Con la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia a punto de ser llevadas al Consejo de Ministros, las entidades están expectantes por ver si se han tenido en cuenta las enmiendas que presentaron al anteproyecto de ley de hace unos meses.
Han sido muchas y han venido de distintos sectores de la discapacidad, pero existe una reivindicación histórica -que se presentó hace casi 10 años a través de una ILP avalada con casi 800.000 firmas- que pedía una reforma del sistema de copagos en la dependencia, un sistema que, tal y como está en la actualidad, desde Plena Inclusión consideran “confiscatorio e injusto”.
Es una reivindicación que estaría, además, avalada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que califica a estos copagos como tasas, “lo que está diciendo es que no es una voluntariedad, por eso hablamos de confiscar. Si lo define como tasa, automáticamente te estoy obligando a pagarlo, y eso está en contraposición con los derechos de las personas. Es un reconocimiento muy importante porque cambia el sentido y apoya lo que desde Plena inclusión llevamos muchos años señalando”, asegura Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión España.
El copago no solo es injusto, sino que repercute de manera muy importante en la vida de las personas con discapacidad y sus familias, pues se trata de un colectivo más vulnerable a la pobreza, especialmente, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Para una vida digna en comunidad
Los servicios que se prestan a través de la dependencia son un derecho, pero un derecho reconocido por el que, en algunos casos, te obligan a pagar, “una persona con una discapacidad solicita un servicio al que tiene derecho, la administración pública de cada Comunidad Autónoma, que además son diferentes, se lo da, pero le da lo que tiene, no es lo que la persona necesita, y encima le reclama una parte”, una parte que toma de sus ingresos, que muchas veces son exiguos.
Por ejemplo, como relata Carmen Laucirica, “yo puedo pedir para mi hijo un apartamento para que viva en comunidad, que es lo que él quiere, pero me dan otro modelo, una residencia. Encima de que no me dan lo que él quiere, de su pensión, la administración pública recoge una parte, de manera confiscatoria, porque no es voluntaria”.
Como el resto de ciudadanos, las personas con discapacidad necesitan dinero suficiente para tener una vida digna e independiente
Esto es especialmente doloroso teniendo en cuenta que este copago no existe ni es igual en todas las comunidades, “no solo es un servicio al que tienen derecho, sino que el copago de la forma que lo están haciendo, no es equitativo y no tiene en cuenta las singularidades”.
Estos copagos conllevan, en muchos casos, que las personas a las que les restan, por este copago, gran parte de su pensión, no puedan si quiera, tener dinero para gastos comunes, como “ir al dentista, tomarse un café o comprarse ropa, porque en una residencia, estas cosas no te las compran”, insiste, “por eso, si tiene que haber un copago, que al menos se respete un mínimo de ingresos, porque como el copago es tan grande, a muchas personas no les queda dinero suficiente para sus gastos diarios. Por este motivo, entre otras cosas, desde Plena Inclusión piden específicamente que se preserven las pensiones no contributivas hasta un mínimo exento que permita una vida digna y en comunidad, "no decimos que no haya que pagar, aunque estemos pensando que no debería de ser así, pero sí que se hiciera de otra forma, que se respetara ese mínimo, porque en muchos casos, el único ingreso que tienen las personas con discapacidad es una pensión no contributiva. Como el resto de ciudadanos, necesitan tener el dinero suficiente para tener una vida medianamente digna e independiente”.
La situación, denuncia Laucirica, es incluso ‘anómala’, porque supone “que te den una pensión a la que tienes derecho, y para darte otro servicio al que también tienes derecho, te quitan gran parte de la pensión que te han dado para pagarlo. Es absurdo. No es que nosotros nos neguemos, es que hay que hacerlo de una manera justa”, se queja.
Desde Plena Inclusión consideran que el copago es injusto y tiene repercusión siempre, pero muy especialmente para las personas que tienen el grado 3 de dependencia, porque “una persona con el grado máximo de dependencia normalmente tiene más gastos, y si encima le haces pagar, le estás quitando la posibilidad de un apoyo, de una ayuda, y con el dinero que les dejan no tiene libertad. Con 200, que les queda en muchos casos, no pueden ni coger un transporte, o comprarse ropa, porque estas cosas no se las compran si están en una residencia, lo tienen que sacar de su dinero”, alerta Laucirica.
Mucho que mejorar en dependencia
Desde Plena Inclusión creen que hay motivos más que de sobra para que el tema de los copagos se tenga en cuenta a la hora de reformar la ley de dependencia y esperan que así sea, pues “el feedback que han hecho a nuestras aportaciones es bueno, pero hay muchas cosas que cambiar".
En este caso, está más que justificado, no solo por el aval de aquellas 800.000 firmas, también por la sentencia del Supremo, y esto, asegura Laucirica, "debería ser suficiente para que se le dé el paraguas de la ley y todos los ciudadanos tengan el mismo tratamiento, vivan donde vivan. Los acuerdos de mínimos están muy bien y es un tema de consenso, pero sería importante que la propia ley marcara también unos límites para evitar estas desigualdades”.
Sin embargo, no es lo único que habría que modificar, y así se lo han hecho saber al gobierno presentando enmiendas a todas esas cosas que creen que fundamentales, como el tema de las listas de espera, “se debería dar el máximo de impulso en que la gente salga de las listas de espera, porque es la llave para tener acceso a cualquiera de los derechos que te correspondan, y que se incrementen cuando estamos todos en la sensibilidad de que se reduzcan, no es para alegrarse”, insiste la presidenta de Plena Inclusión, “si hay territorios que tienen listas de espera ínfimas y otros terribles, como pueden ser Canarias, lo que habría que hacer es aprender de las buenas prácticas de aquellas comunidades que han mejorado”.
Haría falta, en su opinión, “un plan de choque, porque si ves que, pese a que lo estás intentando, que no lo pongo en duda, las listas no bajan, hay que revisar el procedimiento para que las cosas no vayan para atrás, sino que mejoren”.
En un estado como el nuestro, no debemos permitir que una sola persona fallezca sin haber sido reconocido su grado de dependencia
La cantidad de personas que fallecen esperando una resolución es, además, algo que consideran especialmente doloroso “en nuestro país tenemos unas leyes sociales que permiten unos derechos, y no puede ser que mueran sin disfrutarlos. En un estado como el nuestro, no deberíamos permitir que una sola persona fallezca sin haber sido reconocido su grado de dependencia".
Se vulnera el derecho incluso a que tengan una muerte digna, "a un fallecimiento, digno, porque en ese tránsito suele haber muchísimo drama familiar. Personas que están en una situación, requieren de apoyos y de muchas ayudas, y el hecho de que fallezcan en el proceso ya habla de la gravedad de su situación. Hay que hacer un cambio estructural para que disfruten de ese derecho y no tengamos que hablar de miles de personas que fallecen a la espera. Una sola persona que fallece en la lista de espera sin recibir aquello que tiene derecho, debería hacernos cuestionar todo el sistema”.
