En España, acudir a la farmacia sigue siendo una de las experiencias más accesibles y humanas dentro del sistema sanitario. Un paciente puede entrar sin cita previa, recibir orientación sobre un tratamiento, resolver dudas o incluso ser derivado a un centro de salud si se detecta una anomalía. Todo esto ocurre de forma habitual en las más de 22.000 farmacias comunitarias del país y, lo más destacable, sin coste para el usuario.
Pero ¿realmente lo gratuito no cuesta nada? Esta gratuidad no significa que estos servicios no tengan valor, sino que los costes asociados no son remunerados. En última instancia, es el titular de la farmacia quien asume la carga económica.
Esta situación es, a día de hoy, insostenible. Durante años se ha idealizado al farmacéutico como un profesional vocacional, siempre dispuesto a ayudar. Sin embargo, se ha ignorado de forma sistemática el verdadero coste económico de este modelo. La farmacia, como establecimiento privado con utilidad pública, sufre un desequilibrio evidente entre la labor asistencial que desempeña y la compensación que recibe por ello.
¿Puede sostenerse un modelo basado únicamente en la vocación sin ningún tipo de reconocimiento económico? El problema no solo afecta al profesional, que asume cada vez más responsabilidades sin ver reflejado ese esfuerzo en su salario, sino también al propio sistema sanitario, que desaprovecha el potencial clínico del farmacéutico como recurso estratégico.
La mayoría de los farmacéuticos comunitarios trabajan por un salario base que, según el Convenio, apenas supera los 1.600 euros brutos mensuales para una jornada completa. A pesar de ello, se les exige una dedicación que, en muchos casos, se aproxima a la de una consulta clínica: revisión de interacciones, conciliación de tratamientos, seguimiento de pacientes crónicos, asesoramiento nutricional, educación sanitaria, entre otros.
Sin embargo, el verdadero problema es que el sistema se beneficia de esta dedicación. Servicios como la toma de tensión, la medición de glucosa o el seguimiento farmacoterapéutico se prestan de manera habitual, sin financiación y únicamente gracias a la ética profesional.
¿Y qué ocurrirá cuando esa ética ya no baste para sostener el sistema? Muchos farmacéuticos dedican entre 15 y 25 minutos por paciente en un seguimiento adecuado. Ese mismo tiempo, si se realizara en una consulta médica, estaría remunerado. En la farmacia, no.
Numerosos estudios han demostrado que estos servicios mejoran la adherencia terapéutica, reducen complicaciones y evitan ingresos hospitalarios, generando importantes ahorros para el sistema. Cada vez que un paciente acude a urgencias por un problema menor que un farmacéutico podría haber resuelto, se desperdician recursos, tiempo y eficiencia. Mantener este modelo basado en la gratuidad implica asumir un coste de oportunidad que ya no resulta aceptable.
Afortunadamente, en España existen ya ejemplos viables de colaboración público-privada que demuestran que otro modelo es posible: servicios personalizados de dosificación (SPD) financiados por algunas consejerías, acuerdos con residencias, campañas de vacunación o asesoramiento nutricional desde la farmacia. Todos ellos prueban que sostenibilidad económica y vocación sanitaria no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutuamente.
Además, hay referencias internacionales sólidas que demuestran que remunerar los servicios farmacéuticos es posible, y deseable:
- En Reino Unido, el NHS financia servicios como la Revisión del Uso de Medicamentos (MUR) o el New Medicine Service (NMS), que han demostrado mejorar la adherencia terapéutica.
- En Portugal, el cribado del cáncer colorrectal en farmacias ha sido incorporado al sistema público con financiación específica.
- En Canadá y Australia, las farmacias ofrecen servicios de vacunación, gestión de enfermedades crónicas o revisiones farmacoterapéuticas, pagadas por los sistemas públicos o en colaboración con seguros privados.
Es momento de ser claros: si el farmacéutico presta un servicio profesional de atención sanitaria, debe ser retribuido como tal. No podemos seguir delegando tareas clínicas sin asumir el coste que ello implica. La farmacia comunitaria es un pilar esencial de la sanidad española, y su plena profesionalización exige un sistema justo de remuneración por los servicios que verdaderamente ofrece.
Por ello, es hora de que el colectivo farmacéutico, a través de sus colegios, asociaciones y empresas, impulse un marco común para la contratación, protocolización y financiación de estos servicios. No para competir con el sistema sanitario, sino para integrarse plenamente en él como un colaborador clínico de primer nivel.
