, tiene una dotación económica de 1.500 millones de euros, el doble del Pacto alcanzado en 2017. La Asamblea Nacional francesa aprobaba, en marzo de 2024 y por amplísima mayoría (780 votos a favor y sólo 72 en contra), la incorporación a la Constitución del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Mientras las políticas federales de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de EEUU han sido objeto de supresión por parte del presidente Trump, Chile y Eslovenia se han sumado al grupo de países que han adoptado una política exterior feminista.
Beijing+30 tiene lugar en un contexto muy distinto al de 1995, más hostil y menos favorable, cuando aún estamos muy lejos de alcanzar sus objetivos y tenemos la certeza de que no será posible alcanzar el ODS 5 sobre igualdad de género de la Agenda 2030. En promedio, el porcentaje de mujeres que ocupan una jefatura de Estado o de gobierno se ha mantenido, sin cambios sustantivos, alrededor del 10% desde 1995. Persiste la brecha salarial, de pensiones y en la participación en el mercado de trabajo. Han aumentado las legislaciones para combatir la violencia de género (con un impacto positivo en la prevalencia); pero, según los datos más recientes (2023), los casos de violencia sexual en conflicto verificados por Naciones Unidas aumentaron un 50% respecto al año anterior, y sólo el 9,6% de las personas responsables de negociar en los procesos de paz fueron mujeres.
En apenas unos días comenzará el 69º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), que revisará la aplicación del Plan de Acción de Beijing y los avances impulsados por la Agenda 2030. Aprobará una Declaración Política, que se hará pública el próximo 10 de marzo, y que marcará el tono de la conversación, la ambición y las dificultades con las que se enfrenta la agenda y su ambición. Articular al grupo de países más comprometidos en torno a una alianza global por los derechos de todas las mujeres y las niñas, en todo el mundo, requiere poner el acento, precisamente, en el eje de derechos, frente a quienes persiguen de manera deliberada situarla como una cuestión identitaria o de “guerra cultural”. Quienes cuestionan la agenda son muchos menos que quienes la promueven, aunque sin duda son muy visibles, se hacen oír y tienen capacidad de erosionar. España está bien posicionada para contribuir a fortalecerla e impulsar para ello una “alianza global constructiva” para garantizar los derechos humanos de las mujeres.
La contestación de los derechos de las mujeres no es nueva (señalaba Simone de Beauvoir, “bastará una crisis política, económica y religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados”), pero su articulación internacional es hoy más robusta y encarna, con contornos más definidos, la reacción y la oposición permanentes frente a las medidas que impulsa el grupo de países más comprometidos (entre ellos España) para combatir la persistente desigualdad estructural.
En el año en que se conmemora el 30º aniversario de la Plataforma y Plan de Acción de Beijing, en un contexto más refractario a una agenda que es esencialmente democrática y democratizadora, no es casualidad que el lema de Naciones Unidas para conmemorar el próximo 8 de marzo apele, precisamente, a los fundamentos: la igualdad de género es cuestión de derechos. La democracia es cuestión de derechos, para las dos mitades de la población. Defender la democracia es, también, defender los derechos de las mujeres.
