Francia es uno de los países más emblemáticos en la lucha contra el uso del amianto, no solo por haber hecho uso de este material en sectores como la construcción, la industria naval y la automoción, sino también por su papel clave en la protección de la salud pública mediante la prohibición total de su uso en 1997. Esta decisión marcó un antes y un después en la política de gestión de residuos peligrosos en el país y fue el resultado de una larga batalla social, científica y jurídica que culminó en importantes avances para las víctimas de enfermedades relacionadas con la exposición al amianto.
Durante décadas, el amianto fue un material ampliamente utilizado en Francia debido a sus propiedades aislantes, ignífugas y su resistencia al desgaste. Sin embargo, a medida que los estudios científicos confirmaban la relación directa entre la exposición al polvo de amianto y enfermedades como la asbestosis, el mesotelioma pleural y distintos tipos de cáncer pulmonar, comenzaron a surgir movimientos sindicales y ciudadanos que denunciaban los riesgos asociados a su manipulación. El caso francés es particularmente relevante porque, a diferencia de otros países europeos, Francia asumió una postura firme y temprana frente a las evidencias científicas, lo que llevó a la prohibición total del amianto en 1997, a través del Decreto 96-1133. Este marco legal estableció la eliminación progresiva de todos los usos del amianto en productos industriales, así como la regulación de las actividades de desamiantado, fijando protocolos rigurosos para la protección de los trabajadores y la correcta eliminación de residuos.
Juicios por indemnización a las víctimas del amianto en Francia
La prohibición no fue el único paso decisivo. Francia también fue pionera en establecer un sistema de indemnización a las víctimas del amianto, a través del Fondo de Indemnización de las Víctimas del Amianto (FIVA), creado en 2001. Este organismo público permite a los afectados recibir compensaciones económicas por los daños sufridos, sin necesidad de demostrar una culpa directa de las empresas, lo que ha facilitado miles de procesos de reclamación y ha establecido un precedente jurídico a nivel internacional. Las indemnizaciones cubren no solo a trabajadores de sectores tradicionalmente expuestos, como la construcción naval o la fabricación de fibrocemento, sino también a familiares de personas expuestas indirectamente y a habitantes de zonas cercanas a instalaciones contaminadas.
El impacto del uso del amianto en Francia ha dejado una huella profunda en la salud pública. Se estima que, a pesar de la prohibición, las enfermedades relacionadas con la exposición al amianto seguirán aumentando hasta mediados del siglo XXI, debido a los largos periodos de latencia de estas patologías. Esta situación ha obligado a las autoridades sanitarias y ambientales a reforzar los controles sobre el desamiantado, la correcta gestión de los residuos peligrosos, y la vigilancia epidemiológica de los casos diagnosticados. Francia es hoy un referente en materia de seguridad laboral y protección frente al amianto, sirviendo de ejemplo para otros países que aún enfrentan dificultades en la eliminación de este material altamente peligroso.
El caso francés demuestra la importancia de una legislación estricta, de la creación de fondos de compensación eficaces y de una voluntad política sostenida para proteger la salud de la población frente a los efectos devastadores del amianto. A través de estas medidas, Francia ha consolidado su papel como líder en la lucha contra el amianto, destacando la necesidad de abordar este problema de forma integral, desde la prevención de la exposición hasta la reparación de los daños causados.
