España tiene ante sí uno de los retos más complejos de su economía, pero por ahora no parece que vaya a implementar solución viable: el sostenimiento del sistema público de pensiones en un contexto de envejecimiento poblacional, baja natalidad, mala productividad, y un mercado laboral caracterizado por el todavía elevado desempleo y la alta temporalidad. Aunque algunos se empeñen, los datos no pueden rebatirse. El pasivo del sistema público de pensiones en España, que incluye tanto las obligaciones con los pensionistas actuales como los derechos adquiridos por los cotizantes en activo, es una magnitud significativa y en constante crecimiento debido al envejecimiento de la población y a las tendencias económicas actuales.
En los últimos años, el gasto en pensiones ha superado récords históricos, situándose por encima del 12% del PIB. En 2024, este gasto ya fue de 190.000 millones de euros, y se estima que rozará los 216.000 millones en 2025. Esta cifra representa más de una cuarta parte de todo el presupuesto del Estado. El constante incremento plantea desafíos significativos para la sostenibilidad financiera del sistema y será necesario implementar reformas estructurales. La deuda que representa el valor actualizado de todas las pensiones que el sistema deberá pagar en el futuro, en función de las reglas vigentes y sin cambios en la legislación no figuran como deuda real en las cuentas públicas y poco se habla de ella, pero implica una carga financiera real a largo plazo, cifrada por Eurostat para España en el 500% del PIB. Casi nada. El gran problema radica en que estas obligaciones no están respaldadas por un fondo que lo pueda soportar. Como ya sabemos, la Seguridad Social, lejos de ser autosuficiente, necesita transferencias constantes desde los Presupuestos Generales del Estado para poder afrontar los compromisos de pagos.
Frente a esta situación, el Gobierno ha optado por reformas centradas principalmente en aumentar los ingresos del sistema. Una de las principales medidas ha sido la introducción del ¨Mecanismo de Equidad Intergeneracional¨ (MEI), que supone una contribución adicional (otro nuevo impuesto), que afecta tanto a los trabajadores como a las empresas para financiar las pensiones del futuro. Se acumulan en un fondo de reserva que se invierte en activos financieros. Sin embargo, los expertos han advertido que esta medida apenas aliviará el problema, ya que no corrige los desequilibrios estructurales del sistema.
Otras medidas, como la denominada “cuota de solidaridad” que se aplica sobre la parte de los salarios que superen la base máxima de cotización. Como vemos nuevos costes (nuevos impuestos) que soportan principalmente la empresa (83%) y en menor medida los trabajadores (17%). Y ya llevamos años retrasando la edad efectiva de jubilación, por ley y con incentivos para el que lo aplique voluntariamente.
Son todos pequeños parches que no alcanzan a solucionar la sostenibilidad del sistema, que sigue dependiendo de un mercado laboral que no genera suficientes cotizantes netos para sostener el volumen de jubilaciones en curso.
Uno de los aspectos más controvertidos de la política de pensiones actual es el trato que reciben las alternativas privadas de ahorro. Los planes de pensiones individuales han perdido gran parte de su atractivo. Desde 2021, las aportaciones máximas deducibles fiscalmente han sido recortadas drásticamente, hasta llegar a los pírricos 1.500 euros anuales, lo que ha desmotivado a miles de ahorradores. Solo el 15% de los españoles ahorran para su jubilación con un plan de pensiones individual; y el patrimonio medio apenas alcanza los 11.500 euros. Como suele ocurrir con tantos temas, existen grandes diferencias entre regiones: en Navarra el patrimonio medio por cuenta fue en 2023 el más elevado de todas las CCAA, con 17.000 euros, aún así ridículo. La política de pensiones la gestiona el Estado, pero Navarra tiene capacidad para ayudar a que los navarros ahorren pensando en el largo plazo como complemento a su pensión.
A la vez, el Ejecutivo ha apostado por los planes de empleo, vinculados a empresas y convenios colectivos. Sin embargo, la implantación de estos instrumentos ha sido muy desigual, especialmente en las pymes, que representan más del 90% del tejido empresarial español. El resultado es una cobertura muy limitada y, por tanto, una carencia real de herramientas complementarias al sistema público.
La paradoja consiste en que los compromisos con los jubilados se han reforzado, mientras que se han limitado los incentivos al ahorro a largo plazo. Es decir, el Estado asegura unas pensiones crecientes sin tener realmente los recursos para sostenerlas, y al mismo tiempo no apoya a que los ciudadanos puedan construir su propia red de seguridad financiera. Esta combinación puede ser explosiva en el medio plazo y confiar, como algunos hacen, en que la inmigración vaya a resolver el problema es tener puestas las luces cortas. Hasta ahora el informe anual del Banco de España realizaba un análisis completo de la situación del país y alertaba de cuáles eran las políticas económicas necesarias. El sistema público de pensiones estaba siempre presente. Sin embargo, en el informe de este año se han excluido algunos temas antes de su presentación al consejo, y nada se comenta de la sostenibilidad del sistema de pensiones actual. Acabamos de ver cómo su Director General ha renunciado a su cargo después de que también lo hicieran otros miembros de su gabinete. Ahora podemos decir que el Banco de España, el mayor laboratorio económico de país, ha abandonado su importante papel como prescriptor de las mejores prácticas en las políticas económicas. Malas noticias. Aunque se quiera obviar, la sostenibilidad del sistema exige una revisión profunda de su diseño. No se trata solo de aumentar las cotizaciones o retrasar la edad de jubilación, sino de garantizar que exista un equilibrio entre lo que se aporta y lo que se recibe. Es imprescindible fomentar una cultura del ahorro a largo plazo, que complemente el sistema público y permita a los ciudadanos planificar su jubilación con mayor autonomía. En paralelo, se necesita una política fiscal coherente que incentive tanto el ahorro individual como los planes de pensiones colectivos, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. La sostenibilidad del sistema no puede descansar únicamente sobre los hombros del Estado; debe ser una responsabilidad compartida entre administraciones, empresas y ciudadanos.
