El reciente visto bueno del Consejo de Ministros al Proyecto de Ley de Acciones Colectivas supone un hito en la protección de los derechos de los consumidores en España. Desde la óptica de la reputación corporativa, esta reforma introduce un nuevo paradigma que las empresas no pueden ignorar. La posibilidad de que colectivos organizados canalicen demandas con mayor facilidad y cobertura legal refuerza la posición de los consumidores, pero también abre la puerta a una mayor presión pública sobre compañías que se enfrenten a litigios colectivos.
La nueva regulación, alineada con la Directiva (UE) 2020/1828, otorga un papel clave a asociaciones de consumidores, al Ministerio Fiscal y a distintas entidades habilitadas para interponer demandas colectivas. Esto supone un refuerzo del litigio estratégico desde el punto de vista de la defensa del consumidor, lo que podría traducirse en una proliferación de pleitos con un elevado impacto mediático.
Para las empresas, este cambio implica que los riesgos de reputación no solo derivarán de una eventual condena judicial, sino también del proceso mismo. El hecho de que los procedimientos sean colectivos y que la afectación de los consumidores sea amplia hará que los casos cobren mayor relevancia en la opinión pública, con el consiguiente riesgo de dañar la imagen de la compañía antes incluso de que se dicte sentencia.
Las compañías deben adoptar estrategias de Litigation PR proactivas
En este nuevo contexto, la gestión de la comunicación en litigios se vuelve crucial. Las compañías deben adoptar estrategias de Litigation PR proactivas que les permitan gestionar la narrativa pública de un proceso judicial, minimizando el daño reputacional y garantizando que su versión de los hechos sea escuchada.
Algunos de los aspectos clave que las empresas deberán considerar son la transparencia y la anticipación: la comunicación corporativa deberá ser más clara y efectiva ante potenciales litigios, evitando el hermetismo que puede generar una percepción negativa en la opinión pública.
Asimismo, además de los consumidores, las empresas deberán gestionar con mayor atención su relación con inversores, socios y otros grupos de interés que pueden verse influenciados por la evolución de un litigio colectivo. Además, la difusión de información en redes sociales y medios digitales puede amplificar el impacto de una demanda colectiva, haciendo necesario un control exhaustivo del relato público.
A medio y largo plazo, esta reforma podría suponer un cambio en la percepción de la responsabilidad empresarial. Las compañías que sean objeto de múltiples demandas colectivas pueden ver su imagen erosionada si no manejan adecuadamente la comunicación y la resolución de estos procesos. En este sentido, el Litigation PR no solo sirve para gestionar crisis puntuales, sino como una estrategia preventiva que refuerce la credibilidad y la confianza en la empresa.
Podría incentivar a las compañías a reforzar sus políticas de Compliance
Por otro lado, la existencia de un marco normativo más sólido también podría incentivar a las compañías a reforzar sus políticas de Compliance y a anticiparse a posibles conflictos con los consumidores. Las empresas que se adelanten a estos cambios y establezcan canales efectivos de diálogo y resolución de reclamaciones tendrán una ventaja competitiva en este nuevo escenario.
La nueva Ley de Acciones Colectivas no solo modifica el ámbito legal de las reclamaciones, sino que también redefine las dinámicas de poder en la relación entre empresas y consumidores. La reputación corporativa estará más expuesta que nunca a la presión de litigios colectivos bien organizados y con impacto mediático.
En este contexto, las compañías que apuesten por estrategias de Litigation PR inteligentes y una gestión proactiva de la comunicación serán las mejor posicionadas para proteger su imagen y mitigar los efectos de esta nueva realidad jurídica.
