Mensajes clave
- La violencia yihadista surgida en 2012 en el norte de Malí se ha convertido en una amenaza transnacional que afecta con especial gravedad a los miembros de la Alianza de Estados del Sahel –Mali, Burkina Faso y Níger– y, de manera más incipiente, a Costa de Marfil, Togo, Benín y Ghana, en el golfo de Guinea.
- En la actualidad se observan dos tendencias principales en la región: por una parte, la intensificación de la amenaza yihadista en el Sahel central, con un creciente control territorial por parte de grupos insurgentes; y, por otra parte, la expansión geográfica del terrorismo hacia las costas del golfo de Guinea.
- Estas tendencias explican la creciente preocupación de España y otros socios europeos por esta región, considerada prioritaria, así como el interés por mantener su presencia en la Alianza de Estados del Sahel y reforzar la cooperación en materia de paz y seguridad con los mencionados países del golfo de Guinea.
- En este contexto, España está bien situada para desempeñar un papel de liderazgo en la acción de la Unión Europea en la región, ocupando el vacío dejado por la salida forzosa de Francia.
Análisis
El Sahel central atraviesa un contexto de policrisis[1] marcado por la violencia yihadista, un creciente autoritarismo y déficits estructurales tanto de desarrollo económico como de gobernanza. Burkina Faso, Malí y Níger se han consolidado como el principal foco de violencia yihadista a nivel global, a la vez que la amenaza se extiende progresivamente hacia el sur, afectando en distinta medida a cuatro países costeros del golfo de Guinea –Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín–. Todo ello ocurre en un contexto de creciente competencia geopolítica entre actores externos, como Rusia, China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, por ampliar su presencia e influencia en África Occidental, un espacio crecientemente estratégico a escala global.
Esta situación reviste especial relevancia para España y la Unión Europea (UE). El Sahel y África Occidental forman parte del vecindario ampliado de la UE y su estabilidad incide directamente en la europea, tanto en el plano de la seguridad, como por sus vínculos económicos. Además, el creciente peso de las potencias externas mencionadas cuestiona el papel tradicional de Europa en la región y obliga a repensar sus relaciones con ésta, particularmente en cuanto a su implicación en los esfuerzos en materia de paz y seguridad.
Este trabajo repasa, en primer lugar, la evolución de la amenaza yihadista en África Occidental e identifica, a continuación, dos tendencias de la inseguridad vinculada al yihadismo desde 2020, año del primer golpe de Estado en Malí. La primera se refiere a la intensificación de la amenaza yihadista en los países miembros de la Alianza de Estados del Sahel (AES), con un creciente control territorial de los grupos insurgentes. La segunda, es la expansión geográfica de la violencia hacia tres países del golfo de Guinea, estando Ghana afectada únicamente por actividades transfronterizas (no violentas) de los grupos terroristas. Por último, el texto reflexiona sobre las implicaciones de estas dinámicas para la acción exterior de España y la UE, proponiendo claves dirigidas a mantener un compromiso sostenido con la estabilización regional, sobre bases más constructivas, horizontales y eficaces.
El grueso del análisis se basa en la explotación de la base de datos Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), que recoge información sobre conflictos violentos y manifestaciones – pacíficas y violentas– en todos los países y territorios del mundo. Para este estudio, se han contabilizado únicamente actividades violentas con participación de al menos un grupo yihadista, descartando movimientos estratégicos[2] o protestas pacíficas. Además, se ha estudiado la frecuencia con la que cada grupo yihadista participa en incidentes violentos. En este sentido, es importante señalar que la cifra total de participaciones de grupos yihadistas en actos violentos es superior al número total de incidentes, ya que existen casos en la base de datos en los que varios actores participan en el mismo hecho. Estos criterios de selección suponen que este trabajo no aborde otras fuentes de inseguridad regional,[3] a cargo de actores separatistas, grupos de crimen organizado o milicias étnicas no inspiradas en un ideario salafista yihadista. En cuanto al alcance geográfico, este análisis abarca siete países de África Occidental que se han visto afectados en mayor o menor medida, por las actividades de grupos yihadistas: Malí, Burkina Faso, Níger, Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín.
1. Transformaciones del orden político y de seguridad en el Sahel y África Occidental en la última década
Los aparatos centrales de al-Qaeda y Estado Islámico arrastran sendas crisis de liderazgo, llevándolos a una situación de debilidad que ha desplazado el foco de las matrices hacia sus filiales, entidades regionales afines y provincias. De entre éstas, las presentes en África están ganando fuerza y protagonismo. De los cinco principales focos de inestabilidad en el continente,[4] el Sahel ha experimentado la mayor escalada de violencia vinculada a actores yihadistas en los últimos años. En 2007, las muertes relacionadas con el terrorismo en la región representaban sólo el 1% del total mundial, mientras que en 2025 esta cifra ha llegado al 51%. Asimismo, como se detallará más adelante, los grupos insurgentes ejercen un creciente control sobre determinados territorios. Así, desde 2023, el Sahel se consolida como el principal foco de actividad yihadista global.[5]
Los grupos yihadistas concentraron inicialmente sus ataques en el norte de Malí, aprovechando la insurgencia tuareg de 2012, así como los flujos de armas y combatientes llegados desde Libia tras la caída del régimen de Gadafi. Sin embargo, a partir de 2014, aumentaron su frecuencia también en Níger y, con especial intensidad, en Burkina Faso. Desde 2020, se observa un progresivo efecto contagio incluso más allá: el Sahel alberga un mosaico de grupos terroristas que siguen una lógica de expansión hacia las costas del golfo de Guinea, alcanzando Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana, aunque en menor medida. En definitiva, no solamente la amenaza se ha intensificado, sino que también ha aumentado su alcance geográfico, tanto en los países que conforman el Sahel central como a nivel regional, en África Occidental (Figura 1).
En la actualidad, prácticamente la totalidad de los actores yihadistas en la región pertenecen a la órbita de una de las principales matrices del yihadismo global, al-Qaeda y Estado Islámico.[6] Los actores más importantes son la coalición Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), filial de al-Qaeda, y, en menor medida, la Provincia de Estado Islámico del Sahel[7] (ISSP, por sus siglas en inglés). Ambos compiten entre sí por influencia y control territoriales, particularmente en el área de la triple frontera entre Malí, Burkina Faso y Níger.
La coalición JNIM, conformada por grupos como la Katiba Macina, Ansar Dine o Al Morabitoun, es el actor más activo, ya que concentra cerca del 66% de las participaciones en acontecimientos violentos desde 2020.[8] Su peso con respecto al de otros actores ha aumentado de forma rápida y sostenida: mientras que en 2020 fue responsable del 50,19% de dichas participaciones, la proporción ascendió al 83,73% en 2024, evidenciando una rápida consolidación de su dominio. Este ascenso se explica, entre otros factores, por su capacidad para federar grupos con un fuerte arraigo comunitario, establecer mecanismos locales de financiación sostenibles y superar al ISSP en la competición por el control territorial. Esta organización, a cargo de aproximadamente del 17% de las participaciones en actos violentos desde 2020, es el segundo actor más activo tras JNIM.
Sin embargo, a la amenaza yihadista hay que sumarle otro vector de inestabilidad. Desde 2020, el Sahel ha experimentado una oleada de golpes de Estado militares: primero en Malí (agosto de 2020 y mayo de 2021), luego en Burkina Faso (enero y septiembre de 2022) y, por último, en Níger (julio de 2023). Pese a las diferencias entre contextos nacionales, existe un denominador común. Las tres juntas militares explotaron agravios históricos no resueltos contra Francia y capitalizaron el descontento generalizado de la población –en particular, de la juventud–, presentándose como la única solución para traer seguridad y desarrollo económico, ante la incapacidad manifiesta de los gobiernos anteriores, democráticamente elegidos, de cumplir con estas funciones básicas del Estado.
Dichos cambios inconstitucionales de gobierno provocaron una grave crisis diplomática con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que desembocó en la salida de Malí, Burkina Faso y Níger en enero de 2025 en favor de una nueva organización subregional: la anteriormente mencionada AES. Al mismo tiempo, las juntas militares dieron un giro radical a su política exterior, estrechando lazos con potencias como Rusia, China, Emiratos Árabes Unidos o Turquía e interrumpiendo abruptamente la cooperación con Francia y otros socios europeos, con quienes las relaciones se encuentran en su peor momento desde las independencias en 1958, en el caso de Burkina Faso, y en 1960, en Malí y Níger. Todo ello llevó al desmantelamiento del conglomerado de iniciativas y redes de cooperación regional y multilateral de prevención y lucha antiterrorista, dejando un vacío de poder y comprometiendo la respuesta a la violencia yihadista.
En este escenario de fragilidad institucional, debilitamiento de las respuestas conjuntas a la inseguridad y creciente complejidad del entorno político, los grupos yihadistas han intensificado su actividad y ampliado su radio geográfico de acción. Desde 2020, la evolución de la amenaza en África Occidental permite identificar dos tendencias principales, que estructuran el análisis que sigue: por un lado, una intensificación de la violencia y un aumento del control territorial por parte de los actores insurgentes en los países miembros de la AES; y, por otro, la expansión geográfica del terrorismo hacia varios Estados del golfo de Guinea.
2. Tendencias
2.1. Intensificación de la amenaza en los países miembro de la AES, con estrategias de control territorial
La amenaza terrorista en el Sahel es de naturaleza transnacional y, especialmente en un contexto de fronteras porosas, requiere respuestas conjuntas y coordinadas. La cooperación en materia de prevención y lucha contra el terrorismo no sólo es esencial entre los países de la AES, sino también del conjunto de África Occidental. Sin embargo, la inestabilidad política derivada de los golpes de Estado y la fragmentación de la respuesta a la amenaza han contribuido a una doble dinámica: la intensificación de la violencia y la consolidación territorial de los grupos insurgentes en el Sahel central.
Como se puede apreciar en la Figura 2, el número de actividades violentas vinculadas al yihadismo en el conjunto de países de la AES exhibe una tendencia ascendente, con un incremento del 104% entre 2020, año del primer golpe de Estado en Malí y 2024. El mayor repunte se produjo entre 2020 y 2021, con un aumento del 54,1%. Hasta 2023, la curva se mantuvo al alza, aunque con un ritmo más moderado, y en 2024 se registró una ligera caída del 8,9%, atribuida a la reducción de incidentes en Burkina Faso por primera vez en una década. Esta evolución está principalmente protagonizada por dos actores: el JNIM y el ISSP, que concentran, respectivamente, el 66,81% y el 18,42% del total de participaciones de grupos yihadistas en actos violentos en los tres países.
Aunque el mencionado descenso en el último año del número de actos violentos vinculados al yihadismo en Burkina Faso, y su relativo estancamiento en Níger y Malí, podrían parecer una señal positiva, conviene interpretarlos con cautela. Lejos de reflejar una mejora estructural, en parte responden al afianzamiento del control territorial por parte de los grupos insurgentes, especialmente en el norte de Burkina Faso y Malí –donde opera el JNIM a través del grupo Ansaroul Islam– y en el oeste de Níger, en manos del ISSP. Además, los niveles de letalidad se mantienen elevados: en 2024, Burkina Faso siguió concentrando una quinta parte de las muertes por terrorismo a nivel global y Níger experimentó un aumento del 94%, pese a que el número de incidentes apenas creció. Este importante repunte del número de víctimas, tras lo que parecía un descenso sostenido desde 2022, ilustra lo frágiles que pueden ser los progresos y sugiere que la reducción de incidentes violentos en Burkina Faso puede ser transitoria. A ello se suma la creciente capacidad operativa de los grupos, que lograron golpear con éxito las capitales de Níger y Malí en mayo y septiembre de 2024, respectivamente.
Más allá de la intensificación de la violencia en el periodo entre 2020 y 2024, la realidad del Sahel central revela una lógica de consolidación territorial por parte de los actores yihadistas. Éstos pueden entenderse como insurgencias yihadistas de carácter local: los objetivos globales del movimiento yihadista están relegados a un segundo plano, en favor de narrativas que instrumentalizan agravios y conflictos locales preexistentes. Al mismo tiempo, la dependencia de los actores yihadistas de fuentes de financiación locales –como secuestros, control de minas de oro y de rutas de tráficos ilícitos, peajes, la zakat,[9] pagos a cambio de protección o el contrabando– refuerza los incentivos para adoptar una lógica de control territorial.
En el caso del JNIM, su estrategia pasa por eliminar toda presencia del Estado –fuerzas de seguridad, administraciones locales y centros de salud y educativos– y sustituirla por estructuras paralelas de gobernanza. A través de ellas, asume funciones estatales básicas, como la seguridad y la resolución de disputas. Una vez controla el territorio, la coalición impone normas religiosas estrictas que regulan la vida social, como los códigos de vestimenta, la segregación por género y otras disposiciones. El feudo por excelencia del JNIM son las regiones malienses de Mopti, Segou y Timbuktu, aunque también ha logrado imponer su influencia frente al ISSP sobre grandes extensiones de territorio en Burkina Faso.
En cambio, en el caso del ISSP, el control territorial es un objetivo más reciente. Conocido inicialmente por su violencia indiscriminada contra civiles, a partir de 2023 reorientó su estrategia con la intención de implantar un modelo de proto-gobernanza, particularmente en las regiones malienses de Gao y Menaka, y en Tillabérie y Tahoua, en Níger. En 2024, el grupo intensificó el reclutamiento –incluido el de menores– con el objetivo de afianzarse en las comunidades locales y asegurar una base estable de combatientes y mandos a medio y largo plazo. Abandonada la lógica de violencia indiscriminada, sus tácticas actuales se centran en el control de rutas logísticas y la imposición de bloqueos en núcleos urbanos estratégicos.
2.2. Expansión geográfica de la violencia yihadista
La intensificación de la violencia yihadista en el Sahel central va acompañada de una segunda tendencia: la proyección de la amenaza más allá de esta región. Las zonas septentrionales de Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana se encuentran bajo la presión sostenida de las actividades violentas y no violentas de grupos insurgentes, aunque a una escala considerablemente menor que en Malí, Níger y Burkina Faso, y sin que éstos muestren ambiciones de control territorial por el momento. En cambio, en la costa oeste –Guinea, Senegal y Mauritania– no se ha producido el salto de la amenaza, aunque se haya registrado un aumento en el número de víctimas mortales a manos de actores yihadistas a menos de 50 km de sus fronteras. Al mi
