Barcelona ha dado un giro radical en su política de vivienda al anunciar la eliminación progresiva de todos los pisos turísticos con licencia en la ciudad antes de noviembre de 2028. Esta decisión, impulsada por el Ayuntamiento y respaldada por el Tribunal Constitucional, busca combatir la crisis de acceso a la vivienda y mitigar los efectos negativos del turismo masivo.
¿Qué establece la nueva normativa?
El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el alcalde Jaume Collboni, ha decidido no renovar las 10.101 licencias de pisos turísticos existentes, las cuales expirarán en noviembre de 2028. A partir de esa fecha, no se concederán nuevas licencias, lo que significa que, desde 2029, no habrá pisos turísticos legales en la ciudad. Esta medida se ampara en el decreto aprobado por la Generalitat de Cataluña en 2023, que permite a los municipios con problemas de acceso a la vivienda limitar o eliminar las licencias de uso turístico.
Objetivos de la medida
El principal objetivo es liberar viviendas para uso residencial, especialmente en un contexto donde el precio del alquiler ha aumentado un 68% en la última década en Barcelona. Se espera que la reconversión de estos pisos turísticos beneficie a más de 25.000 ciudadanos, facilitando el acceso a viviendas asequibles.
Respaldo legal y constitucional
El Tribunal Constitucional ha avalado el decreto catalán de 2023, rechazando el recurso presentado por el Partido Popular. La sentencia considera que la normativa no vulnera derechos constitucionales como la propiedad privada, ya que responde a la función social de la propiedad.
Reacciones del sector turístico
La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha calificado la medida como una «expropiación» y prevé una avalancha de reclamaciones legales. Estiman que la extinción de licencias causará un perjuicio económico significativo, y han anunciado que solicitarán indemnizaciones por valor de 4.280 millones de euros.
Impacto en la ciudad y el turismo
La eliminación de los pisos turísticos busca reducir la presión del turismo masivo en barrios como Ciutat Vella y el Eixample, donde la convivencia entre residentes y turistas se ha vuelto tensa. Además, se espera que esta medida fomente un turismo de mayor calidad y más sostenible, alineado con la nueva estrategia turística de la ciudad.
Medidas complementarias
El Ayuntamiento ha implementado otras iniciativas para abordar la crisis de vivienda:
- Pla Viure: programa que regula y limita los precios de alquiler en zonas tensionadas.
- Compra de inmuebles: adquisición de edificios, como Casa Orsola, para destinarlos a alquiler social y evitar desahucios.
- Construcción de vivienda pública: sse han movilizado recursos para construir 5.000 viviendas protegidas, con el objetivo de duplicar la edificación anual de vivienda pública para 2027.
Perspectivas futuras
Barcelona se posiciona como una ciudad pionera en la regulación del turismo y la vivienda, marcando un precedente que podría influir en otras ciudades afectadas por el turismo masivo. Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del Ayuntamiento para gestionar las posibles repercusiones legales y económicas.
¿Qué pueden esperar los propietarios de pisos turísticos?
Los propietarios de pisos turísticos con licencia en vigor tienen hasta noviembre de 2028 para reconvertir sus viviendas a uso residencial o explorar otras opciones legales de alquiler. El Ayuntamiento ha anunciado que pondrá en marcha programas de asesoramiento y acompañamiento para facilitar esta transición, tanto para propietarios individuales como para empresas del sector. Sin embargo, aún persisten dudas sobre los incentivos concretos o ayudas fiscales que se ofrecerán, lo cual genera incertidumbre en el mercado inmobiliario.
Por otro lado, se espera un impacto en el precio de venta de las propiedades que actualmente se utilizan como alquiler turístico, especialmente en zonas céntricas donde esta actividad estaba más concentrada. Expertos del sector prevén una bajada en los precios de estos inmuebles a medida que aumente la oferta disponible para residentes. A medio plazo, esta reestructuración podría contribuir a enfriar el mercado inmobiliario y equilibrar la oferta y demanda de vivienda en Barcelona.
La nueva normativa representa un cambio significativo en la política urbana de Barcelona, priorizando el derecho a la vivienda sobre los intereses turísticos. Aunque la medida ha generado controversia, refleja un esfuerzo por equilibrar la vida residencial y la actividad turística en la ciudad.
