El sistema público de pensiones en España atraviesa un momento decisivo. A la presión estructural derivada del envejecimiento poblacional y la baja natalidad se suma un desequilibrio financiero persistente, que compromete su viabilidad a medio y largo plazo. Así lo advierte el informe Situación de las pensiones en España – Edición VIII, elaborado por KPMG Abogados, que analiza en profundidad las reformas recientes, el estado de las cuentas públicas y la evolución de la previsión social complementaria en el ámbito empresarial.
A pesar de un entorno económico con récord de afiliación y aumento de las cotizaciones sociales (un 7,24% en 2024), el gasto en pensiones sigue creciendo a mayor ritmo, situándose en el 13,66% del PIB. Las proyecciones apuntan a un 17,3% en 2050, coincidiendo con la jubilación de la generación del baby boom. La deuda de la Seguridad Social supera ya los 126.000 millones de euros, y el déficit estructural se amplía incluso con las transferencias estatales. Las medidas adoptadas entre 2021 y 2023 han reforzado el sistema, pero su impacto es desigual: por un lado, blindan el poder adquisitivo mediante la revalorización automática por IPC; por otro, introducen nuevos mecanismos de ingresos como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional o la cuota de solidaridad. Según la AIReF, estas reformas podrían incrementar el déficit del sistema en más de un punto del PIB en 2050 respecto al escenario anterior.
Frente a este contexto, el desarrollo de la previsión social complementaria emerge como una herramienta imprescindible. Sin embargo, su implantación en España sigue siendo limitada: menos del 10% de los trabajadores está cubierto por un plan de pensiones de empleo, en contraste con países europeos donde esta cifra supera el 60%. Los sectores financiero, energético y químico lideran en implantación, y el sector de la construcción comienza a avanzar gracias a su nuevo marco normativo. La Ley 12/2022 y el impulso de los Planes de Pensiones de Empleo Simplificados han introducido incentivos fiscales relevantes para las empresas, como deducciones en el Impuesto de Sociedades o reducción de cotizaciones.
El informe también pone en valor la importancia de la comunicación interna y la educación financiera como factores clave para aumentar la participación de los empleados. La transparencia, la implicación de la dirección y una estrategia bien estructurada son elementos decisivos para consolidar estos mecanismos como verdaderas herramientas de fidelización y planificación financiera.
A pesar de los avances, el consenso entre expertos y empresas es claro: será necesaria una nueva oleada de reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema. El 100% de las empresas encuestadas considera imprescindible introducir cambios adicionales. Las propuestas más señaladas incluyen la desvinculación del IPC, el aumento de cotizaciones, la diversificación de fuentes de financiación y la revisión de la edad de jubilación.
España se encuentra ante un punto de inflexión. La consolidación de un sistema de pensiones sostenible exige un enfoque dual: reforzar el modelo público, al tiempo que se impulsa de forma decidida la previsión social complementaria. Las empresas, con su capacidad de anticipación y diseño de soluciones a largo plazo, están llamadas a jugar un papel central en esta transformación.
